Las víctimas de la extinta ley japonesa de eugenesia han pedido a Japón que no espere a las apelaciones del Tribunal Supremo para resolver las indemnizaciones, pues es demasiado el tiempo que eso conlleva e incluso muchas de ellas ya han fallecido.

"Todas las víctimas estamos envejeciendo y algunas han muerto. Yo misma estoy enferma y voy al hospital con frecuencia", indicó Junko Iizuka, una de los 25 mil japoneses esterilizados bajo la mencionada ley y una de las primeras en demandar al Estado japonés.

Iizuka, que ahora tiene 77 años, fue esterilizada de manera forzada, bajo la ley de eugenesia, cuando tenía 16 años, intervención de la que no fue consciente hasta años después y que le complicó su vida y causó que su esposo la abandonara.

"La cirugía eugenésica me privó de mi sueño de tener un matrimonio feliz e hijos", declaró Iizuka, que fue diagnosticada de trastorno por estrés postraumático causado por la situación y que dice fue incapacitada para trabajar por los efectos secundarios de la operación.

El caso de Iizuka vuelve a la escena informativa, después de que el tribunal Superior de Sendai, que reconoció la inconstitucionalidad de la ley, rechazara su apelación a una indemnización por prescribir el tiempo de 20 años para solicitar una compensación y que para la víctima es “terrible”, pues ignora las circunstancias por las que no se denunció antes.

En 2022, en cambio, una primera sentencia falló a favor de una indemnización a la que siguieron otras dos por considerar que había motivos para ignorar el periodo de prescripción.

"No pude presentar una demanda porque no había pruebas", explicó la mujer, que dijo haberse sentido por años "atormentada por la falta de pruebas". Las autoridades de su provincia se deshicieron de los documentos de la operación actuando en contra de las reglas.

En 2019, la gran cantidad de demandas por las esterilizaciones forzadas, conllevaron al gobierno a aprobar compensaciones a las víctimas que como Iizuka cumplían ciertos requisitos.

Ese monto, es de 3.2 millones de yenes, (20 mil 700 euros) por persona, cifra duramente criticada por considerarla baja en comparación con lo que piden los afectados.

Iizuka pide al gobierno no esperar a la resolución del Supremo y alcance "una solución temprana y completa", pues se ha revelado que 5 de los 35 demandantes han muerto, durante el proceso de la demanda.

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Con información de EFE.

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