Contratos Falsos y Tráilers: El Nuevo Modus Operandi de Despojo de Inmuebles

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Rafael Trejo Vázquez

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El despojo de inmuebles creció 11 % en el primer semestre de 2025, con 2,760 casos denunciados en Texcoco

Edgar Mendieta en el predio ocupado por tráileres

Edgar Mendieta en el predio ocupado por tráileres. Foto: N+

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En el municipio de Texcoco, en el Estado de México, el delito de despojo de inmuebles registró un incremento del 11 % en el primer semestre de 2025. De enero a junio se denunciaron 2 mil 760 casos de invasión, una cifra que supera con creces las 4 mil 936 afectaciones reportadas durante todo 2024 en la entidad. Este alarmante crecimiento deja a miles de propietarios en riesgo de perder sus terrenos y viviendas por métodos fraudulentos que operan con total impunidad.

Contratos apócrifos y tráileres improvisados: así operan los invasores para despojar inmuebles en Texcoco.

Modus operandi: contratos falsos que dejan sin hogar

Los invasores han perfeccionado un mecanismo criminal: elaboran contratos de arrendamiento apócrifos y documentos de compra-venta falsificados para aparentar legitimidad. Una vez que presentan estas copias en instancias oficiales, se instalan en la propiedad como "arrendatarios" o "nuevos dueños", mientras el verdadero propietario enfrenta largos procesos judiciales.

En muchas ocasiones, los ocupantes acondicionan cajas de tráiler como viviendas provisionales, lo cual complica la restitución inmediata del inmueble e incrementa la presión emocional y económica sobre las víctimas.

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El testimonio de Edgar Mendieta: cuando la ley no basta

Edgar Mendieta, propietario de un predio en el poblado de Tocuila, municipio de Texcoco, vivió en carne propia este delito organizado. Tras denunciar el despojo ante la Fiscalía del Estado de México, se topó con una nueva artimaña.

Entran cinco delincuentes con dos tráileres a mi propiedad, hago la denuncia en la Fiscalía del Estado de México y la señora Gabriela se presenta con un contrato falso, antijurídico en donde menciona que está arrendando mi propiedad.

A pesar de la evidencia, la invasora mantuvo su ocupación durante meses, causando pérdidas económicas y angustia familiar mientras las autoridades revisaban los documentos fraudulentos.

Sentencia favorable que no se cumple: la lucha continúa

El Tribunal Unitario Agrario de Texcoco emitió una resolución clara: reconoció a Edgar Mendieta como titular del derecho a usar y disfrutar del predio ubicado en el poblado de Tocuila. Sin embargo, la presunta invasora desacató la orden judicial y aún permanece en el lugar con sus tráileres convertidos en viviendas improvisadas.

Después en una segunda instancia, en el gobierno federal tuvieron el cinismo de presentar un contrato de compra-venta igualmente falso. Tan es así que el Tribunal Unitario Agrario de Texcoco da una sentencia a mi favor, demostrando así que soy el legítimo dueño de mi propiedad.

Esta resistencia a acatar los fallos judiciales extiende el calvario de las víctimas, que pasan meses o años sin poder reintegrar su patrimonio y sufren daños irreparables.

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Redes delictivas: Toros Neza y otros cuatro grupos identificados

Investigaciones en el Instituto de la Función Registral revelan que la asociación Toros Neza, presidida por una tal Gabriela, concentra al menos 14 bienes inmuebles obtenidos presuntamente mediante invasiones. Este grupo opera en Texcoco, Nezahualcóyotl y otras zonas del Estado de México bajo el manto de organizaciones sociales, lo que dificulta su detección y combate efectivo.

Las autoridades estatales identificaron cuatro células delictivas similares, todas dedicadas a asaltar predios con documentos falsos. El año pasado se registraron 4 mil 936 denuncias de despojo, cifra que este 2025 podría superar ampliamente las 7 mil si no se refuerzan los mecanismos de prevención y sanción.

Con un crecimiento sostenido del 11 % en seis meses y estructuras criminales bien organizadas, el Estado de México enfrenta una crisis de seguridad inmobiliaria que pone en riesgo la propiedad y la tranquilidad de miles de familias.

Es urgente que las autoridades fortalezcan la verificación de documentos y agilicen los procesos judiciales para devolver la confianza y el derecho a la vivienda a quienes legítimamente la poseen.

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