¿Quién es Jaime Salvador García González? Candidato 45 a Ministro de la Suprema Corte

Jaime Salvador García González es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Ha construido una trayectoria jurídica especializada en mecanismos de resolución de conflictos y en el ejercicio de la fe pública. Desde 2004, se desempeña como corredor público en la Ciudad de México. Es mediador privado y ha actuado como árbitro independiente en controversias mercantiles, con experiencia en los sectores bancario, bursátil, energético y agrario. En el ámbito académico, ha publicado artículos en revistas jurídicas sobre derecho concursal, acceso a la justicia y función pública notarial.

Nació en 1973 en la Ciudad de México, lugar donde se recibió como abogado por la Escuela Libre de Derecho en 1997.

Desde 2004 funge como Corredor Público número 61 en la Ciudad de México, labor que ha desempeñado sin sanciones desde su habilitación oficial. Cuenta con certificación vigente como Mediador Privado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con más de una década de ejercicio continuo en medios alternativos de solución de controversias. Ha sido también árbitro en procedimientos mercantiles, tanto en esquemas ad hoc como en el marco de instituciones tales como el Centro de Arbitraje de México (CAM) y la CONDUSEF, con especialización en asuntos bancarios, bursátiles, energéticos y agrarios.

Entre 2007 y 2024, fue perito traductor en inglés y español registrado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, particularmente en materias mercantil y notarial. También obtuvo registro como conciliador ante el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM), función que desempeñó hasta 2024.

En el ámbito académico, ha impartido clases en la Escuela Libre de Derecho y ha colaborado en la formación de corredores públicos. Su producción intelectual incluye artículos en revistas jurídicas como El Mundo del Abogado, Siempre y Abogacía, abordando temas como la reforma al derecho concursal, el acceso a la justicia, la regulación inmobiliaria, los impactos legales de la pandemia y la función pública del corredor.