El jueves 27 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron sobre el envío de 29 cirminales que se encontraban en cárceles mexicanas a Estados Unidos.

Entre los criminales destacan nombres como Rafael Caro Quintero, responsabilizado por la DEA del asesinato del agente Enrique Camarena, además de los hermanos Treviño, fundadores del grupo criminal Los Z. En el primer reporte difundido por la FGR, se informó que Estados Unidos requería a los 29 criminales por los siguientes delitos:

Vínculos con organizaciones criminales
Tráfico de drogas
Secuestro

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, se refirió al envío de 29 criminales como "grandes noticias", destacando que "miembros de cárteles mexicanos fueron extraditados a los Estados Unidos".

Este viernes 28 de febrero se brindó un reporte por este traslado de parte del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, integrado por Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR; Omar García Harfuch, titular de la SSPC, además de Ricardo Trevillo Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar).

En la conferencia, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, precisó que contrario a lo dicho por la propia Casa Blanca, los 29 criminales no fueron extraditados del territorio nacional, sino que fueron entregados con base a lo que indica el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional, que entró en vigencia desde hace 20 años; además de la aplicación del artículo 89 constitucional.

No se está aplicando ninguna ley de extradición, esta es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos en razón de las conductas criminales de esas personas en ese país.

Video: "Nuestra Garantía es la Ley": Gertz Manero sobre Traslado de 29 Presos a EUA

¿Qué dice el Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional?

El fiscal Gertz Manero afirmó que el envió de 29 criminales a Estados Unidos no se trata de una extradición, sino de un tema de "seguridad nacional", y señaló que las bases jurídicas de este traslado están sentadas en el Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y el Artículo 89 constitucional.

De acuerdo con el Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, se consideran "amenazas":

Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos en territorio nacional.
Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano.
Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada.
Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada.
Actos en contra de la seguridad de la aviación.
Actos que atenten en contra del personal diplomático.
Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas o convencionales de destrucción masiva.
Actos ilícitos en contra de la navegación marítima.
Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas.
Actos tendentes a obstaculizar o bloquear acciones de inteligencia o contrainteligencia.
Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.
Actos ilícitos en contra del fisco federal a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El fiscal general precisó que bajo esta premisa, el término correcto para referirse a los criminales entregados a autoridades estadounidenses es "enviados".

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¿Qué dice el Artículo 89 constitucional?

En conferencia de prensa, el fiscal general precisó en la decisión de enviar a los 29 criminales a Estados Unidos fue del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, y no de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Es una decisión del Gabinete de Seguridad, en esa decisión no tiene que ver nada la presidenta de la República.

Gertz Manero reiteró que el sustento jurídico se encuentra en el Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y el Artículo 89 constitucional. Esto dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado que especifica las "facultades y obligaciones del presidente de la República":

Fracción VI: Preservar la Seguridad Nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea el Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.
Fracción VII: Disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de apoyo a la seguridad pública, en los términos que señale la ley.

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Con información de N+

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