El gobierno de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso sanciones contra cinco individuos vinculados con la dirigencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta acción se tomó bajo las autoridades antiterroristas de las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, las cuales facultan al Tesoro estadounidense a actuar contra estructuras vinculadas con la proliferación de drogas ilícitas y actos de violencia extrema.

Según el comunicado del Departamento del Tesoro, estas medidas buscan debilitar financieramente al CJNG, un grupo señalado por su rol central en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y por el uso sistemático de la violencia, incluyendo tácticas de asesinato para controlar a sus miembros y enviar mensajes a otros grupos delictivos.

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Rubén Oseguera Cervantes: liderazgo central y expansión del modelo operativo

Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue identificado como fundador y principal dirigente del CJNG. De acuerdo con la OFAC, su estilo de liderazgo ha permitido al cártel operar como una red de franquicias criminales en diversos estados de México.

Oseguera está asociado al tráfico de varias drogas ilegales, entre ellas fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína. Las autoridades estadounidenses también lo vinculan con la práctica de pagar sobornos a funcionarios y con ordenar asesinatos contra rivales y autoridades, incluyendo jueces y oficiales.

El Departamento de Estado ofrece una recompensa que supera los 15 millones de dólares por información que permita su captura o condena. Oseguera fue designado bajo la Orden Ejecutiva 13224 por actuar en nombre del CJNG o en su beneficio directo.

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Julio Alberto Castillo Rodríguez: operador clave en logística química

Julio Alberto Castillo Rodríguez es considerado uno de los miembros jerárquicos más relevantes del CJNG y, además, yerno de Oseguera.

Según el Departamento del Tesoro, su papel ha sido fundamental en el manejo del puerto de Manzanillo, Colima, desde donde el cártel ha facilitado la adquisición de precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas.

Esta posición logística le otorga un rol estratégico dentro de la estructura operativa del grupo criminal. Castillo es considerado por las autoridades estadounidenses como un posible sucesor en el liderazgo del CJNG.

Gonzalo Mendoza Gaytán: responsable de reclutamiento y castigos internos

Otro de los sancionados es Gonzalo Mendoza Gaytán, a quien el Tesoro atribuye un papel destacado en el reclutamiento de nuevos miembros del cártel.

En marzo de 2025, se descubrió un campamento en Teuchitlán, Jalisco, conocido como Rancho Izaguirre, que habría sido utilizado como centro de adiestramiento y lugar de ejecución para quienes desobedecían las órdenes internas.

Mendoza fue señalado como el responsable directo del funcionamiento de este espacio y de haber ordenado la ejecución de reclutas, además de estar implicado en asesinatos de funcionarios mexicanos.

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Audias Flores Silva: control territorial y producción clandestina

Audias Flores Silva, identificado como comandante regional del CJNG, fue también incluido en las sanciones. Según la OFAC, Flores tiene bajo su control extensas zonas en Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Michoacán.

En estas regiones, coordina la operación de laboratorios clandestinos destinados a la producción de metanfetamina y otras sustancias. Las autoridades estadounidenses sostienen que sus unidades han ejercido violencia contra civiles, fuerzas de seguridad y grupos criminales rivales.

El Departamento de Estado ofrece una recompensa superior a los cinco millones de dólares por información que conduzca a su detención o procesamiento judicial.

Flores, al igual que los otros sancionados, fue incluido en la lista de designados bajo la Orden Ejecutiva 13224 por actuar directa o indirectamente en representación del CJNG.

Fundamento de las sanciones y alcance legal

Todas las personas sancionadas han sido señaladas como miembros activos de la estructura del CJNG. El marco legal de la Orden Ejecutiva 13224, en su forma modificada, permite aplicar sanciones a quienes actúan en beneficio de organizaciones consideradas como terroristas o que contribuyen a sus operaciones.

A su vez, la Orden Ejecutiva 14059 establece medidas contra aquellos vinculados con la fabricación y distribución de drogas ilegales que representan una amenaza a la seguridad pública.

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