"El Ministerio Público vulnera a víctimas al filtrar imágenes", sostiene feminista

Marcela Torres, integrante del Frente Nacional para la Sororidad y Ley Olimpia, explica que la Ley Ingrid, que contempla penas de hasta 10 años de cárcel para quienes difundan indebidamente video o fotografías de las víctimas de un delito, necesita ser socializada por los elementos de seguridad, que investigan las escenas del crimen, y el personal de los ministerios públicos.