En Coahuila, cientos de familias dependen de las minas, mientras la explotación deja a su paso un sistema corrupto y cientos de trabajadores enfermos.
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Heradio Hernández sabe cuándo baja a la mina, pero nunca si saldrá. Hasta hoy, siempre lo ha logrado. Para él, meterse en un agujero para extraer carbón forma parte del mandato familiar. Su bisabuelo fue minero. Su abuelo fue minero. Su papá fue minero. Él entró por primera vez con 15 años. Más de tres décadas después, a las puertas de los 50, sigue descendiendo cada día a 200 metros bajo tierra para dirigir a un puñado de hombres que se juegan la vida arrancando el carbón de la roca.
México se comprometió a abandonar el carbón como fuente de energía. Si eso se cumple, el trabajo de Hernández entraría en vía de extinción. Pero los compromisos internacionales de México, bajo tierra, no son más que intenciones. Aquí se sigue extrayendo carbón y se sigue vendiendo para que el Estado produzca electricidad.
“Según yo tengo entendido, quieren terminar con la minería. Mucha gente se quedaría sin trabajo”, dice Hernández, que actualmente es responsable de un yacimiento muy cerca del municipio de Las Esperanzas, Coahuila. En la mina lo conocen como Wacho porque fue militar, aunque eso fue hace muchos años, antes incluso de que la violencia se apoderara del norte de México. Para él, el verdadero peligro es el gas que puede sorprenderle a uno al interior de la tierra o una piedra que pudiese abrirle la cabeza a traición.
Aquí en la región carbonífera de Coahuila, en el norte de México, la profesión se hereda y se lleva con orgullo. A pesar de los accidentes, los muertos, las enfermedades. Tampoco hay mucha alternativa. En las últimas décadas, el carbón fue el sustento de cientos de familias en esta zona y llegó a representar más del 3% del PIB del estado la década pasada, según un análisis de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Ahora que México se plantea abandonarlo por formas menos contaminantes de generar energía, se extiende la incertidumbre.
La situación es paradójica. Hay familias que dependen de que el sistema de extracción y venta de carbón siga funcionando. Al mismo tiempo, existe un sistema que recibe denuncias de clientelismo y corrupción. Y, en medio, cientos de trabajadores que sufrieron accidentes o enfermaron, tanto al interior de las minas como en las plantas estatales de la CFE.
“Uno sabe cuándo entra, pero no cuándo sale”, repite Hernández, sentado en uno de los túneles que conectan las dos principales vetas. De fondo se escucha el clac-clac-clac del aire comprimido que llega desde el exterior y el ta-ta-ta-ta-ta del taladro con que se saca el carbón de la pared. Conforme se baja, apenas se puede ver nada, más allá de la iluminación con la lámpara del casco, como una espada láser que permite apreciar flotando las partículas de carbón que se aferran a los pulmones de los mineros.
El carbón que extraen Hernández y sus compañeros se quema en Nava, un municipio a 100 kilómetros de la mina, muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Ahí se sitúan dos de las tres termoeléctricas a base de carbón que operan en México: la José López Portillo (con una capacidad instalada de 1,285.09 MW, lo que supone el 2% del total del país) y Carbón II (capacidad instalada de 1,285.09 MW, el 2,2% del total del país). La otra es la termoeléctrica Presidente Plutarco Elías, en Petacalco, Guerrero, a orillas del océano Pacífico y con una capacidad instalada de 2,778 MWH, lo que le permitiría aportar el 10% de la producción total nacional de electricidad y que la convierte en la mayor planta de este tipo de toda América Latina. Esta última no recibe carbón nacional, sino que se importa principalmente desde Colombia, donde lo produce una filial de la multinacional suiza Glencore. Ninguna opera a su capacidad, sino como plantas de respaldo para el sistema eléctrico.
México ha usado carbón para generar energía eléctrica al menos durante las últimas cuatro décadas y ahora esa historia debería estar llegando a su fin. En su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC en inglés), que es el plan de implementación del acuerdo climático de París a cinco años, el gobierno mexicano se comprometió a “desmantelar progresivamente las operaciones de minería de carbón” y a “desarrollar un plan para el retiro programado y sustitución estratégica de centrales termoeléctricas y de menor desempeño ambiental” por fuentes de energía menos contaminantes. Pero no tiene una fecha exacta ni plantea aún acciones concretas.
Y este es un asunto que está directamente en sus manos. Las tres termoeléctricas son propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una empresa del Estado que tiene el monopolio de la producción, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Para hacerlo, compra carbón a empresas privadas de Coahuila y a mineras transnacionales mediante procedimientos similares a los que siguen las compras del gobierno. Es decir, en México la iniciativa privada no produce energía carboeléctrica, solo lo hace el Estado, pero sus planes de descarbonización son ambiguos.
Lo explica Jorge Villarreal, director de política climática de Iniciativa Climática México, una ONG que viene haciendo seguimiento a la descarbonización. “No tenemos una meta así específicamente. Hay una mención de poder avanzar en la salida de fuentes fósiles y sí hay una mención —y esto es muy importante resaltarlo— de una mayor penetración de energías renovables”, afirma.
Los detractores del carbón denuncian el impacto al ambiente de sus emisiones, así como el daño que provoca a la salud. Pero aquí, en Coahuila, donde la minería es una forma de vida, temen que cerrar esa producción afecte su futuro. En esta región, cientos de personas viven y enferman a causa del carbón, que se extrae, principalmente, para generar energía. Respirar sus partículas los condena, pero carecen de alternativas. El 99% del carbón del país se produce en esta zona. Hay municipios como Juárez, donde 88% de su territorio está concesionado a mineras de carbón.
Heradio Hernández sabe que sus pulmones pueden estar dañados y no niega que siempre algo puede salir mal (en los últimos 25 años, al menos 250 mineros perdieron la vida en accidentes en la región, con siniestros marcados en la memoria como la muerte de 66 trabajadores en Pasta de Conchos en 2006). Por eso, asegura que él será el último de su saga en dedicarse a la minería, que sus hijos ya no se jugarán la vida bajo tierra.
“No me gustaría que mi hijo anduviera aquí arriesgando su vida. Ahorita, como quiera, hay otras fuentes de trabajo que antes no había. Por eso la gente empezaba a trabajar desde muy chica aquí y había más necesidad. Ahorita está como un poquito más relajado”, dice.
Pero Hernández es una excepción. En municipios como Sabinas, Berroterán, Progreso o Múzquiz, la extracción de carbón sostuvo a cientos de familias durante décadas. Y no parece que nadie haya pensado en qué hacer con ellas en caso de que la CFE deje de comprar carbón en esta zona. En los acuerdos climáticos internacionales firmados por México se habla de pensar en una transición justa, lo que implicaría tomar en cuenta a las personas que actualmente trabajan en el carbón y planear su acomodo en otros sectores productivos. A día de hoy, no hay ningún plan que tenga en cuenta la supervivencia de estos trabajadores.
A la ausencia de una planificación para dejar el carbón, se suman los daños provocados por la generación de energía en empleados y pobladores, y la existencia de un sistema clientelar que se aferra al uso del mineral. Estos son los hallazgos más importantes de este reportaje de N+ Focus que forma parte de la investigación colaborativa y transfronteriza Las Ruinas del Carbón sobre el fin de la energía a base de carbón en América Latina, que lidera el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y que reúne a doce medios de la región.
Una incógnita pese a las promesas
La pregunta de por qué México no abandona definitivamente el carbón no tiene una respuesta sencilla. En realidad, el gobierno federal tiene todo en su mano para cumplir con los compromisos ambientales. En los últimos años, el mineral ha servido para producir entre el 5 y el 2% de la energía generada en el país, según datos de la Secretaría de Energía. La mayor parte de la electricidad, entre el 75% y el 85%, se obtiene de fuentes fósiles, como el gas natural (45%-55%), a través de plantas de ciclo combinado, o el combustóleo o fuel oil (25%-35%), que es un subproducto del petróleo. Las energías limpias alcanzan un máximo del 25%.
El uso de carbón para generar energía varía cada mes, lo que implica que se utiliza más como respaldo que como una fuente fundamental para sostener el sistema. Eso debería permitir al gobierno federal abandonar el mineral y optar por otras fórmulas. Pero no lo hace.
Durante años, la principal beneficiada de los contratos de suministro de carbón fue Minera del Norte, S.A., que formaba parte de Altos Hornos de México (AHMSA) y que proveía 70% del carbón que compraba CFE. El pleito entre su dueño Alonso Ancira y el expresidente Andrés Manuel López Obrador derivó en que la paraestatal cancelara sus contratos, llevando a la empresa a declararse en quiebra y dejar sin empleo a unas 14 mil personas. Muchos terminaron trabajando en pozos y cuevas, el último escalafón de la minería, agujeros en la tierra sin control de las autoridades y con mayor riesgo de accidentes.
En 2025, CFE realizó la última compra de carbón para las plantas de Coahuila. En total, pagó 12 mil millones de pesos (unos 691 millones de dólares) por más de 10 mil toneladas de mineral, en contratos divididos para 26 empresas, que debían entregar el mineral en los siguientes dos años.
El diputado local Antonio Flores, del Partido del Trabajo (PT), denunció supuestas irregularidades en la licitación. Lo paradójico es que él mismo, cuando fue proveedor de CFE entre 2020 y 2024, fue acusado de amañar los contratos, especialmente cuando sufrió un accidente de tránsito en 2024 mientras conducía un Lamborghini.
Investigaciones periodísticas afirmaron que Flores y su hermana Tania ganaron más de 3 mil millones de pesos (unos 172 millones de dólares) en contratos de la paraestatal. Y una fuente que habló con esta alianza periodística bajo la condición de resguardar su nombre, por temor a represalias, sostiene que ni siquiera disponía de la infraestructura adecuada para vender el carbón. Lo que el diputado hacía, dijo esta fuente, era contratar a empresarios que tenían licencia de extracción, pero que no habían conseguido su propia concesión minera.
Esta alianza periodística buscó a Flores por mensajes de texto y llamadas telefónicas para entrevistarlo, pero este no respondió a la llamada telefónica que había acordado con los reporteros en abril.
Durante años también hubo señalamientos de que la CFE compraba una mezcla ilegal de carbón y tierra, por debajo del nivel que debía exigir, lo que aumentaba la cantidad de carbón necesaria para generar electricidad y engordaba el bolsillo de los productores. Otra fuente que habló a condición de anonimato, por miedo a represalias, aseguró que hace años era el crimen organizado el que colocaba carbón irregular en la paraestatal. Recordó que hace más de una década, el trabajador a cargo de revisar los porcentajes del carbón fue asaltado por personas armadas, que dispararon contra su vivienda para obligarle a autorizar que el carbón alterado se usara en la termoeléctrica. Ahora, según esta fuente con muchos años de experiencia en la CFE, son funcionarios públicos del estado de Coahuila los que gestionan estos tratos corruptos con carbón. Esta alianza periodística solicitó, vía Ley de Transparencia, los estudios que la CFE debería hacer diariamente a los cargamentos de carbón. La paraestatal respondió que la información no existe.
N+Focus revisó auditorías internas al proceso de compra y obtuvo el listado de mineras inspeccionadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y detectó que al menos cuatro empresas de las que son accionistas el alcalde de Sabinas, José Feliciano Díaz Iribarren, o familiares suyos, recibieron contratos de CFE por más de 1,500 millones de pesos (casi 86 millones de dólares) a pesar de haber reprobado inspecciones laborales entre 2019 y 2023. Se trata de Comercializaciones Industriales Dizna, SCI Edificaciones, Minerales La Florida y Morales Mining.
Durante este periodo tampoco cumplieron con la normativa laboral Fervim Ingeniería e Infraestructura Minera Catemaco, que recibieron contratos por parte de la CFE por casi mil millones de pesos (algo más de 57 millones de dólares).
La acusación se ha repetido muchas veces antes: que la venta de carbón engordó las cuentas de caciques locales, siempre vinculados al poder político. Ocurrió desde la privatización del mineral, ocurrida en los años 90 del siglo pasado. Una de las personas más señaladas fue Alonso Ancira, exdirector de AHMSA y cercano al expresidente Enrique Peña Nieto; y en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, las sospechas cayeron sobre el exsenador Armando Guadiana, ya fallecido, y el diputado local Tony Flores. Flores fue conocido como Lord Lamborghini después de que en octubre de 2024 fuera filmado manejando un vehículo de alta gama y en junio de 2026 fue detenido junto a su hermana, Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, por insultos a la autoridad.
Tras la última venta pública, las denuncias apuntan al empresario Régulo Zapata, hijo de un exalcalde y primo político del actual alcalde Díaz Iribarren.
“La clave del carbón es el control político. Históricamente, el carbón siempre estuvo ligado a alcaldes, gobernadores”, dice la activista Cristina Auerbach, directora de la organización Familias de Pasta de Conchos y una voz inagotable en defensa de los derechos de los mineros. Recuerda que ya Rogelio Montemayor, gobernador de Coahuila entre 1993 y 1999, tenía negocios en las minas. Y que este fenómeno se ha repetido hasta la actualidad.
“Antes era un negocio de priistas, ahora lo es de morenistas”, afirma.
Esta es la sospecha que explica por qué se mantiene la producción de carbón en la zona: que sirva para sostener una región a la que no se han ofrecido alternativas.
Pulmones envenenados
En octubre de 2019, representantes de la Unión Mexicana de Productores de Carbón y la Unión Nacional de Productores de Carbón, que agremian a las principales productoras de carbón, sostuvieron una reunión con la Comisión de Energía del Congreso de la Unión para abordar el futuro económico de la región. No dejaron más registro sobre el contenido de la reunión que la lista de asistencia de los participantes.
Durante años, las licitaciones de CFE fueron el principal medio de ganarse la vida en la zona. Todo el mundo aspiraba a trabajar en las minas o en las carboeléctricas. Esto tuvo consecuencias para miles de personas, que enfermaron trabajando en ambos destinos.
La exposición al carbón usado en las termoeléctricas de la CFE afectó los pulmones de sus trabajadores. El gobierno federal lo supo cuando algunos empleados llevaron los casos a la justicia y la paraestatal se limitó a pagar indemnizaciones a quienes ganaron los juicios. Por el contrario, habitantes de municipios como Nava o Allende dicen que nunca se les ha informado de los riesgos de vivir expuestos a las cenizas del carbón, reconocidos en estudios de calidad del aire del propio gobierno.
Baldemar Portillo trabajó 30 años en la carboeléctrica José López Portillo. Hasta que le fue diagnosticada neumoconiosis, conocida también como “enfermedad del pulmón negro”.
“Siempre tenemos algo en la nariz, como flemas (...), nos cansamos y nos agitamos. Y dices: 'Bueno, pues a lo mejor es falta de condición', pero en realidad es una secuela de todo el carbón que respiramos”, explica el extrabajador, que vive en Allende, un municipio a 17 kilómetros de las termoeléctricas.
Trabajar en CFE era el sueño para muchos habitantes de la región porque significaba trabajar para el Estado, con buenas prestaciones y la perspectiva de seguridad en el empleo. Tenía una contraparte que nunca les advirtieron: trabajar con carbón también elevaba la probabilidad de enfermar.
“En todos los trabajos hay una secuela de algo, ¿verdad?”, se resigna.
Tanto Baldemar como sus compañeros normalizaron su enfermedad hasta el punto de asumir que era un precio que había que pagar. Hasta que comprendió el alcance del daño que padece.
“Te afecta emocionalmente, primero que nada, porque dices: 'Oye, me voy a morir'. Bueno, todos nos vamos a morir, pero al final de cuentas como que eso te acelera que te vayas a morir más pronto… Digo, eso es lo que piensas”, explica.
El doctor Luis Ignacio Medina Cepeda, que consulta en Saltillo, Coahuila, revisó a cientos de empleados de la CFE. Sus informes sirvieron para que se les reconociera legalmente su incapacidad.
“En veintitantos años revisé unas 5000 personas. De ellas, el 80 o 85% de las personas tienen ese tipo de enfermedad, pero a diferentes grados”, dice.
“Esta enfermedad es producida por una reacción química que produce el carbón micronizado en el pulmón. Produce un proceso inflamatorio y hace que el pulmón se haga duro y la persona empiece con dificultades respiratorias”, explica el médico. “Hay personas que han llegado a tener procesos respiratorios tan severos que se complican con enfermedades cardiopulmonares y fallecen”. No hay datos sobre cuántas personas podrían haber muerto a causa de su trabajo.
A pesar de estas evidencias, la CFE trató de eludir el pago de las pensiones, por lo que los trabajadores recurrieron a la justicia. Existen decenas de sentencias en las que tribunales laborales les dieron la razón y culpan a la paraestatal de la enfermedad.
En una sentencia de mayo de 2022, los jueces del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito determinaron que la enfermedad fue resultado “de la acción continuada y exposición en el medio ambiente” y que los trabajadores “no pueden continuar desempeñando las labores inherentes a su puesto de trabajo, ya que su ambiente laboral está contaminado”.
Años después, en 2025, la Secretaría del Trabajo detectó irregularidades en el uso de equipo de protección personal en la central José López Portillo.
El daño a la salud no se limita a los trabajadores. La Secretaría de Energía reconoce que las emisiones también impactan a quienes viven en municipios como Nava o Allende, e informes elaborados en Estados Unidos indican que los tóxicos llegaron hasta el Parque Nacional Big Bend, a más de 250 kilómetros en Texas.
Esto tiene una afección directa sobre la salud de los pobladores.
N+ Focus analizó bases de datos de la Secretaría de Salud entre 2010 y 2025 y encontró que los habitantes de los municipios que rodean a las termoeléctricas de Nava figuran con un 70% más de casos de enfermedades pulmonares y 92% más de asma que los de otros municipios del estado. Las afecciones pulmonares coinciden con la zona expuesta al polvo de carbón, así como los lugares con mayor concentración de empleados, tanto de la CFE como de las minas explotadas en la zona.
Petacalco, la eterna lucha de un pueblo contra la carboeléctrica
Algo similar ocurre en Petacalco, una comunidad pesquera del estado de Guerrero, en el océano Pacífico. Ahí, la CFE opera desde 1993 la termoeléctrica a carbón Plutarco Elías Calles, la más grande de América Latina y la única en México diseñada para operar con carbón y combustóleo. Ahí, las protestas comenzaron desde que se encendió la central.
“Al principio fue por el dinero. No sabíamos exactamente qué nos iba a causar todo esto”, admite José Manuel Baldovinos, conocido en la comunidad como “El Chicle”.
Hoy cuida el campo de fútbol de la unidad deportiva de Petacalco, pero hace 30 años Baldovinos era líder de una de las cooperativas de pescadores que lograron indemnizaciones de la CFE por el impacto de la construcción de la carboeléctrica sobre su actividad. Ese dinero benefició a unos cuantos y se acabó pronto.
‘La termo’, como la llaman los pobladores, sigue operando y la magnitud de sus daños ha crecido. Y aunque pescadores y ciudadanos han marchado, bloqueado casetas y caminos y acampado durante meses en los accesos a la planta, exigiendo mejores condiciones de vida, defendiendo al medio ambiente y su salud.
“Si hubiéramos sabido el daño que iba a hacer todo esto, nos juntamos todo el pueblo y no permitimos que hagan ese monstruo ahí”, dice El Chicle.
El análisis de los registros sanitarios de la última década hecho por N+Focus muestra que, en comparación con el resto del estado, el área de influencia de la termoeléctrica, hay 32% más incidencia de enfermedades respiratorias, otitis o conjuntivitis, relacionadas con la exposición a las cenizas de carbón con una mayor carga de azufre.
Los registros no incluyen cánceres, a los que la gente de Petacalco atribuye una tasa de muertes muy alta para una población tan pequeña y que causaron que El Chicle sepultara a su esposa hace 23 años.
“Nomás en esa semana se fueron nueve. Mi cuñada va a cumplir apenas dos años que falleció, otra vecina apenas acaba de fallecer, también cáncer”, cuenta.
La historia se repite entre otros pobladores, como el sastre Benito Gutiérrez, quien vive a unos 500 metros de la termoeléctrica.
“Mi esposa murió de un infarto. A mí, primero me dio un infarto y dos veces me ha dado cáncer. Muchas personas tienen problemas de diabetes, del corazón (...) porque todo está contaminado, todo está lleno de ceniza”, dice.
El Estado ha ignorado el posible daño a la salud de las personas vecinas de la termoeléctrica Plutarco Elías Calles.
Apenas en 2023, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) detectó que los habitantes de Petacalco estaban expuestos a concentraciones de contaminantes ocho veces superiores a los niveles que la Organización Mundial de la Salud (OMS) asocia con efectos cardiopulmonares y mortalidad por cáncer de pulmón.
Funcionarios federales y estatales se habían comprometido a visitar Petacalco del 9 al 13 de marzo de 2026 para censar a las personas enfermas y calcular los costos de un estudio de calidad del aire. Ningún funcionario acudió.
Dos semanas después, una brigada del Instituto Estatal de Cancerología realizó estudios para detectar cáncer de mama o cervicouterino en mujeres de la comunidad. Ese tamiz, junto con el de cáncer de próstata en hombres, son realizados gratuita y periódicamente en la Unidad de Salud de la comunidad, confirmó el personal a los reporteros.
Es decir, aunque sabe que la operación de la carboeléctrica representa un riesgo de cáncer pulmonar y de otros tipos para los petacalquenses, el Estado no monitorea la incidencia de esas enfermedades y sí hace dos veces el gasto en la detección de otras enfermedades que no están relacionadas.
La CFE es la única responsable de medir las emisiones contaminantes de sus instalaciones de generación de energía. Sin embargo, mantiene los resultados en secreto, negándose a hacerlos públicos, aun después de reiteradas solicitudes de información que le envió esta alianza periodística.
En Petacalco, reservó por 5 años los resultados de más de 40 informes de medición de emisiones realizados entre 2020 y 2025, que incluyen tanto el uso de carbón como de combustóleo, porque están bajo litigios administrativos en Tribunales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). En Carbón II, emitió 20 informes, pero los reservó por motivos de “seguridad nacional y seguridad pública”. Y en Nava “no encontró” informes de muestreo y análisis de emisiones practicados en esos años.
“Jamás va a aceptar que existe esta contaminación de la Comisión Federal”, se lamenta El Chicle.
Primero el daño ambiental, después generación de energía
Desde su construcción, las termoeléctricas han funcionado bajo un manto de opacidad. La Comisión Federal de Electricidad publica cuánta energía producen, pero no cuánto contaminan el agua, el aire o afectan los ecosistemas. Y así ha sido siempre.
En Petacalco, por ejemplo, desde 1980 se supo de los impactos ambientales que la termoeléctrica podría tener sobre el territorio y la comunidad, pero los minimizó.
Aunque comenzó a construir la termoeléctrica en 1983, solo presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto hasta marzo de 1990. Muchos impactos ya eran irreversibles: había talado 144 hectáreas de manglar y huertas de palma cocotera, mango y papaya. Había desviado un brazo del río Balsas y arrasado el hábitat de especies en algún grado de peligro, como la tortuga golfina de playa u olivácea, y el tigrillo o margay. Pero catalogó esos impactos como no “de gran significación” porque sostenía que la zona –poblada hacía apenas 50 años– ya estaba impactada por sus pobladores.
“Resulta ser (impacto) negativo no significativo, dado el alto nivel de afectación faunística que ya existía en esta zona debido a la caza desmedida de especies y a la influencia de la población de Petacalco que, por su franca cercanía a este sitio, ejercía una fuerte presión a las especies”, anotó.
A la fecha del estudio de impacto ambiental, CFE carecía de información sobre la toxicidad potencial de las cenizas porque, según argumentó la paraestatal, aún no sabía de qué país importaría el mineral. Y aunque reconoció que el uso de combustóleo y carbón impactaría significativamente el ambiente y la salud de la población, propuso medidas de mitigación.
“Se instalarán precipitadores electrostáticos con 99.25% de eficiencia para retener las partículas y una chimenea de 120 metros de altura para que, aprovechando los mecanismos naturales de difusión por el viento, las concentraciones de SO2 no excedan las normas de calidad del aire”, señaló.
Hoy, esa chimenea dispersa las cenizas sobre el campo de fútbol que Chicle cuida para que entrenen Los Mollitos, el equipo infantil de la comunidad.
“En las tardecitas o en la noche, que no hay aire, el humo todo se viene hacia abajo. Aquí, las casas, aquí el campo… Mi nieto juega en Los Mollitos, pero le dijo el doctor que no se agitara porque siente que se ahoga”, cuenta el abuelo.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) inspeccionó la planta hasta 1992 y descubrió que CFE había construido seis unidades, en lugar de las cuatro que incluía la MIA, lo que aumentaba los impactos ambientales contemplados originalmente. Halló que tres de los puentes sobre los canales del río Balsas fueron construidos sin autorización y que la mayoría de los impactos ya eran irreversibles.
El estudio de impacto ambiental concluyó que la termoeléctrica tendría un “balance impacto-desarrollo” positivo para la comunidad y la región, pues generaría empleos y abastecería de energía al Puerto Industrial Lázaro Cárdenas, en plena bonanza. Advertía que, frente a la demanda que la obra detonaría, los servicios públicos y de vivienda disponibles en Petacalco serían insuficientes.
Y lo siguen siendo. Además de un sistema de alcantarillado deficiente y un acceso a servicios de salud apenas básico, una de las quejas más sentidas de los pobladores en 2026 sigue siendo por qué ellos, que ponen todo para que ‘la termo’ genere energía eléctrica, pagan una tarifa tan cara.
“En mi casa (...) son $1,300, $1,600 (unos 92 dólares) cada dos meses. En el caso de mi mamá, tiene dos foquitos, nada más, y le llega de $900, a veces $1,050. Y no hay uno aquí que diga que el recibo le llegó barato”, cuenta Chicle.
Lo que reclaman los petacalquenses no es más que lo que CFE prometió de su proyecto: que la energía generada con carbón produzca progreso y bienestar sin apostar el futuro de las nuevas generaciones.
Futuro incierto
El expresidente Andrés Manuel López Obrador instruyó en 2020 al entonces director general de CFE, Manuel Bartlett, a realizar una compra de carbón a los pequeños productores de Coahuila. Diversas organizaciones civiles cuestionaron los 60 contratos y advirtieron que el gobierno mexicano estaba recuperando la energía fósil, lo que implicaría un retroceso en los compromisos ambientales adquiridos por el país.
No obstante, en los últimos 15 años la generación de carbón cayó de forma sostenida, con un pequeño repunte en 2022, según cifras de la CFE y la Secretaría de Energía. En 2010, durante el gobierno de Felipe Calderón, el mineral sirvió para generar 35 mil 371 GWH, lo que supone cerca del 14% de los 271 mil 883 GWH del total generado en el país. En 2024, el año de transición entre López Obrador y Claudia Sheinbaum, fueron apenas 12 mil 958 GWH de 352 mil 305 GWH, lo que supone poco más del 3.5% de la generación eléctrica total.
Muchos informes sobre el sistema eléctrico hacen mención a la progresiva descarbonización. El Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico (Prodese) 2018 marcaba en 2029 el cierre de operaciones de las cuatro chimeneas de la central Carbón II de Coahuila, sin ofrecer más detalles. N+Focus preguntó a la CFE sobre sus planes de cierre o reconversión de las carboeléctricas, pero la paraestatal aseguró no tener ningún documento sobre el tema. Es decir, más allá de las promesas, solo hay aparente buena voluntad.
Además, también existen contradicciones. El penúltimo informe contable de la CFE indica que en 2024 se consumió casi 20% más de carbón que en 2023, sin dar más detalles.
“Para no incrementar más las emisiones y no incrementar más la temperatura promedio de la Tierra, la generación de energía eléctrica tiene que descarbonizarse aceleradamente y, para ello, no debe haber en México generación de energía eléctrica (a partir de carbón) a partir del 2030”, dice Jorge Villarreal de Iniciativa Climática México.
La caída del volumen de negocio ha provocado también una crisis en la región carbonífera.
Carlos García, de 40 años, lo explica desde una mina abandonada en Múzquiz. La bocamina fue tapiada; los barracones están vacíos y los cascos con su lámpara y las pistolas están cubiertos por una capa de polvo. Aquí los más activos son los perros famélicos que deambulan por las instalaciones y tres o cuatro empleados que se mantienen para vigilar el material.
Tres años atrás aquí trabajaban casi 400 personas. Pero los contratos dejaron de llegar y nadie pensó en el último eslabón de la cadena.
“Aquí en la región casi todos trabajan en la mina, están acostumbrados a trabajar en la mina, pero pues se están acabando las minas y con ellas los pueblos; la gente se está yendo a otras partes”, dice.
La falta de inversiones alternativas condena a las familias al abandono. Al mismo tiempo, el debate sobre descarbonización no alcanzó a sus grandes protagonistas: las personas que se jugaron la vida o expusieron sus pulmones para sostener la industria o la energía del país. Las autoridades, tanto estatales como federales, apuntan al fracking, la extracción no convencional de gas natural, como posible alternativa. Pero no hay planes concretos y esta opción también es cuestionada por científicos y técnicos ambientales.
Sin planes sobre el terreno, la región que más pagó las consecuencias del carbón teme ser abandonada.
Con información de Jennifer González, Alberto Pradilla y Paul Ramírez.
Las Ruinas del Carbón es un proyecto liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en alianza con Agencia Ocote (Guatemala), Baudó Agencia Pública (Colombia), Concolón (Panamá), Contracorriente (Honduras), La Nación (Argentina), Matinal (Brasil), N+ Focus (México), Raíz Climática (República Dominicana), Reportea (Chile), Climate Tracker América Latina y Mongabay Latam sobre la salida de la energía a base de carbón en América Latina. Revisión legal: El Veinte.