Vacíos del Presupuesto 2026: Así se Gastará el Dinero Público en Educación, Seguridad y Salud

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Andrea Vega

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El Paquete Económico 2026 prioriza programas sociales en educación, reduce significativamente el gasto en seguridad pública y mantiene rezagos en el financiamiento del sistema de salud.

Programas como IMSS-Bienestar y el programa de Salud Casa por Casa reciben aumentos. Fotos: Cuartoscuro

Programas como IMSS-Bienestar y el programa de Salud Casa por Casa reciben aumentos. Fotos: Cuartoscuro

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El pasado 8 de septiembre, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2026. Este documento clave incluye el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), que define cómo planea el gobierno gastar el dinero público el próximo año. Entre los temas que más afectan la vida cotidiana —como la educación que se recibe, el acceso a servicios de salud o la seguridad en las calles—, el presupuesto revela tanto prioridades como ausencias.

Esta nota revisa cómo se mueve el presupuesto en estos tres sectores clave y qué implicaciones tiene eso para las condiciones de vida de millones de personas.

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Seguridad: recorte marcado y prioridades difusas

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 contempla un recorte significativo en el gasto destinado a seguridad pública. Según Ángel Ruiz, investigador del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar, el presupuesto proyectado para la Guardia Nacional es de 23 mil 500 millones de pesos, casi 12 mil millones menos que los 35 mil 422 millones asignados en 2025.

Esto representa una reducción de alrededor del 34%, que se suma a un recorte de casi 23% en el presupuesto total de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es decir, 13 mil 700 millones de pesos menos.

El investigador señala que este recorte no implica necesariamente una omisión o error en el diseño presupuestal, pero sí responde, en buena medida, a cómo se calcula el gasto en seguridad pública. Por ejemplo, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que transfiere recursos a los estados, *si bien tuvo un ligero ajuste al alza —alrededor de 4%— que no compensan la disminución con los recortes en SSPC y GN.

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La explicación de esto es en parte porque el cálculo de asignación presupuestaria se basa en la incidencia delictiva de delitos graves, como homicidio doloso, extorsión y robo con violencia. Ruiz advierte que esta forma de cálculo puede ser insuficiente para reflejar la complejidad de la violencia actual en el país.

Subraya que la exclusión de este tipo de crímenes en la fórmula podría estar contribuyendo a la reducción del presupuesto, al no capturar de forma completa los niveles reales de violencia.

Hoy en día no puedes hablar de incidencia delictiva sin tomar en cuenta delitos como la desaparición.

Por otra parte, aunque las Fuerzas Armadas no están exentas de recortes —la Secretaría de Marina, por ejemplo, enfrenta una disminución cercana al 5%—, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) sigue recibiendo incrementos, aunque no necesariamente para funciones de seguridad pública.

Ruiz indica que desde 2020, el aumento presupuestal a la Defensa ha estado vinculado más con tareas de infraestructura civil y proyectos estratégicos como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles o la aerolínea estatal, que con labores de seguridad.

En contraste, la función de procuración de justicia muestra ligeros incrementos. Rubros como la Fiscalía de Derechos Humanos y la de Desaparición Forzada y la de Delincuencia Organizada presentan aumentos de 15% y 4%, respectivamente, mientras que la de Delincuencia Organizada tiene una disminución del 4%. Esto es podría una señal de que la inversión se está reorientando hacia el fortalecimiento institucional de estas áreas.

Para Fundar, el descenso en la inversión en seguridad pública es claro e innegable. La hipótesis principal es que responde a un modelo de medición de violencia que ya no se ajusta a la realidad del país, dejando fuera indicadores clave como las desapariciones. “No es que el presupuesto esté mal”, concluye Ruiz, “sino que está incompleto”.

Escucha en este capítulo del podcast de Es La Hora de Opinar el análisis por el presupuesto asignado a educación

Salud: aumento marginal y brechas persistentes

El gasto en salud proyectado para 2026 registra un aumento de 5.9% en términos reales respecto al año anterior. En cifras, el presupuesto pasaría de 940 mil 976 millones de pesos en 2025 a 996 mil 528 millones en 2026.

Sin embargo, este crecimiento no es suficiente para cerrar la histórica brecha de financiamiento que arrastra el sistema de salud en México. De hecho, apenas representa un aumento de una décima del PIB destinado a salud, al pasar de 2.5% a 2.6%, aún lejos del 6% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Judith Senyasen Méndez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señala que si bien hay un esfuerzo por recuperar parte del financiamiento perdido en años anteriores, el nivel real del gasto aún no alcanza el aprobado en 2024.

Además, persisten las desigualdades en la asignación de recursos: tres de cada 10 pesos del presupuesto en salud están dirigidos a la población sin seguridad social, mientras que siete de cada 10 se destinan a quienes cuentan con cobertura laboral.

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es uno de los principales beneficiados, con un aumento de 11.7% en su presupuesto, equivalente a 58 mil millones de pesos más que el año anterior.

En contraste, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) enfrenta un nuevo recorte de 3.6%, al igual que otras instituciones como Pemex (-3.4%), la Secretaría de la Defensa Nacional (-5.2%) y la Secretaría de Marina (-2.9%).

La Secretaría de Salud también sufre una reducción de 3.2% en su presupuesto, mientras que el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) muestra una ligera contracción. Aunque programas como IMSS-Bienestar y el programa de Salud Casa por Casa reciben aumentos —este último casi duplica su presupuesto—, las alzas no compensan los recortes más amplios. Por ejemplo, IMSS-Bienestar y FASSA ganan en conjunto alrededor de 1,820 millones de pesos, pero la Secretaría de Salud pierde 2,200 millones, lo que deja un saldo neto negativo en términos funcionales.

“Se hace visible el cambio en la estructura del gasto”, explica Senyasen, “donde IMSS va ganando terreno, Salud se contrae y el nuevo programa IMSS-Bienestar comienza a ocupar un lugar más visible en el presupuesto, aunque aún incipiente”.

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Educación: se priorizan becas, pero cae su peso en el PIB

En el Paquete Económico 2026, el gasto en la función Educación presenta un incremento real de 1.78% respecto a lo aprobado para 2025. Sin embargo, como proporción del PIB, el gasto educativo se reduciría ligeramente, al pasar de 3.3% a 3.19%, y también perdería participación dentro del gasto total del gobierno, al bajar de 12.6% a 12.2%.

Aunque hay un aumento general, los recortes a programas específicos y a niveles educativos clave contrastan con la expansión en becas. Judith Senyasen Méndez, directora adjunta de investigación en el CIEP, explica que “se sigue enfatizando la parte de becas, porque son las que tienen los mayores aumentos en términos reales, mientras que rubros como cultura, deporte, y educación media y superior enfrentan recortes importantes”.

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Entre los programas prioritarios, destaca la Beca Universal para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica “Rita Cetina”, que tendría un aumento real de 58.5% y se otorgaría a 17.2 millones de estudiantes. Otros apoyos sociales también crecen: el programa La Escuela es Nuestra recibiría 26 mil millones de pesos —mil millones más que en 2025—, mientras que la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez subiría casi 1,500 millones para alcanzar 42 mil 559 millones de pesos. Jóvenes Escribiendo el Futuro tendría un aumento marginal y se quedaría con 12 mil 650 millones de pesos.

Sin embargo, programas vinculados a la calidad educativa y a la educación continua no corren con la misma suerte. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) presenta un recorte del 9.3% respecto a 2025, una caída de 167 millones de pesos. “Con el cambio demográfico que enfrentará el país, es urgente empezar a pensar en una política educativa más allá de las etapas tradicionales, y enfocarnos también en educación para adultos y formación a lo largo de la vida”, advierte Senyasen.

En cuanto al programa para el Desarrollo Profesional Docente este también tiene un presupuesto limitado de apenas 284 millones de pesos, y el de enseñanza del inglés suma solo 781 millones.

En paralelo, el gasto en Investigación en Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación se mantendría en 20 mil 431 millones, sin aumentos notables. Y cultura enfrenta un recorte del 16%, una señal más de la reorientación del gasto hacia transferencias económicas y no necesariamente hacia el fortalecimiento estructural del sistema educativo.

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