Una corte de apelaciones de Estados Unidos mantuvo en suspenso una ley de Texas respaldada por los republicanos que permitiría a las autoridades estatales detener y procesar a sospechosos de cruzar ilegalmente la frontera con México, un estatuto que el gobierno del presidente Joe Biden argumenta que interfiere en la autoridad del gobierno federal.

En un fallo 2-1 emitido a última hora del martes, un panel del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, denegó la petición de Texas de permitir la entrada en vigor de la ley mientras se tramita en el tribunal de apelaciones el recurso del estado contra la decisión de un juez que la bloqueó.

La ley, denominada formalmente SB4, se ha convertido en un punto álgido de una batalla más amplia entre Texas y el gobierno de Biden sobre la seguridad fronteriza y la inmigración.

La ley tipificaría como delito estatal la entrada o reingreso ilegal en Texas desde un país extranjero y facultaría a los jueces estatales para ordenar que los infractores abandonen Estados Unidos, con penas de prisión de hasta 20 años para quienes se nieguen a cumplirla.

La decisión del panel del Quinto Circuito es la última de tres decisiones rápidas sobre la situación de la ley. La semana pasada, la Corte Suprema permitió que entrara en vigor, pero horas más tarde el panel del Quinto Circuito restableció la medida cautelar dictada en febrero por el juez de distrito David Ezra, que bloqueaba su aplicación.

Ezra, con sede en Austin, citó una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2012 relativa a una ley de Arizona que sostenía que los estados no pueden adoptar medidas de aplicación de la ley de inmigración que entren en conflicto con la ley federal.

El panel del Quinto Circuito tiene previsto escuchar los argumentos sobre el fondo de la apelación del Estado el 3 de abril.

¿Cuál es la queja del gobierno de Biden?

La demanda del gobierno de Biden, presentada en enero, argumentaba que la medida viola la Constitución y la ley federal al interferir con el poder del Gobierno de Estados Unidos para regular la inmigración, además de ir en contra de la decisión de la Corte Suprema de 2012.

El gobierno ha dicho que la inmigración es competencia exclusiva del gobierno federal y que la ley de Texas pondría en peligro la aplicación de complejas leyes estadounidenses que establecen procedimientos de deportación y permiten a los inmigrantes solicitar asilo y otros estatus legales.

La inmigración y la seguridad en la frontera con México son temas candentes para los votantes de cara a las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre, en las que el presidente demócrata aspira a un segundo mandato. Donald Trump, el candidato republicano que le desafía, aplicó políticas de inmigración restrictivas durante su presidencia.

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Con información de Reuters

ICM