Pemex Debe más de 2,500 MDD a Empresas de EUA, Según Oficina del Representante Comercial

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La USTR documentó que Pemex mantiene más de 2,500 MDD en pagos vencidos con empresas de Estados Unidos

La USTR también acusa al marco regulatorio vigente.

La USTR también acusa al marco regulatorio vigente. Foto: Cuartoscuro / Archivo.

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El gobierno de Estados Unidos documentó que Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene pagos vencidos por más de 2,500 millones de dólares con empresas estadounidenses del sector de petróleo y gas, según el informe anual National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, publicado por la Oficina del Representante Comercial de EUA (USTR, por sus siglas en inglés) con datos al 31 de diciembre de 2025.

El reporte, que la USTR publica cada año para catalogar las barreras comerciales que enfrentan empresas de ese país en el exterior, describe la situación como un "desafío sin precedente" para los proveedores del sector.

El documento precisa que, aunque algunas compañías recibieron pagos parciales o totales durante el periodo analizado, otras continúan reportando facturas impagas por servicios ya entregados.

Las reglas que favorecen a Pemex sobre sus competidores

La deuda documentada no es el único señalamiento que el informe dirige al sector energético mexicano. La USTR también acusa al marco regulatorio vigente de operar en condiciones asimétricas: mientras que en octubre de 2025 México publicó nuevas disposiciones para la Ley de Hidrocarburos que prohíben ciertas actividades de transbordo de combustible y reducen los permisos de importación de 20 a cinco años y los de comercialización de 30 a dos años, estos cambios no aplican a Pemex.

El informe señala además que las empresas privadas que operan en México enfrentan con frecuencia rechazos injustificados, demoras inexplicables e inacción ante solicitudes de permisos nuevos o modificaciones a los existentes, lo que, según el documento, limita severamente su capacidad de operar en el sector.

La apuesta de México por el control estatal

El contexto regulatorio que describe el reporte tiene respaldo constitucional. En octubre de 2024, el Congreso de México ratificó una reforma que reclasificó a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como "empresas públicas", en lugar de "empresas productivas", con el objetivo declarado de limitar la participación privada en el mercado energético nacional.

En marzo de 2025, el gobierno publicó un paquete de leyes secundarias que instrumentan esa reforma. Entre sus disposiciones, establece como principio garantizar la prevalencia de la CFE y su control de al menos 54 por ciento de la electricidad promedio que se envía a la red nacional, además de requerir que la comisión posea al menos ese mismo porcentaje en cualquier proyecto de generación eléctrica de "inversión mixta". El informe de la USTR reconoce la existencia de este marco legal, pero lo señala como un obstáculo para la inversión privada extranjera.

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