El ministro de la Suprema Corte, Javier Laynez Potisek, defendió su resolución de conceder la suspensión al INE, en contra de las llamadas reformas electorales, conocidas como Plan B.

Aseguró que no lo hizo para preservar las funciones operativas, administrativas y laborales del INE, como aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino para no transgredir los derechos fundamentales de la sociedad en general y salvaguardar el sistema democrático.

Este lunes, la Suprema Corte difundió la resolución del ministro Laynez Potisek en el que se explica que en la controversia constitucional que presentó el INE, el organismo solicitaba la suspensión del decreto publicado el pasado 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, con las llamadas Reformas Electorales.

El INE solicitó la suspensión de los artículos relacionados con:

• Que el Congreso de la Unión no realice consultas previas a las comunidades indígenas y afroamexicanas y a las personas con discapacidad.

• El despido masivo del personal, para garantizar el acceso a los derechos políticos electorales y los derechos laborales del personal del instituto.

• Que se detengan los efectos perjudiciales del Secretario Ejecutivo del INE.

• No se expida un nuevo Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal Administrativo, que implique reducir los derechos laborales.

• Que no se extingan los fideicomisos y,

• Que se mantengan los salarios, prestaciones y remuneraciones adicionales o extraordinarias.

En su resolución, el ministro Laynez Potisek explica que, según lo estipulado en el decreto se vulneran no sólo los derechos humanos laborales de los servidores públicos que integran el INE, sino también los derechos fundamentales de la ciudadanía para que el INE organice elecciones libres, auténticas y periódicas, bajo los principios de certeza, legalidad e independencia, lo que impedirá el efectivo ejercicio de los derechos políticos electorales.

Se explica que, para evitar la posible disminución de la capacidad operativa del INE y, con ello, salvaguardar el sistema democrático nacional, se impone el otorgamiento de la medida cautelar de la totalidad del decreto impugnado, hasta que se resuelva en definitiva la controversia constitucional.

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Con información de Mario Torres N+

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