La guerra contra el narco que se ha librado en México entre 2006 y 2021 ha dejado un total de 49 mil 051 denuncias por tortura ocurridas entre enero de 2006 y noviembre de 2021.

Las denuncias son contra diversas instituciones de seguridad durante su actuación en el combate al narcotráfico o contra las organizaciones criminales, esto de acuerdo con un informe de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

El documento señala que esta guerra contra las drogas, que inició en el sexenio de Felipe Calderón y ha continuado en los de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, provocó una progresiva militarización en el país e hizo posible que elementos castrenses estén a cargo de la seguridad pública estatal, municipal y federal.

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Los datos obtenidos a través de solicitudes de información por la CMDPDH documentan que del total de carpetas y averiguaciones registradas contra instituciones de seguridad por tortura, casi la tercera parte (15 mil 909) corresponden exclusivamente a los últimos tres años, es decir, a la actual administración federal.

Itzel Coca, autora del informe e integrante del área de Investigación y Análisis Criminal en la CMDPDH, dice, en entrevista con N+, que estos datos revelan que, aunque el discurso oficial señala que ya las fuerzas armadas son otras (por la entrada de la Guardia Nacional) y que se respetan los derechos humanos de las personas, la verdad es que existen patrones que se siguen repitiendo desde 2006.

Los patrones persisten. Ya llevamos 15 años de esta estrategia militarizada y seguimos encontrando patrones similares a lo que ocurría en 2006. Esta persistencia nos habla de una cuestión estructural y sistemática de violaciones a los derechos humanos, que no se ha modificado a pesar de los discursos

Sin castigo

El informe muestra que estas violaciones graves a derechos humanos quedan en la impunidad, lo que a su vez permite que los patrones de conducta por parte de las autoridades no se modifiquen, al no encontrar un castigo.

Del total de 49 mil denuncias por tortura, las instituciones solo tienen registro de 96 consignaciones o judicializaciones, lo que representa menos del 0.2%. El Consejo de la Judicatura Federal reporta 69 sentencias por tortura, mientras los poderes judiciales estatales tienen registro de 27 en el periodo de estudio, lo que indica una altísima prevalencia de impunidad en este crimen, señala el informe.

Las inercias institucionales -subraya Coca- han permanecido en los últimos sexenios y permanecen, sobre todo, porque hay impunidad. Las sentencias que ha habido son ínfimas. Son muy pocos los casos en las que quienes perpetran estas violaciones a derechos humanos encuentran una consecuencia

Respecto a las autoridades señaladas por tortura, la FGR indicó contar con mil 091 expedientes en contra de elementos de la Sedena, 673 contra elementos de Semar y 14 contra elementos de la Guardia Nacional. En cuanto a los datos de las fiscalías locales, la mayoría no entregaron información sobre las autoridades presuntamente responsables dentro de los expedientes.

Sobre las personas afectadas, solo 22 estados entregaron información, de esta se desprende un registro de 14 mil 813 probables víctimas contenidas en las denuncias, de las que más del 48% se concentran en sólo tres entidades: Baja California, Chihuahua e Hidalgo. Tres de cada diez víctimas registradas corresponden a investigaciones abiertas en los últimos tres años.

Las otras denuncias

Además de a las fiscalías, la CMDPDH también le solicitó información a los organismos de derechos humanos del país, que acumulan un total de 39 mil 268 quejas por tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de autoridades, en el periodo de 2006 a 2021.

En el número de quejas ante organismos de derechos humanos se contabilizó a 20 mil 825 personas afectadas y 20 víctimas colectivas; se identifican además 107 víctimas indígenas, 117 extranjeras/migrantes y 22 con alguna discapacidad. Aunque es importante considerar que solo 24 organismos locales proveyeron la información.

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Sobre las autoridades que perpetraron la tortura, las policías estatales fueron mencionadas en mil 311 quejas, las policías municipales en 4 mil 416, las fiscalías y procuradurías estatales en 3 mil 482 y otras autoridades (entre las que destacan la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Ministerial y la Policía Preventiva) en 12 mil 110.

Por su parte, la CNDH notificó que Sedena se encuentra señalada en 108 quejas, FGR en 129, Semar en 66, la Policía Federal 114, y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) en 4, tomando en consideración que una misma queja puede involucrar a varias autoridades.

Además, la CNDH informó que entre 2006 y 2021 emitió 154 recomendaciones por el “hecho violatorio” de tortura, de las cuales solo 20 se tienen bajo el título de “violaciones graves” a los derechos humanos. El organismo nacional también tiene registro de 225 recomendaciones por tratos crueles, inhumanos o degradantes, 18 de las cuales se calificaron de “violaciones graves”.

Sin embargo, el análisis y documentación de casos narrados en las recomendaciones, realizado por la CMDPDH, revelan que son 227 los documentos en los que se presentan hechos constitutivos de tortura. Es decir 71 adicionales a las informadas por la CNDH a través de sus respuestas vía transparencia.

Estas cifras y el informe en general, dice Itzel Coca, muestran que hay un fracaso total de esta estrategia que más que seguridad nos ha brindado mayores índices de violencia y de violaciones a los derechos humanos y de víctimas que están esparcidas en todo el país.