La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer la detención de Candelario ‘N’, exfuncionario de la alcaldía Benito Juárez, por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades, así como por asociación delictuosa con la posible red de corrupción en el sector bienes raíces en dicha demarcación, que las autoridades han llamado Cártel Inmobiliario.

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Agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron la aprehensión de dicho exservidor público en calles de la alcaldía Tláhuac.

En noviembre de 2023, la Fiscalía capitalina hizo un recuento de inmuebles asegurados y mencionó que sumaban 60 como parte de la investigación de la red de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez.

Se han llevado a proceso a “un exalcalde, tres exdirectores generales, dos exdirectores, un exsubdirector, una particular, un contratista, un trabajador por honorarios y una gestora”.

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Están bajo investigación otros cinco exservidores públicos (altos y medios mandos), así como otros dos contratistas.

Las autoridades han señalado que en esta red de corrupción y sobornos en Benito Juárez, diversos exservidores ofrecieron permisos de construcción a cambio de obtener ilícitamente diversas propiedades.

El modus operandi consistía en el intercambio de favores entre los políticos y las empresas constructoras, que al entregar dinero o inmuebles a los funcionarios, recibían permisos de construcción extrajudiciales y podían realizar edificaciones y ampliaciones a estas fuera del marco de la ley y los parámetros de construcción que se establecen. Todo lo anterior se realizó a través de empresas fantasma y extorsiones.

¿Qué penas se pueden alcanzar en CDMX por corrupción inmobiliaria?

El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó el 21 de marzo de 2024 el dictamen a la iniciativa propuesta por el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, que identifica como delito la corrupción inmobiliaria y sanciona hasta con 30 años de cárcel a funcionarios que resulten responsables.

De acuerdo con un comunicado, el dictamen aprobado establece sanciones de 10 a 20 años de prisión a la persona servidora pública que permita la construcción de inmuebles o la construcción de pisos adicionales que no cumplan los requisitos legales.

Además, la pena se incrementará en una mitad cuando las conductas previstas produzcan beneficios económicos, ya sea en efectivo o en especie, a la persona funcionaria, su cónyuge, descendientes o ascendientes, socios, o sociedades de las que el servidor público o las personas referidas formen parte. Por lo que la pena máxima que podrían alcanzar los servidores públicos es de 30 años.

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Con información de N+

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