El camino hacia la transición democrática en México por la vía de reformas político-electorales, ha sido largo. Es un proceso que se aceleró desde hace casi medio siglo y que ha integrado ocho reformas electorales federales desde la ley de 1977, impulsada por Jesús Reyes Heroles, que permitió la participación de partidos minoritarios en el Congreso, hasta la transformación que dio lugar al Instituto Nacional Electoral (INE) en 2014.

En abril de este año, tras constantes críticas y acusaciones de prácticas fraudulentas contra el INE, y a dos años de la siguiente elección presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó al Congreso una nueva propuesta de Reforma Electoral que propone modificar 18 artículos de la Constitución y adicionar algunos transitorios.

La iniciativa ha generado una discusión pública de grandes proporciones, así como protestas y marchas multitudinarias de quienes la consideran un ataque a una institución vital para el ejercicio democrático en el país.

Pero ¿qué propone esta iniciativa, exactamente? ¿Qué cambios relevantes plantea? Y ¿por qué ha desatado reacciones tan encendidas como la multitudinaria marcha ciudadana en defensa del INE del 13 de noviembre en Ciudad de México y manifestaciones paralelas en otras ciudades?

Estos son los puntos cruciales de la Reforma Electoral, según una revisión de la iniciativa realizada por la Cámara de Diputados, donde ya inició el análisis del texto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia matutina. Foto: Cuartoscuro

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Adiós al INE como lo conocemos

La propuesta del presidente sí plantea descartar al actual Instituto Nacional Electoral, pero no dejaría un vacío en su lugar, pues se crearía un nuevo órgano denominado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que concentraría las funciones que hoy tienen el INE y los organismos públicos locales (OPLES), sustituyéndolos.

Este nuevo organismo contaría con un presupuesto reducido en comparación con el que actualmente recibe el INE. “No se requieren 20,000 millones de pesos para organizar elecciones”, ha sido la insistencia del presidente, al igual que sus reclamos por los salarios de los funcionarios de este instituto y otros órganos electorales.

La polémica por los sueldos comenzó en 2018 con la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), que se establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Por ejemplo el consejero presidente, Lorenzo Córdova, y los demás consejeros electorales tienen percepciones mensuales brutas de 262,234 pesos: casi el doble que el salario oficial del presidente de México (136,700 pesos mensuales).

El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que falló a favor de los consejeros (y funcionarios de otros organismos), otorgándoles cada año un amparo que suspende la aplicación de la LFRSP y les permite mantener sus percepciones por encima de las del presidente.

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Otro recorte presupuestal se aplicaría al financiamiento público de los partidos políticos nacionales para los que se tienen contemplados más de 6,233 millones de pesos para 2023.

La reforma plantea que un modelo de autofinanciamiento en el que solo se daría presupuesto para campañas en procesos electorales: los demás gastos deberán ser cubiertos a través de aportaciones de militantes y simpatizantes legalmente supervisadas.

Lorenzo Córdova, por su parte, sostiene que “el modelo de financiamiento predominante […] es uno de los pilares de nuestro sistema electoral”.

La reforma electoral plantea sustituir al INE — Instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Cambios al Poder Legislativo y autoridades electorales

La reforma también propone la desaparición de los tribunales electorales estatales. La iniciativa sugiere concentrar esta labor en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que sus integrantes serían electos por voto popular. El método de voto directo también aplicaría a los consejeros del nuevo Instituto Electoral.

Actualmente los magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral son elegidos por el Senado de la República, a partir de candidaturas propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el periodo de ejercicio del puesto es de nueve años, según comunica el propio Tribunal en su sitio web.

Los consejeros del INE se eligen en la actualidad mediante una convocatoria emitida por la Cámara de Diputados y requieren el voto de dos terceras partes del cabildo para se aprobados.

Un nuevo Congreso

Quizás uno de los cambios más radicales de la propuesta de López Obrador es la eliminación de 200 curules de la Cámara de Diputados, pasando de 500 a solo 300 legisladores federales en la Cámara baja. El presidente asegura que este cambio eliminaría las diputaciones plurinominales: “Solo los que elija el pueblo”, ha dicho.

La iniciativa propone eliminar los 300 distritos electorales en los que se divide el país para que los ciudadanos voten sobre una lista de candidatos propuestos por cada partido político. Este sistema, —para muchos analistas— da a todas las diputaciones carácter de representación proporcional (como la de los actuales plurinominales), otorgaría mayor peso a los partidos dominantes y prácticamente anularía la representación de partidos pequeños.

Con este método, los ciudadanos no elegirán entre uno u otro candidato, sino que votarían por una lista u otra, por lo que ya no habría diputados de diversos partidos provenientes de una misma entidad, sino que la bancada de cada estado sería completamente de un mismo partido.

También la composición del Senado quedaría reducida de 128 a 96 integrantes. Habría tres senadores por estado y serían electos con el mismo sistema de listas.

Votaciones para elección presidencial en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Voto electrónico

Probablemente la medida que la mayoría de los votantes notaría de manera personal sería la introducción del voto electrónico en comicios, consultas populares y revocación de mandato. El texto de la propuesta no precisa si todo el proceso de voto pasaría a esta modalidad, pero López Obrador ha citado como ejemplo el caso de Brasil, donde no hay boletas en papel, solo votación electrónica.

¿Qué tan probable es que pase esta Reforma Electoral?

Por tener carácter constitucional, la aprobación de esta reforma requiere el voto a favor de la mayoría absoluta en el Congreso, lo cual no parecer viable.

Los detractores de la reforma dicen que la propuesta debilita la democracia, es retrógrada y busca debilitar a la oposición. Varios legisladores han señalado al presidente de buscar controlar el aparato electoral y regresar a los tiempos en los que el Estado organizaba y definía el rumbo de las elecciones, como en la época de la desaparecida Comisión Federal Electoral de la Secretaría de Gobernación.

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El “Plan B” para salvar la Reforma Electoral

Ante la resistencia en las cámaras legislativas, así como de sectores y grupos ciudadanos, López Obrador expresó su intención de proponer un “Plan B”, para procesar algunas de sus propuestas por la vía de leyes secundarias.

Esta opción no le permitiría modificar algunos puntos de su propuesta —como reducir el número de legisladores o hacer que la elección de consejeros y magistrados electorales sea directa—, pero sí podría recortar sustancialmente el presupuesto del INE, al que ha calificado como el aparato de organización de elecciones más caro del mundo.

El presidente López Obrador dijo que está a punto de enviar su nueva iniciativa de reforma. Este “Plan B” contemplará leyes que no inciden en la Constitución y que solo requieren mayoría simple para ser aprobadas.

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Con información de N+

ALELL