La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal señaló que el proyecto de sentencia del ministro Javier Laynez Potisek para invalidar 'Plan B' electoral vulneraría el principio de imparcialidad, al incorporar un hecho no invocado.

Video: Análisis | Ministro Propone Invalidar Segunda Parte del Plan B

Enfatizó que el ministro de la SCJN propone declarar la invalidez total del decreto impugnado sin "entrar a un verdadero estudio de fondo de las normas cuestionadas, lo cual retrasa injustificadamente la necesaria transformación del sistema electoral mexicano".

A través de un comunicado, la Consejería recordó que durante la sesión de la Corte del 8 de mayo, el ministro defendió la imposibilidad de exigir al Congreso de la Unión una fundamentación o motivación precisa para la dispensa del trámite ordinario.

En ese momento, afirmó que no se podía juzgar los méritos que la Cámara tenga para la urgente y obvia decisión; pero "ahora cambia su criterio sin exponer razón alguna".

El ministro instructor, agrega el comunicado, "refiere en su proyecto que hubo una confusión que impidió a los diputados de las minorías saber qué propuesta se estaba discutiendo".

A decir de la Consejería, se trata de una apreciación personal de Laynez Potisek que no "debería formar parte del análisis de la constitucionalidad de las normas impugnadas".

Que los diputados de oposición no hayan puesto la debida atención a la publicación de la iniciativa y a la conducción de la Mesa Directiva a cargo del diputado Santiago Creel Miranda, no es razón suficiente para invalidar una ley aprobada por la mayoría del Congreso de la Unión

Además, señala que en un afán de favorecer a la oposición, el ministro convierte la decisión de los grupos parlamentarios minoritarios de no participar en el proceso deliberativo durante la aprobación de las reformas a las leyes electorales, "en supuestas deficiencias del procedimiento legislativo para invalidar el decreto impugnado".

De esta manera, continúa la Consejería, de aprobarse el proyecto de Javier Laynez, la SCJN se "estaría transformando en una simple oficina de verificación procedimental al servicio de las minorías parlamentarias, y renunciaría a su papel de revisor constitucional de las normas".

Nuevamente se rehusaría a estudiar el fondo del asunto, lo que implicaría anular la voluntad de la mayoría de la población que otorgó un mandato constitucional al Poder Legislativo para transformar el actual régimen electoral en beneficio del pueblo de México

Sigue leyendo:

ICM