Morena: ¿El Gran Ganador con la Nueva SCJN? Análisis de los Fallos de los Ministros
Fer Caso, Cam Peralta y Daniel Saavedra
Análisis de N+ revela que, en sus primeros meses de trabajo, la nueva Corte falló en la mayoría de los casos a favor de la Presidencia y los gobiernos de Morena
Hugo Aguilar Ortiz, ministro residente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México
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La SCJN bajo la lupa III/IV
De los primeros 76 asuntos en los que gobiernos de Morena y de oposición se enfrentaron ante la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los ministros resolvieron a favor de los morenistas en el 84% de las ocasiones, según revela un análisis de N+ a partir de información pública de la corte.
Los asuntos analizados por N+ incluyen aquellos en los que tanto promovente como autoridad responsable son gobiernos electos por un partido, ya sea del poder ejecutivo o del legislativo.
La ventaja a favor de los gobiernos de Morena o partidos aliados, contrasta con el porcentaje de ocasiones que los ministros de la Suprema Corte de Justicia dieron la razón a los partidos de oposición, que alcanza apenas el 15.8%.
Las razones por las que se da un fallo a favor de unos u otros varían entre asuntos y no necesariamente reflejan una preferencia partidista. Sin embargo, se trata de una tendencia clara a la que vale la pena prestar atención, particularmente tras el cambio de modelo en la elección de juzgadores.
Presidencia, gobernadores y alcaldes ante la SCJN
Más allá de diferencias partidistas, la SCJN ha resuelto la mayor parte de los asuntos de una forma en la que se favorece a la Federación sobre estados y municipios.
Entre los asuntos promovidos desde la Presidencia de la República, la Suprema Corte le dio la razón en 66.7% de los casos. En contraste, las impugnaciones de instituciones de estados y municipios sólo se resolvieron a su favor en 28.1% de los casos.
La Presidencia no sólo fue la institución más favorecida por la SCJN, sino también la más activa, ya que entre septiembre 2025 y enero 2026, se resolvieron 105 asuntos en los que el Ejecutivo Federal era el promovente (93 controversias constitucionales y 12 acciones de inconstitucionalidad).
Le siguieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con 76 casos, y los municipios con 20 asuntos. En menor medida, también acudieron otros actores como:
- Gobiernos estatales: Yucatán, Morelos y Ciudad de México (CDMX)
- Partidos políticos: Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC)
- Órganos y dependencias: Instituto Nacional Electoral (INE), Fiscalía General de la República (FGR), organismos locales
CNDH y la Suprema Corte de Justicia
La CNDH fue la segunda institución más activa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De las 76 acciones que promovió, 73 se dirigieron contra leyes estatales y tan sólo 3 contra leyes federales. El 96% de las impugnaciones resueltas en este periodo están dirigidas contra cobros que los municipios hacen a los ciudadanos. Ninguna de ellas está dirigida contra leyes con impactos sustantivos en temas de seguridad pública, salud, educación o migración, rubros en los cuales la CNDH recibe la mayor parte de las quejas según sus propios reportes.
Los temas en disputa en la SCJN: Energía, derechos humanos y transparencia
De las 240 acciones y controversias analizadas en este periodo (136 controversias y 104 acciones), la agenda temática se concentró en tres grandes grupos.
El primer tema fue la regulación energética, tanto de hidrocarburos como de energía eléctrica, que concentró el 38% de las controversias resueltas por el Pleno.
La mayoría de los asuntos sobre energía fueron promovidos por la Presidencia, quien impugnó leyes de ingresos estatales y municipales que pretendían cobrar derechos o licencias por actividades vinculadas con el sector energético. En estos choques entre autoridades, la SCJN falló a favor de la Federación prácticamente en todas las ocasiones, al invalidar las reglas locales y respaldar la postura de la presidencia.
Los asuntos relacionados con transparencia y acceso a la información ocuparon el segundo lugar, con 17% del total. Sin embargo, el rubro puede resultar engañoso: ninguna de las sentencias cuestionó reglas sustantivas de acceso a la información aplicables a organismos federales o locales, sino que todas se dirigieron contra cobros municipales por la búsqueda o expedición de documentos, por los que la Suprema Corte consideró que se violaban los derechos de los ciudadanos.
El tercer tema que requirió la atención de la SCJN fue el relativo a multas y servicios municipales, con un 13% en la que, en la mayoría de los casos, se consideró que estaban cobrando a los ciudadanos montos excesivos, injustificados o no suficientemente bien determinados.
En conjunto, el 68.2% de los asuntos discutidos en la Suprema Corte de Justicia en este periodo estuvieron dirigidos la forma en las que los municipios se hacen de recursos.
Aunque la mayoría de los ministros de la SCJN votaron consistentemente en contra de los intereses municipales. Las ministras Lenia Batres y Sara Irene Herrerías marcaron una diferencia con el grupo al posicionarse a favor de los municipios (y contra la Presidencia y la CNDH) entre el 43% y el 58% de las ocasiones, dependiendo la materia.