Partidos Políticos 'Compran' Artículos de Campaña y Asesorías a Empresas 'Fantasma'

En algunos casos, la compra de artículos de propaganda o de servicios de asesorías son mera simulación. Los recursos terminan en empresas fantasma que no tienen ni el personal ni la infraestructura para ofrecer estos servicios.

Cuando las detectan es demasiado tarde y pocas veces son sancionadas por la ley. En cada elección los partidos políticos contratan a empresas fantasma para simular compras que van desde artículos de campaña hasta servicios de asesoría.

La mayoría de estas compañías o sus socios reportan domicilios ubicados en zonas marginadas, como María Elena Salgado, una de las supuestas dueñas de una empresa ubicada en una colonia de Ecatepec.

Hace más de una década, el yerno de María Elena le pidió que firmara unos documentos para ser una de las socias de Comercializadora de Oriente Mavi-He.

Reportera: Estoy buscando a la señora María Elena. ¿Usted es? Nos aparece como la accionista de una empresa.
María Elena: Pero según esa empresa ya estaba dada de baja. Era una socia, pero hace muchísimos años y se dio de baja esa empresa. Yo soy costurera

En 2015, Comercializadora de Oriente Mavi-He recibió al menos 725 mil 594 pesos como proveedora de artículos de propaganda electoral para una diputación de Morena, pero de ese dinero, María Elena no vio un solo peso.

Reportera: ¿Usted sabe qué vendía la empresa?

María Elena: No, no recuerdo.

Reportera: ¿De las ventas de la empresa, a usted le reportaban ganancias?

María Elena: No.

En 2017, la compañía fue declarada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una empresa fantasma, es decir, que factura operaciones simuladas.

Entre 2013 y 2021, al menos 102 compañías que de acuerdo con el SAT no contaban con activos, personal, infraestructura o capacidad para prestar los servicios que ofrecían, celebraron contratos por poco más de 370 millones de pesos con diez partidos políticos.

La lista negra del SAT

Pero esto sigue pasando. Año tras año, el SAT incluye en su lista negra a cientos de empresas que en un inicio logran esquivar a la autoridad. Desde 2014, el SAT ha boletinado en promedio a poco más de mil factureras al año. 

Algunos de los supuestos servicios contratados consistieron en renta de sillas y tarimas, colocación de anuncios espectaculares, pinta de bardas, adquisición de gorras, playeras y chalecos, así como asesorías.

Estas empresas estaban inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Instituto Nacional Electoral. Una vez que el SAT las señaló como factureras, fueron dadas de baja de este padrón.

Una recepcionista en un domicilio fiscal donde operaba Bunker techno S.A de C.V., una empresa que facturó 1.3 millones de pesos al PAN en 2018 para la impartición de cursos y que posteriormente fue declarada fantasma por el SAT, explicó que estaban dados de baja y ahora eran oficinas virtuales. 

Estas son oficinas virtuales. Tiene varios beneficios, pues aquí deja su paquetería. Más que nada para que se dé a reconocer aquí su empresa. Tenemos varias razones sociales

Otra empresa fantasma denominada Cosserav, facturó al PRI al menos 11.2 millones de pesos. La mayoría de estos recursos fueron para costear supuestos cursos de oratoria. Actualmente, en el lugar hay una obra negra. 

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE es la responsable de verificar que las empresas inscritas en el Registro Nacional de Proveedores no estén boletinadas por el SAT como empresas fantasmas y así lo explicó la consejera electoral Dania Ravel Cuevas.

A nosotros lo que nos toca no es sancionar, por decir algo, la existencia de algo que pueda ser una empresa fantasma, sino más bien sancionar que el partido político a lo mejor no nos pudo comprobar los servicios que le prestó determinada empresa

Sin embargo, en la mayoría de los casos las detecta tardíamente, cuando los partidos políticos ya lograron facturar millonarios contratos con estas firmas.

Las lagunas legales y la inacción de las autoridades ponen las condiciones para que los partidos, elección tras elección, sigan violando la ley y malgastando recursos públicos.

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Con información de Zorayda Gallegos y Alba Herrera
KAH