Las personas originarias de Coahuila y el Estado de México que se encuentran en prisión preventiva pueden participar en el proceso electoral de este año, una medida que, de acuerdo con autoridades electorales, más allá de buscar integrarlas a la lista nominal respeta sus derechos políticos y sociales, sin embargo, el reto es grande tanto en logística como en socialización del tema.

“El programa del voto de personas en prisión preventiva es resultado de sentencias, a partir del caso de un par de indígenas en Chiapas que estaban en prisión preventiva y permitió que tuvieran credencial de elector”, relata Norma Irene De La Cruz, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).

Al evento al que hace referencia es al que involucra a Marcos Ruiz López y Guadalupe Gómez Hernández, indígenas tsotsiles originarios de Campo La Granja, municipio de Simojovel, quienes llevaban alrededor de 15 años en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados El Amate, municipio de Cintalapa.

En mayo de 2018, autoridades electorales detectaron que se “habían cometido violaciones de sus derechos humanos y, además, su proceso penal estaba plagado de irregularidades; también eran víctimas de tortura y de violaciones al debido proceso de indígenas por su probable pertenencia a organizaciones campesinas”.

La Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas consideró que era un tema que requería atención urgente, por lo que se fijaron estrategias para promover los medios correspondientes que garantizaran el ejercicio de sus derechos.

El 1 de junio de 2018 se presentó un juicio para la protección de sus derechos político-electorales ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el argumento de la vulneración a su derecho de ejercer el voto por encontrarse recluidos desde hacía más de 15 años, sin una sentencia ejecutoriada en su contra, que contraviniera el principio de presunción de inocencia. El 20 de febrero de 2019 se emitió la sentencia favorable en dicho expediente.

Norma Irene De La Cruz señala que con este tipo de casos lo que se preserva es el respeto de los derechos, pues las personas que no han sido sentenciadas merecen ser tratadas como inocentes.

Es un gran reto en nuestro país. A nivel federal no tenemos una legislación que reconozca el voto de las personas en prisión preventiva. Lo tenemos a nivel local, en algunos estados, como en Hidalgo, la ley dice que las personas en prisión preventiva tiene que votar; en el Estado de México dice que pueden votar, pero a nivel federal no

La consejera electoral considera que la población en prisión preventiva carece de perspectiva de derechos, pues piensan que al entrar a la cárcel en automático pierden todas sus garantías individuales.

“Es importante involucrar a las familias desde afuera, promover la información para que quienes están en esta situación sepan que hay manera de ejercer su derecho al voto, que se pueden inscribir, podrán votar de manera segura y ejercerlo en un sobre secreto”.

Jesús Ociel, primera persona con credencial de elector con identidad no binaria en México

Credencialización, el primer desafío

De acuerdo con el INE, para disfrutar del derecho a votar es necesario que la persona se encuentre inscrita en el Registro Federal de Electores y cuente con una credencial para votar con fotografía, un documento de identidad con el cual no cuentan muchas personas en prisión, asegura Norma Irene de la Cruz.

Antes de levantar la lista para saber a quién le gustaría votar tendríamos que hacer una campaña de credencialización, pero la logística y organización con las autoridades para instalar módulos móviles dentro de los penales, que permitan actualizar datos y credenciales, son los retos que debemos afrontar

La consejera electoral señala que a muchas de las personas en prisión preventiva en México se les negó hace años tener credencial de elector, por lo cual de inmediato se descartan para acceder al beneficio de votar, pues actualmente no se cuenta con un mecanismo para emitir el documento en las cárceles.

“Actualmente, así como está el plan de trabajo, es con la población que esta ahí y tiene una credencial, lo que estamos haciendo es recolectar información para que después nos permita saber cuánta población está interesada en obtener la credencial”, y no descarta que quizá en un futuro puedan llevar a cabo campañas de credencialización. “Es toda una logística meter a una persona en un penal, es complicado, son temas no solo de seguridad”.

Un proceso aún incompleto

Para este proceso electoral, el INE aprobó la figura del voto anticipado, que incluye a las personas en prisión preventiva, quienes podrán emitir su sufragio entre el 15 y 19 de mayo.

"No son las mismas condiciones que podamos pensar para una casilla en la calle; será un tanto diferente, hay una serie de medidas”, explica Norma Irene de la Cruz.

Una vez que se recolecta la lista de las personas interesadas en participar se les manda una carta de invitación, un documento con el resumen de las opciones y la información que necesitan (para votar)

La consejera electoral asegura que habrá una especie de pequeña urna en el interior de los penales y se facilitará un espacio para ejercer el voto y colocarlo en el sobre, el cual contará con candados de seguridad para garantizar la secrecía.

“Eso implica también el trabajo coordinado con las instituciones, porque si le queremos hacer llegar información sobre el proceso electoral y las candidaturas (a las personas en prisión preventiva) será por medio de las autoridades de seguridad y penitenciarias”.

Sin embargo, reconoce que entre los retos de este ejercicio está identificar los puntos que permitan garantizar el derecho de las personas a votar, “porque una vez que te vas o los dejas no sabes qué pasa”.

En el caso del Estado de México, describe que el sistema penitenciario se comprometió a transmitir los spots en las televisiones que están en el interior de los penales.

Aunque es insuficiente es un comienzo, pues se necesita un trabajo más profundo

Trabajar sin información

La consejera electoral revela que este tipo de ejercicios ayudan, además, a visibilizar a la población en prisión preventiva que se encuentra en espera de una sentencia.

“La experiencia que hemos recopilado nos dará elementos para tener una mejor implementación para la elección de 2024, porque esto nos habla hasta de un orden del sistema penitenciario mexicano”.

Por otra parte, critica que a nivel nacional las autoridades desconocen cuántas personas están en prisión preventiva por estado.

A la hora de tener que garantizar el ejercicio de derechos político-electorales en esta condición, porque muchos ni siquiera saben el estado de su proceso, nos demanda tomar medidas necesarias para garantizar su derecho de manera libre, informada y sin coacción

Luchar contra el abstencionismo

Cifras de Norma Irene de la Cruz señalan que este proceso electoral contempla mil 816 personas en seis penales de Coahuila y nueve mil 950 en 22 del Estado de México, sin embargo, reconoce que no todas participarán, y expone que el abstencionismo también se presenta en estos ejercicios, el cual siguen investigando para detectar los factores que lo motivan.

En el proceso federal de 2020 participaron 116 personas para el voto de personas en prisión preventiva. En el 2021, en el proceso federal para la elección donde también tuvimos el piloto de prisión preventiva, se inscribieron poco más de mil 300, pero votaron 898 personas y aquí nos quedan varias dudas porque se anotan, inscriben, participan en las pláticas que se van a dar y al final no ejercen el voto, pero todavía no tenemos claro por qué

Reconoce que a pesar de que se han presentado casos de abstencionismo aún no cuentan con información suficiente para llegar a una conclusión o encontrar mecanismos que ayuden a promover aún más el voto.

“Lo que vemos en estos pilotos es que se inscribió más gente de la que votó. Obviamente tenemos que pensar cómo involucramos a las personas en prisión preventiva para que sean parte de la vida política y estos temas sean importantes en su día a día”, aunque señala que están conscientes de que la situación es distinta dentro de los penales, “pues sus prioridades, incluso, pueden girar en torno a temas de supervivencia”.

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