El Gobierno francés de la primera ministra Élisabeth Borne sobrevivió a dos mociones de censura impulsadas por el Parlamento; persisten manifestaciones por reforma a las pensiones
Los diputados franceses no consiguieron frenar el Gobierno de la primera ministra, Élisabeth Borne, y su impopular reforma de las pensiones, cuya adopción por decreto recrudeció las protestas de distintos sectores de la clase trabajadora.
"Sólo faltaron nueve votos para derribar este Gobierno y su reforma, un Gobierno que ya está muerto para los franceses y que ya no tiene ninguna legitimidad", dijo la diputada de izquierda radical, Mathilde Panot.
La votación fue más ajustada de lo esperado. La moción presentada por el grupo independiente LIOT, con el apoyo de la izquierda, recabó 278 votos de los 287 necesarios. La presentada por la extrema derecha sólo obtuvo 94.
La caída de las dos mociones pone fin a la saga parlamentaria de la reforma, aunque la oposición ya anunció recursos ante el Consejo Constitucional para frenar su aplicación e impulsar a su vez un referéndum.
A espera de confirmación, este lunes quedaron adoptados definitivamente el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030, y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años, en lugar de 42, para cobrar una pensión completa.
El presidente Emmanuel Macron decidió imponer su proyecto sin el voto de los diputados, al temer una derrota en el Parlamento en un contexto de rechazo de los sindicatos y de dos de cada tres franceses, según sondeos.
La primera ministra, principal defensora de esta reforma clave para el segundo mandato de Macron, se dijo "determinada a continuar aportando las transformaciones necesarias" para el país tras ganar las votaciones.
Protestas en Lille, Francia, por proyecto de ley de reforma de pensiones. Foto: Reuters
A pesar de ello, la imagen de Borne sigue debilitada, cuando casi un tercio de diputados del partido opositor Los Republicanos (LR, derecha), que negoció con el gobierno la reforma, votó a favor de revocarla.
"Es evidente que hoy el Gobierno tiene un problema de legitimidad y que el presidente no puede convertirse en un espectador", dijo el derechista Aurélien Pradié.
La líder ultraderechista Marine Le Pen, rival de Macron en el balotaje de la elección presidencial de 2022 y cuyo partido sale reforzado del conflicto social en sondeos, estimó que la primera ministra "debe marcharse" o el presidente, "cesarla".
El presidente, a quien no afecta la moción de censura, se juega además poder aplicar el programa de su segundo mandato hasta 2027. El domingo 19 de marzo, a través de su entorno, aseguró que quería ir hasta el final con su proyecto de pensiones.
Observadores estiman que el Gobierno lograría una victoria mínima. El uso del 49.3% "dificultará la adopción de futuras reformas", advirtió la agencia de notación Moody's.
El resultado se produce en un contexto de tensión creciente en las calles, después que se registraron las mayores protestas contra una reforma social en tres décadas en Francia: el 7 de marzo, entre 1.28 y 3.5 millones de personas manifestaron.
"Reitero mi llamado al presidente: Retire esta ley, no la promulgue. Esto calmaría los ánimos", había advertido en el diario Libération el líder del sindicato CFDT, Laurent Berger, para quien Macron será "el responsable de lo que ocurra".
Como resultado de estas jornadas de protesta, múltiples carreteras están bloqueadas, hay interrupciones en distintas líneas de transportes, el aeropuerto de Tarbes-Lourdes está invadido, miles de toneladas de basura en las calles de París, además de que se reporta falta de combustible en el sureste de la nación.
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Con información de AFP
OAGL
