Maritza tiene 17 años y huyó de su país, Guatemala, no solo por el contexto de violencia y pobreza en el que vive allá, sino por el acoso sexual del que es víctima por parte de una persona de su comunidad. Su intención es llegar a Estados Unidos, pero en México, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Coahuila, dependiente del DIF estatal, la expulsó sin considerar el peligro que corre en su país ni tampoco que la adolescente tiene una tía en Veracruz con quien podría quedarse a vivir.

Como Maritza, durante 2023, 6 mil 548 niños, niñas y adolescentes migrantes fueron devueltos por México a sus países de origen. De entre12 y 17 años fueron devueltos 3 mil 378 menores de edad no acompañados y 759 acompañados. De 0 a 11 años retornaron a 174 no acompañados y 2 mil 237 acompañados. Mientras que solo en enero de 2024, las autoridades ya devolvieron a sus países a 532 menores.

Esto pese a que supuestamente desde 2020 se armonizó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Migración no solo para prohibir la detención de la niñez y adolescencia en condición de movilidad y de sus familias en los centros del Instituto Nacional de Migración, sino también para que las Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que en la mayoría de los estados dependen del DIF, trazarán para ellos una ruta de protección integral, siempre considerando el interés superior de la niñez.

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Pero en la práctica, eso está lejos de suceder y las niñas, niños y adolescentes son devueltos a contextos violentos donde su vida corre peligro, explica Sandra Mejía, abogada de niñez migrante del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).

Las procuradurías estatales de protección a la infancia, agrega Mejía, deben hacer un diagnóstico del caso de cada niña, niño y adolescente migrante que llega a México y considerar de dónde vienen, si vienen huyendo de alguna situación de violencia, si buscan reunirse con algún familiar o si van a quedarse aquí, si tienen familiares en la República Mexicana, entre otros aspectos y después de ese diagnóstico amplio es que deben determinar qué es lo mejor para ellos.

Las opciones son muchas, señala la abogada, una puede ser el retorno a su país de origen, pero también puede ser la solicitud de asilo o buscar la reunificación con familiares en Estados Unidos que muchas veces es lo que deseen las infancias y adolescencias. “La Procuraduría tiene un poder muy amplio para determinar qué va a pasar con estos niños, niñas y adolescentes, pero desafortunadamente hemos documentado que no están haciendo estos diagnósticos y así están dictando los retornos”.

Mejía, quien está llevando el caso de Maritza, nombre ficticio para proteger su identidad, asegura que a la tía de la adolescente que vive en México, las autoridades nunca le dieron la opción de que la menor de edad podía quedarse a vivir con ella y no evaluaron que podía ser solicitante de asilo.

“El protocolo de atención a niñez y adolescencias migrantes supone una interacción caso por caso, pero esto no ocurre, como (el DIF) no tiene capacidad para hacerlo, lo que hacen es usar machotes en los que las procuradurías recomiendan la devolución a los países de origen”, asegura Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración y profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, de la UNAM

Y subraya que si a estos niños, niñas y adolescentes migrantes se les retorna sin considerar el peligro que corren y sus contextos, entonces se está violando desde la Constitución hasta la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Migración y hasta las convenciones internacionales en la materia.

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N+ solicitó una entrevista a la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, que depende de DIF federal, para saber cómo se están llevando los procesos y haciendo los diagnósticos antes de decidir retornar a un menor de edad migrante a su país de origen, pero la oficina de comunicación respondió que no podían dar entrevistas por el periodo electoral.

Intervención deficiente y extorsiones

Sandra Mejía dice que como el de Maritza tienen varios casos más con los que están trabajando, como el de un adolescente de 12 años, procedente de Honduras, que estaba intentando llegar con una tía que vive en Estados Unidos.

El adolescente viene huyendo de una situación de violencia: en Honduras, las pandillas amenazaron y mataron a su madre, la mayoría de la familia ya huyó del país. “Él quería llegar a Estados Unidos con una tía, pero la Procuraduría no lo escuchó, siendo que ni siquiera tiene padres ya en su país, lo retornaron y ahorita está viviendo con unos conocidos de la tía”.

También en la organización Save The Children tienen casos de niños, niñas y adolescentes migrantes que la autoridad mexicana retornó a una situación de inminente riesgo, sin hacer diagnósticos adecuados, sin considerar todas las opciones y sin respetar los derechos humanos de los menores de edad.

“Lo que hemos visto es que hay una deficiente intervención de la Procuraduría. No están dispuestos a atender a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Si hay situaciones de violencia, no van para intervenir, esperan a que les lleguen los niños o coordinan todo por llamada o los mandan a algún albergue de la sociedad civil. Hay una reiterada omisión de sus obligaciones”, afirma Jorge Lugo, coordinador general de Incidencia Política en Protección a la Niñez de esta organización.

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Entre los casos que está acompañando Save The Children está el de tres menores de edad que venían con su mamá desde Honduras, huyendo de la violencia. La ex pareja de la señora había violentado a una de las hijas y las tenía amenazadas. La mamá pidió su cita para iniciar el tramité de asilo en Estados Unidos, a través de la aplicación CBPOne, y se la dieron, así que ella entró a Estados Unidos y dejó a sus hijos en la frontera con México.

El Instituto Nacional de Migración encontró a los niños y los canalizó al DIF. La Procuraduría determinó regresarlos a su país. “En Save The Children nos enteramos del caso un día antes de que fueran devueltos, les dijimos a las autoridades que la mamá ya está en Estados Unidos, que lo mejor es buscar la reunificación, el INM nos dijo que si la Procuraduría cambiaba las medidas no hacían la deportación, pero la Procuraduría no hizo nada y los niños fueron deportados”, dice Lugo.

Margarita Núñez, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, dice que hay algo más allá de estos retornos que no respetan los procesos ni los derechos humanos, se están cometiendo también delitos alrededor de la niñez y las adolescencias migrantes, entre estos la extorsión.

“Documentamos un caso, de primera mano, donde detuvieron a unos hermanos guatemaltecos en Veracruz, eran tres y uno de ellos era menor de edad, al menor se lo llevaron al DIF y cuando los hermanos mayores les pidieron que lo dejaran ir, que les dieran a ellos la custodia, en el DIF les dijeron que se los daban, pero que tenían que pagar una cierta cantidad”, cuenta Núñez.

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La especialista de la Ibero dice que de ese caso tuvieron conocimiento de primera mano, porque les pidieron intervenir, pero también han tenido información de otros en los que familias de Centroamérica se han comunicado con organizaciones de la sociedad civil o con albergues para que les aconsejaran qué hacer frente a extorsiones similares.

La caja negra

Los especialistas entrevistados coinciden en que hay mucha opacidad en cómo se llevan los procesos para retornar a los menores de edad a sus países de origen y también para saber qué pasa con aquellos niños, niñas y adolescentes migrantes que no son devueltos pero que el Instituto Nacional de Migración canaliza al DIF, y que en 2023 fueron alrededor de 107 mil menores de edad.

Los entrevistados también aseguran que el DIF no tienen presupuesto y por lo tanto no tienen capacidad ni personal para albergar a los niños, niñas y adolescentes que no están retornando. De hecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2022 el informe especial sobre la capacidad del SNDIF y los SDIF de las entidades federativas para atender integralmente a niñas, niños y adolescentes migrantes en México.

En este se señala que entre 2020 y 2021, los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), tanto nacional como estatales, atendieron a 28.6 y 59.9 por ciento, respectivamente, del total de niños, niñas y adolescentes migrantes que les fueron canalizados por autoridades migratorias, cifras que llevan a la presunción de que existen menores que no están siendo atendidos ahí, como lo indica la ley, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Tonatiuh Guillén documentó que entre septiembre de 2021 y junio de 2022, el DIF nacional transfirió a 28 sistemas estatales, mil 576 millones de pesos. “Una cantidad inédita que supera muchísimas veces el presupuesto anual del DIF”, subraya el ex comisionado del INM.

Pero en la práctica, dice Guillén, “no se ve que este presupuesto haya impactado en capacidades operativas reales. Lo cierto es que tenemos un marco jurídico protector y se han canalizados recursos, pero la atención a la niñez y adolescencia migrante se ha vuelto una caja negra, de la que no se puede saber el proceso que se sigue para retornarlos ni dónde están o qué pasa con los que no se retornan”

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