INE Declara Validez de Elección de Ministros de la Corte; Algunos Consejeros Acusan Anomalías

En una Sesión Extraordinaria Urgente celebrada este 15 de junio, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) abordó la aprobación de los resultados oficiales de la Elección Judicial 2025, celebrada el pasado 1 de junio. Tras rondas de participación de los consejeros, declaró la validez de la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que dará paso a entrega de constancias mayoría a las nuevas ministras y ministros.

La Consejera Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que "la democracia no se impone, se construye desde la base, desde la participación libre e informada de millones de mexicanas y mexicanos". Subrayó que el INE no solo cumple con la ley, sino que también honra la igualdad entre mujeres y hombres en la conformación del poder judicial.

En la sesión extraordinaria se declaró la validez y asignación de los siguientes cargos en la SCJN:

• Hugo Aguilar Ortiz – 5,900,789 votos
• Lenia Batres Guadarrama – 5,534,681 votos
• Yasmín Esquivel Mossa – 4,985,925 votos
• Loretta Ortiz Ahlf – 4,736,571 votos
• María Estela Ríos González – 4,440,634 votos
• Giovanni Azael Figueroa Mejía – 3,411,191 votos
• Irving Espinosa Betanzo – 3,354,485 votos
• Arístides Rodrigo Guerrero García – 3,278,988 votos
• Sara Irene Herrerías Guerra – 3,053,788 votos

Consejeros apuntan anomalías

Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, se aprobó el proyecto de sumatoria nacional para los cargos del Poder Judicial de la Federación. La resolución fue votada en lo general con unanimidad y en lo particular con seis votos a favor y cinco en contra, excluyendo los casos aún en revisión señalados por las consejeras Carla Humphrey y Rita López.

La consejera Dania Ravel propuso posponer el análisis de ciertos casos recientes que aún se encuentran bajo requerimientos, señalando que podrían discutirse en una sesión posterior.

El consejero Arturo Castillo pidió que no se declarara la validez de las elecciones correspondientes a la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior, al considerar que existen indicios graves de irregularidades que ameritan revisión jurisdiccional.

Entre las irregularidades destacadas por Castillo, se incluyen 818 casillas con votaciones atípicas, como participación superior al 100%, uso de acordeones, boletas sin dobleces, y votaciones en patrones idénticos. Según dijo, 22 de las 28 candidaturas ganadoras en órganos nacionales coincidieron con las promovidas en esos materiales.

La consejera Claudia Zavala apoyó la depuración de casillas con irregularidades, señalando que en algunos casos la falta de respuesta de las autoridades impidió verificar los antecedentes de ciertos candidatos. Destacó que se deben mejorar las condiciones normativas para evitar zonas de impunidad.

Ravel también mencionó que la participación ciudadana superior al 100% en ciertas casillas y la distribución de boletas planchadas son indicios serios de fraude, y que esta elección revivió prácticas que se creían erradicadas como las “casillas zapato”.

El consejero Jaime Rivera advirtió que estas irregularidades “empañaron” la elección, y acusó que hubo indicios de inducción al voto desde estructuras de poder mediante recursos ilegales. Sin embargo, destacó que el INE cumplió su función organizativa en condiciones muy adversas.

Norma Irene de la Cruz y Jorge Montaño reconocieron el esfuerzo del personal del INE y subrayaron que la mayoría de las casillas funcionaron sin incidentes graves. Coincidieron en que, pese a los retos, la voluntad ciudadana quedó protegida.

En total, se reportaron irregularidades en 818 casillas de 25 entidades, lo que representa el 0.97% del total. Estas casillas fueron excluidas de la sumatoria nacional. La información será remitida a la SCJN y al TEPJF para su evaluación.

Zavala también insistió en que el dictamen omitió mencionar los efectos de los recortes presupuestales y las deficiencias legales, lo cual obstaculizó al INE en varias funciones como los debates o la fiscalización adecuada.

Finalmente, las consejerías coincidieron en que, aunque los indicios no constituyen pruebas plenas para invalidar elecciones, sí deben ser investigados y sancionados por las autoridades competentes para garantizar procesos democráticos íntegros.

La presidenta Guadalupe Taddei informó que las constancias de asignación serán entregadas en los próximos días, garantizando la paridad de género:

En los siguientes días estaremos entregando cada una de las constancias de asignación, a las personas que obtuvieron el mayor número de votos garantizando el principio de paridad

Sin embargo, la consejera Claudia Zavala advirtió que no es posible declarar resultados definitivos debido a anomalías y casos pendientes:

Lamentablemente y debido a la ausencia de respuesta por parte de diversas autoridades jurisdiccionales, es imposible que la autoridad emita un resultado concluyente respecto de los indicios detectados.

Durante la sesión, se propuso modificar el orden del día para integrar la validación de los resultados de magistraturas y jueces por nivel de competencia. La votación arrojó siete votos a favor y tres en contra.

Zavala explicó que el procedimiento 8 de 8 contra la violencia sirvió para evaluar 27 casos reportados. Algunos fueron descartados por falta de pruebas, mientras otros no pudieron concluirse por omisión de respuestas institucionales. Se emitieron 20 dictámenes jurídicos.

“Estos resultados [...] representan gráficamente el reto que se tiene para atender estos graves problemas,” expresó Zavala.

En los dictámenes se incluyeron tres casos de candidatos virtualmente ganadores que fueron severamente cuestionados por la consejera electoral Carla Humphrey:

• Ángel Cisneros de la Cruz, señalado por violencia docente en la Universidad Autónoma de Nuevo León, no presentó su declaración bajo protesta de decir verdad.

• Sergio Díaz Rendón, acusado de ser deudor alimentario, presentó documentación que inicialmente parecía insuficiente, aunque luego se anexaron recibos de descuento vía nómina.

• Genaro Antonio Valerio Pinillos, investigado por acoso laboral y sexual, acumuló al menos siete procedimientos. Se criticó que el INE no requirió formalmente al Consejo de la Judicatura.

También se destacaron otros candidatos no ganadores que, según consejeras, deben ser considerados dentro del 8 de 8 por antecedentes de violencia política, familiar y laboral, como Francisco Salvador Vega de León, José Francisco Moreno Villacaña y José Luis Contreras.

Consejeras como Carla Humphrey y Rita Bell López Vences respaldaron la exclusión de estas candidaturas y denunciaron las carencias de colaboración interinstitucional, señalando que las autoridades jurisdiccionales no remitieron la información requerida, dificultando una revisión completa.

“No tenemos todavía la información para señalar [...] la garantía de que estas personas en efecto no se encuentran en estos supuestos,” afirmó López.

En este contexto, se hizo un llamado urgente a establecer mecanismos eficaces de cooperación interinstitucional. Se propuso una plataforma que cruce información en tiempo real sobre registros judiciales, sentencias y sanciones vinculadas a los criterios de 8 de 8.

Las consejeras coincidieron en que permitir el acceso a cargos públicos a personas con antecedentes de violencia representa una amenaza para la integridad del Poder Judicial.

“La 8 de 8 no es un mero trámite, es una garantía de que quienes aspiran a juzgar a otras personas no sean quienes han vulnerado derechos de las mujeres,” afirmó Zavala.

La sesión culminó con el reconocimiento del esfuerzo del personal del INE, aunque se enfatizó la necesidad de reformar los marcos legales que actualmente dificultan sancionar de forma efectiva a quienes incurren en violencia de género.

“Tendremos que hacer un replanteamiento legal para ver cómo vamos a dar este trato, sobre todo porque sí debe de haber la oportunidad de que se revisen estas formas de conducirse de manera permanente,” concluyó Zavala.

INE descuenta votos por casillas irregulares

En el proyecto de cómputo nacional de votos presentado por el INE, se realizaron ajustes derivados de irregularidades identificadas en 11 casillas, donde se detectó que el número de votantes superó al de la lista nominal correspondiente, sin justificación aparente.

De estas casillas, seis se localizaron en Chiapas, cuatro en Guerrero y una en Michoacán. Un ejemplo fue el distrito 11 de Pátzcuaro, donde se contabilizaron 770 votos cuando la lista nominal indicaba 754 personas registradas.

Asimismo, el Instituto Nacional Electoral eliminó del conteo sufragios de casillas denominadas “zapato”, en las que la totalidad de los electores votó por una sola candidatura, y de aquellas donde se observó la presencia de personas utilizando acordeones sin atender las solicitudes para dejarlos.

Aunque estos casos son excepcionales y su número es reducido en relación con las más de 80 mil casillas instaladas, la documentación completa será enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para su posible revisión ante futuras impugnaciones.

Con información de Claudia Flores.

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Con información de N+

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