En México, 30 millones de personas no tuvieron acceso a la salud entre 2018 y 2022, según el Coneval, ¿pero cuál fue la causa? Expertos ven al menos dos posibles escenarios: que el cambio de Seguro Popular a Insabi confundió a la gente y que la mala calidad de los servicios hace difícil tener una atención efectiva.

El Coneval se basó en la pregunta de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto del INEGI: ¿se encuentra usted afiliado o inscrito al Seguro Popular o tiene derecho a los servicios del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)? A lo que 30 millones respondieron que no.

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Al respecto, Rosario Cárdenas Elizalde, doctora en Estudios de Población y Salud Internacional por la Universidad de Harvard y consejera del Coneval, señala que la respuesta "podría estar afectada por la información que tiene respecto a la continuidad de la cobertura o no del servicio de salud que solía demandar (Seguro Popular)".

Y es que en noviembre de 2019, con la promesa de superar las limitaciones de cobertura y accesibilidad del Seguro Popular, se reformó la Ley General de Salud para crear el Insabi, que sería el encargado de atender a aquellos que no fueran derechohabientes de alguna institución. Pero el modelo no funcionó, y en 2022 se anunció que sería el IMSS-Bienestar el encargado de dar la atención.

Cárdenas Elizalde agrega que es cierto que en el caso del Seguro Popular, la afiliación hacía a la persona consciente de que tenía ese acceso.

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Daniel Pahua Díaz, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, señala que una de las cuestiones que han agravado la caída en el acceso a los servicios de salud es justo la confusión generada por la falta de información clara con relación a qué tienen derecho las personas sin seguridad social y a dónde deben acudir.

Todo el cambio que se hizo ha confundido, continua.

Esto de que estaban afiliados al Seguro Popular y después ya no, si pudo haber generado mucha confusión, además hay que pensar que en el Seguro Popular incluso había un catálogo con información clara de a qué tenían derecho las personas y ahora ya no se sabe, en este momento no se sabe, por ejemplo, si con el IMSS-Bienestar, que sustituyó al Insabi, va a haber acceso a todos los servicios que da el Seguro Social o no.

Hace falta claridad e información, insiste Pahua Díaz. “Se necesita que conforme se le vaya dando mayor estructura a este modelo de IMSS-Bienestar se haga una campaña de difusión, incluso en los medios masivos, de a qué van a tener acceso las personas, y quizá una de las estrategias pueda ser la credencialización, para dar mayor certeza, o como se le llamó aquí en la Ciudad de México, una cédula de gratuidad”.

Sin acceso efectivo

Pero más allá de la confusión que pueda haber o no respecto a si las personas tienen derecho a recibir servicios de salud y en donde, también es cierto que cuando acuden a clínicas y hospitales no encuentran un acceso efectivo a la salud.

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Laura Flamand, politóloga y directora de la Red de Estudio de las Desigualdades del Colegio de México, señala que sí hay confusión, pero también pasa que “la gente fue a buscar atención durante la pandemia y no le dieron los servicios o las clínicas están en un estado tal que no los pueden atender o no hay personal para dar los servicios o en el momento que acudieron les dieron una cita que pasaba mucho tiempo o no pudieron entrar por urgencias, todo eso está ocurriendo”.

Flamand subraya que en la practica, la falta de acceso a servicios de salud provoca que la gente no pueda ejercer ese derecho.

Se les niega el acceso efectivo en el sentido de que el tiempo de espera es muy largo para conseguir la cita y luego para tener acceso a las consultas, y las personas sin seguridad social una proporción importante son trabajadores informales, que no pueden invertir un día en estar formados porque pierden sus ingresos.

Por eso, “hay que tomarse con mucha seriedad esta llamada de atención de las personas que nos dicen que no tienen acceso a los servicios, porque una buena proporción de quienes tienen una necesidad en salud se están atendiendo en servicios privados”.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) Continua 2022, se encontró que solo 37.5% de la población sin derechohabiencia se atendió en unidades de la Secretaría de Salud cuando tuvieron necesidad de atención, pero 24.9% se atendió en Consultorios Adyacentes a Farmacias y 35.6% en otras unidades particulares; es decir que de cada 10 personas, 6 se atendieron en el sector privado.

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Esto es muy delicado, dice Flamand, porque la mayor parte de los servicios privados se están manteniendo con gasto de bolsillo, “entonces no sorprende que el gasto de bolsillo para los deciles de menores ingresos del 1 al 4; es decir, en general, para las personas más pobres, de menos ingresos, se ha incrementado entre 30 y 50% entre 2020 y 2022”.

Flamand remata diciendo que hace falta un estudio sobre negación de servicios para ver si esto está pasando y su dimensión, “pero que las personas no están pudiendo ejercer su derecho a la protección social en salud, por diversas fallas en el sistema, eso es innegable”.

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