Este día el Congreso de Perú destituyó al presidente Pedro Castillo inmediatamente después de que el funcionario disolviera el Poder Legislativo e instalara un gobierno de emergencia, en medio de una crisis política que lleva poco más de un año.

La votación se hizo horas después de que Castillo disolviera el Congreso, lo cual fue considerado como un intento de golpe de Estado y fue criticado incluso por algunos de sus propios funcionarios.

Finalmente, Pedro Castillo fue destituido acusado de "incapacidad moral" con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. La vicepresidenta, Dina Boluarte, será quien asuma el cargo.

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¿Cómo son las destituciones en Perú?

La Constitución de Perú en su artículo 99, detalla la atribución especial de la Comisión Permanente del Congreso para acusar a varios cargos políticos.

Más adelante, en el artículo 100, se presenta el procedimiento legislativo del cese del funcionario hallado culpable, así como los recursos judiciales para revertirla:

Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad.
El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso.
En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente.
La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos.
Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso.

El artículo 117 menciona las condiciones para la destitución del jefe de Estado, referida en el inciso 5 del artículo 113:

El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Eleciones y otros organismos del sistema electoral.

Con información de AP

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