A 7 años de la Recomendación 3/2018, Persiste Deuda con Víctimas de Desaparición en Jalisco
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La recomendación 3/2018 de la CEDHJ registra un cumplimiento del 86%, con 30 puntos atendidos; sin embargo, 16 municipios de Jalisco aún no se han pronunciado sobre su aceptación
Aún hay 16 municipios que no se han pronunciado sobre la aceptación de esta recomendación. Foto: N+
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A siete años de haberse emitido la Recomendación 3/2018 por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), en torno al derecho a la protección de todas las personas contra la desaparición forzada y cometida por particulares, aún existen pendientes por parte de diversas autoridades en el estado.
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La recomendación fue emitida como respuesta al incremento de desapariciones en Jalisco y estuvo dirigida a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado; así como a la Fiscalía General del Estado, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y a los 125 ayuntamientos de la entidad.
Entre los principales puntos recomendatorios destacan el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la búsqueda e investigación, la homologación de protocolos con estándares nacionales e internacionales, y la atención integral a víctimas y sus familias.
Hasta la fecha, la recomendación ha sido aceptada por todas las autoridades estatales a las que fue dirigida, así como por 109 ayuntamientos. Sin embargo, 16 municipios aún no se han pronunciado al respecto, lo que representa un pendiente significativo en el cumplimiento total de las acciones recomendadas.
El avance del cumplimiento de la Recomendación 3/2018 va en un 86%
El avance general del cumplimiento se sitúa actualmente en un 86%, con 30 puntos recomendatorios ya cumplidos, según la información más reciente disponible.
Este sábado 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la conmemoración adquiere especial relevancia ante la persistencia del fenómeno de la desaparición y los retos que aún enfrenta el estado para garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.
Moisés Hernández / N+
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