Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, fue absuelta de los cargos que se le imputaban por el caso de la Estafa Maestra, que reveló un desvío millonario de recursos públicos durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

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Un juez federal del Reclusorio Sur resolvió que Robles Berlanga deberá ser sancionada solo por la vía administrativa, pero no penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Al salir del juzgado, la exfuncionaria señaló:

Tarde que temprano se tenía que hacer justicia. (Mis abogados) lograron un fallo histórico y este es un precedente muy importante, se demostró que derechos humanos fundamentales como el debido proceso se vulneraron. Conocí la injusticia, lo viví en carne propia

Robles y su defensa argumentaban que solo hubo un incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que debía sancionarse por la vía administrativa, como una falta, y no como un delito penal.

Uno de sus abogados señaló: (El juez) nos da la razón de lo que dijimos hace 3 años: libertad absoluta. El tiempo que estuvo injustamente detenida fue consecuencia de una arbitrariedad hoy lo hemos demostrado. (Se declaró) un sobreseimiento de fondo con sentencia absolutoria”.

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En agosto de 2019, Rosario Robles acudió a una comparecencia al Reclusorio Sur, sin embargo, luego de 11 horas de audiencia, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna la vinculó a proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público y ordenó la prisión preventiva justificada en su contra.

Rosario Robles estuvo 3 años en la prisión femenil de Santa Martha Acatitla.

Después de diversos recursos de amparo, en agosto de 2022, el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos, también del Reclusorio Sur, modificó las medidas cautelares que mantenían la exfuncionaria y le concedió la prisión preventiva domiciliaria. Le prohibió salir del país, tuvo que entregar su pasaporte y debían presentarse periódicamente a firmar ante una autoridad judicial.

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