Los golpes cesan por un momento, pero el sujeto se niega a aceptar un delito que no cometió. Entonces los militares que lo detuvieron ese abril de 2010, en Tamaulipas, sumergen su cabeza en el agua y enseguida le dan descargas eléctricas en el cuerpo. Un año más tarde, en febrero de 2011, en Tijuana, Baja California, una mujer es detenida de manera arbitraria por supuesta posesión de droga, luego es trasladada a un cuartel militar donde es torturada y violada.

Ambas historias se suman a otras donde las descripciones son puntuales: “Personal militar el 27 de enero de 2016, privó de la libertad a tres civiles, mismos que posteriormente aparecieron muertos en Tepatitlán, Jalisco”. En otras las narraciones son sobre homicidios, abusos sexuales, desapariciones forzadas, tortura… La lista sigue. En estos hechos se señala a 318 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entre 2006 y diciembre de 2022.

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Sin embargo, a la fecha sólo 23 afectivos han sido sentenciados por estos ilícitos, mientras que el resto han sido absueltos, permanecen prófugos, están siendo procesados o no figuran en algún procedimiento de los expedientes, de acuerdo con documentos de las 163 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que aparecen en el informe de la Sedena “Personal militar involucrado en conductas ilícitas consideradas como violaciones a DD.HH., derivadas de las recomendaciones emitidas por la CNDH”.

Ante este panorama las cifras no sólo hablan de un índice de impunidad de las Fuerzas Armadas, sino del trasfondo histórico y político bajo el cual fue negociado el Fuero de Guerra después de la Revolución Mexicana, explica Paloma Mendoza Cortés investigadora en temas de seguridad nacional y fuerzas armadas.

Mendoza Cortés miembro del Centro de Estudios de Seguridad, Inteligencia y Gobernanza (CESIG) del ITAM, apunta que el fuero y la doctrina poseen un papel importante junto a la percepción de los militares respecto a la impunidad.

“Consideremos por un minuto el enfoque de los militares, por ejemplo, cierto abogado muy apreciado por las fuerzas armadas ha repetido en diversos foros que en México existe un porcentaje de impunidad del 90% en la justicia civil. Interesante. Los militares podrían interpretar esto dentro de un rango que va desde una sensación de incapacidad del Estado de Derecho, hasta un margen de acción del 90% para violar la ley sin el temor de ser castigado”, subraya.

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Entre la impunidad y estrategias de crimen para evadir justicia

Los datos del informe de la Sedena muestran que las apenas 23 sentencias impuestas reflejan un índice de impunidad del 93%.

Por otra parte, respecto a las 163 recomendaciones sólo en 73 de ellas existe personal militar que ha sido indiciado, procesado, sentenciado o absuelto, es decir sólo una de cada 2.

Sin embargo, para Edgar Ortiz Arellano, especialista en seguridad y catedrático de la UNAM, el hecho de que haya recomendaciones por parte de la CNDH no implica que exista la comisión de un delito, sino es una recomendación a una posible violación de derechos humanos.

Por otra parte, subraya que habría que revisar porque sólo algunos delitos tienen sentencia: “Eso lo tendrían que explicar las autoridades competentes en la materia, que determinaron qué hechos delictivos no eran objeto de ser sancionados conforme a derecho. Es decir, eso no significa que haya impunidad, simplemente que los delitos eran la presunción y no pudieron ser calificados como tales”.

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Sumado a esto, el académico, destaca que en los últimos años el crimen organizado ha utilizado la estrategia de acusar a las Fuerzas Armadas, de torturas, violación de derechos, y fabricación de delitos con el fin de evadir la acción de la justicia o entorpecer el proceso penal.

Pero los señalamientos contra el Ejército no sólo están en las recomendaciones.

Existen 12 mil 352 quejas atribuibles al personal a cargo del secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval, por diversos hechos violatorios como causar daño por uso arbitrario de la fuerza pública, detención arbitraria, incomunicación, intimidación, transgredir el derecho a la libertad sexual, trato cruel e inhumano, entre otras más, entre diciembre de 2006 al 15 de agosto de 2023.

Esto ubica a la Sedena en los primeros 7 lugares de denuncias en contra de dependencias gubernamentales en los últimos 9 años, de acuerdo a los indicadores del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos.

Pocos casos con sentencias

En julio de 2008, José Heriberto Rojas Lemus, fue detenido y torturado en un cuartel con descargas eléctricas para obtener información respecto a la muerte de un militar, más tarde fue asesinado e inhumado su cuerpo de manera clandestina.

Por ese hecho en abril de 2016 un juez federal de Chihuahua, condenó a 52 años al general Manuel de Jesús Moreno Aviña, al comprobarse su responsabilidad en los delitos.

Esa sentencia forma parte de las que muestra el informe de la Sedena. Otras 4 son por el abuso sexual de varias mujeres en Coahuila, en julio de 2006; 4 más, sin que se especifique el delito ni donde ocurrió; una más por la tortura en 2016 de una mujer a la que se introdujo una bolsa de plastico con el fin de obtener información, entre otras.

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Sin embargo, estas apenas son parte de 6 de las 163 recomendaciones.

Contrario a esto 12 elementos se encuentran prófugos por el “Caso Naco, Son”, el 3 agosto de 2007, en el municipio de Naco, Sonora, donde una persona fue detenida por personal militar, y después fue encontrada sin vida y con huellas de tortura.

Otro militar prófugo es acusado por efectuar una detención arbitraria en 2012, de 2 sujetos en Cuernavaca, Morelos, en la que una de las víctimas fue desaparecida y a la otra se le privó de la vida.

Pero los delitos no sólo se han cometido en contra de civiles, en algunos otros casos el personal militar también ha sido víctima de sus propios compañeros o mandos.

Uno de estos es el ocurrido apenas el 24 noviembre de 2020, donde un elemento de tropa falleció en una instalación militar por broncoaspiración, y en el que un oficial se encuentra profugo desde esa fecha. Ante el hecho el hermano de la víctima denunció que la Sedena se negó a proporcionarle las circunstancias que causaron el deceso.

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