Bajo el paradisíaco sol del Caribe mexicano, Oscar Castillo permaneció oculto de las autoridades estadounidenses, tras abusar sexualmente y violar una menor de edad en la ciudad de Chicago, Illinois, entre el 2005 y 2008. Su fortuna de permanecer en la impunidad se extendió durante trece años, hasta que fue detenido en febrero de 2021, en Quintana Roo, y extraditado un año más tarde.
Con el mismo destino corrió José Huerta en octubre de 2022, acusado seis años atrás de abuso sexual contra una menor de 11 años de edad, y capturado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Ambos casos son parte de la lista de las 200 peticiones de solicitudes de extradición que recibió el gobierno mexicano a través de la Fiscalía General de la República (FGR) de diferentes países por abuso sexual, violación, pornografía infantil, trata, rapto, secuestro, sodomia, corrupción de menores, explotación sexual y más delitos contra la niñez entre enero de 2000 a febrero de 2023, de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia en poder de N+.
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Las peticiones, en las que no se muestran las nacionalidades de los solicitados, exponen cómo estos malhechores encontraron en México un paraíso para ocultarse, luego de ser acusados de diversos ilícitos contra niñas, niños y adolescentes