El Comité de ONU contra la Desaparición Forzada detectó indicios de crímenes de lesa humanidad en México y pidió que la Asamblea General examine el caso
El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) determinó este jueves que existen indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
Con base en esa conclusión, solicitó al Secretario General de la ONU que remita urgentemente el caso a la Asamblea General. El gobierno mexicano respondió con un rechazo categórico al informe.
La decisión del CED se publicó en el marco del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y se sustenta en información recopilada desde 2012, incluyendo una visita al país en 2021, solicitudes de acción urgente de víctimas y reportes de organizaciones de la sociedad civil, así como la respuesta del propio gobierno mexicano entregada en septiembre de 2025.
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Para llegar a esa calificación, el CED evaluó que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en distintos momentos y en diferentes partes del país. El organismo aclaró, sin embargo, que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas, ya sea mediante acción deliberada u omisión.
El presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro, explicó el razonamiento jurídico: "El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil."
El CED señaló que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas no permite aún determinar con precisión cuántos de sus casos corresponden estrictamente a desapariciones forzadas. Aun así, la magnitud de los registros refleja la gravedad de la situación. El organismo citó el hallazgo continuo de fosas clandestinas: más de 4,500 han sido localizadas, con más de 6,200 cadáveres y 4,600 restos humanos, además de alrededor de 72,000 restos sin identificar.
A pesar de las medidas implementadas desde la visita del Comité en 2021, el organismo concluyó que la situación no ha mostrado una mejora sustancial y que las autoridades siguen desbordadas por la dimensión de la crisis.
El Comité solicitó que la Asamblea General considere medidas concretas: cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para búsquedas, análisis forense e investigación de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.
También pidió la creación de un mecanismo para esclarecer la verdad y proteger a familias y defensores que buscan a los desaparecidos. El procedimiento, subrayó el CED, tiene carácter preventivo y no busca establecer responsabilidad penal individual.
La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado conjunto en el que rechazó el informe por considerarlo tendencioso y por no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el gobierno, las cuales, sostiene, demuestran que los argumentos del CED no coinciden con la propia definición de desaparición forzada del organismo ni con los avances institucionales logrados desde 2019.
El gobierno argumentó además que el procedimiento de la Convención fue diseñado para situaciones en que las desapariciones son cometidas de manera generalizada por agentes del Estado y en que las autoridades se niegan a cooperar, un marco que, a su juicio, no corresponde a la realidad del México actual.
Gobernación también cuestionó el rigor jurídico del CED y señaló posibles conflictos de interés: afirmó que al menos uno de sus integrantes trabajó para organizaciones que han presentado quejas contra el Estado mexicano.
Uno de los argumentos centrales del rechazo es que el informe del CED se refiere principalmente a hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y se circunscribe a cuatro estados. El gobierno lamentó que el Comité haya rechazado estudiar la información actualizada entregada antes de publicar su resolución, incluyendo esfuerzos institucionales presentados el 27 de marzo pasado.
Entre las reformas que el CED no consideró debidamente, según Gobernación, figuran la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte, la Plataforma Única de Identidad, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la coordinación entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR, entre otras medidas aprobadas en julio de 2025.
El gobierno concluyó que México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que, a su juicio, no reflejan su realidad actual.
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CT
