El presidente Andrés Manuel López Obrador va por el tercer intento de reforma electoral y ha enviado, como parte de un paquete de reformas, una iniciativa al Congreso de la Unión en la que insiste en lo que fueron los puntos fundamentales de sus famosos Plan A y B, y que fueron ya desechados por el legislativo.

La nueva iniciativa propone reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos políticos respecto de sus actividades ordinarias y para el gasto de campañas durante la contienda electoral. En cuanto a la obtención de recursos privados se establecen reglas precisas, ordenando que los partidos políticos identifiquen y reporten la fuente de todo recurso, sin exceder los topes señalados en la legislación.

Se plantea también suprimir al Instituto Nacional Electoral (INE) y crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Sus funciones absorberían las de los órganos públicos locales (OPL), es decir, organizaría la totalidad de los procesos electorales de la república, a nivel nacional, estatal y municipal. Además, se propone que lleve a cabo los ejercicios de democracia directa que prevén la Constitución y leyes.

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“El nuevo INEC se conformará de órganos temporales y auxiliares, en especial en los periodos electorales, que concentren las funciones que han sido fragmentadas en innumerables unidades administrativas”, señala la iniciativa.

Para la conformación del INEC y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se propone que se decida su integración por voto popular, a partir de candidaturas presentadas por las cámaras de diputados y senadores.

Dichos cargos serán ocupados por un periodo de seis años improrrogables. La jornada electiva para definir a las personas titulares de estos órganos se celebraría el primer domingo de junio, cada seis años, con excepción de la primera. La Cámara de Diputados emitirá la convocatoria para la elección de las personas titulares de las consejerías electorales del INEC; el Senado de la República, la de magistraturas.

Cada uno de los poderes de la Unión postulará a diez personas de manera paritaria para la integración del Consejo General del INEC, y a diez para las magistraturas electorales. En ambos casos, el INEC organizaría la elección.

Menos diputados y senadores

Además, la iniciativa propone eliminar a 200 diputados federales plurinominales y 64 senadores, para dejar en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados electos por mayoría en igual número de distritos y con 64 integrantes del Senado, dos electos por cada entidad federativa según el principio de mayoría relativa.

En cuanto a voto electrónico, la iniciativa plantea aprovechar las tecnologías de la información y comunicación para facilitar la participación ciudadana en las elecciones, las consultas populares y las consultas de revocación de mandato.

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Se plantea también establecer un criterio poblacional para la definición del número de representantes en cada uno de los congresos locales, así como de los ayuntamientos y las alcaldías de la Ciudad de México.

Por ejemplo: el número de representantes en las legislaturas de los estados no podrá exceder de 15 diputaciones en aquellas entidades cuya población sea menor a un millón de personas, y por cada 500 mil habitantes adicionales podrá incrementarse en un diputado o diputada hasta un máximo de 45. Con esto se reduciría el total de diputaciones en todo el país de mil 113 a 654.

En materia de revocación de mandato y consulta popular, se propone reducir a 30% la participación requerida para que sus resultados sean vinculatorios y se homologa la fecha para realizar estos ejercicios el mismo día de las elecciones ordinarias para elegir diputadas y diputados al Congreso de la Unión.

Para todo lo anterior, la iniciativa propone reformar los artículos 35, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 73, 99, 105, 110, 111, 115, 116 y 122 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

En un comunicado, el INE respondió a la iniciativa presentada aclarando que las elecciones de este año se llevarán a cabo con la legislación vigente e instó a tener un diálogo público al término de los comicios federales y locales de 2024, que permita analizar el sistema electoral con base en insumos recientes y diagnósticos precisos.

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