Una de las exigencias del sector agrícola para sumarse en protesta a transportistas tiene que ver con la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales; conoce de qué se trata y qué reclamos hay
Una de las exigencias en las manifestaciones de productores del campo, apoyados por transportistas, tiene que ver con la iniciativa para expedir una nueva Ley General de Aguas, pero, ¿de qué se trata o por qué es rechazada por el sector agrícola? En N+ te contamos los aspectos más relevantes del tema.
La reforma fue enviada a la Cámara de Diputados por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 1 de octubre, pues se busca modificar la Ley de Aguas Nacionales que está vigente desde 1992.
Según las autoridades, el objetivo principal es garantizar el derecho humano al agua y fortalecer la rectoría del Estado sobre el recurso hídrico.
La presidenta ha dicho que en la época neoliberal se estableció el agua como "una mercancía" transmisible y vendible entre privados. Lo que llevó a un "descontrol en las concesiones" porque no se notificaba a Conagua de la cantidad utilizada, algunas veces, de forma excesiva.
El proyecto pretende ordenar el uso del recurso en el país, debido a que es escaso en el centro y norte del territorio nacional. De ahí que se plantea que ya no se transmitan títulos de concesión si hay cambio de uso de suelo.
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La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha reportado algunos puntos centrales de la iniciativa, referente a permisos de explotación, comercio del recurso, así como el consenso para establecer qué debe cambiarse.
Se busca lo siguiente:
En primer lugar, indicaron que se logrará tener un sistema de concesiones ordenado, transparente y con plena certidumbre para los usuarios. El Estado mexicano será el único responsable de regular y garantizar el uso del agua.
Acabar con el "mercado negro" del agua y que no sea vendida a particulares a costa del derecho de la mayoría. Es decir, evitar que aquellos que obtengan el líquido gratis puedan comercializarlo.
Crear un capítulo de delitos hídricos como la explotación, extracción y traslado ilegal de aguas nacionales, actos de corrupción cometidos en el otorgamiento de títulos de concesión y en trámites, desvío ilegal del flujo o cauce natural. Las penas van de 1 a 10 años de prisión y de 300 a 4 mil días de multa.
Eliminar prácticas de "acaparamiento" por la concentración de concesiones y grandes cantidades de agua, en contraste con el desabasto en comunidades y para actividades de pequeños y medianos productores. Se limitará el pago de la cuota de garantía a un máximo de 5 años.
Garantizar el binomio "tierra-agua" para que los títulos de concesión puedan ser heredados con el mismo volumen, para el mismo uso y con la vigencia del título original. Lo mismo en casos de compraventa. Toda prórroga pasará por el análisis de la autoridad. Se crea un nuevo Registro Nacional del Agua.
Fortalecer el procedimiento para la imposición de sanciones y multas. Se incrementan las sanciones.
Implementar mecanismos más fortalecidos para medir el uso del agua y restablecer la regulación correspondiente para la captación de agua pluvial.
La oposición a algunos aspectos de la iniciativa se dio por parte de la Confederación Nacional Campesina (CNC) de Aguascalientes la semana pasada, a través de su líder, Carlos Estrada Valdez.
En una conferencia, el priista dijo que la propuesta "lastima la ya golpeada economía en el campo", debido a que genera "incertidumbre jurídica" para miles de productores.
Las críticas:
La reforma desaparece la figura de transmisión de derechos de agua, esto significa que ya no se podrán heredar, ceder los derechos de agua.
Las prórrogas de las concesiones serán un problema burocrático, pues reducen el tiempo de uso de vigencia y forma facilitarían sus trámites.
De ser aprobada tal como está redactado, se corre el riesgo de judicializar como "delito hídrico" lo que históricamente ha sido de carácter administrativo.
El dirigente de la CNC adelantó que su bancada buscará cambiar los puntos que considera que no pueden establecerse en la Carta Magna.
En su mañanera de este martes 25 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que las protestas contra la nueva Ley de Aguas buscan preservar privilegios.
Asimismo, señaló que el Gobierno ha invertido recursos públicos en la tecnificación del riego para reducir el consumo agrícola y mejorar la productividad. A cambio, pidió que los productores devuelvan a la Conagua el volumen de agua que ya no utilizarán, para destinarlo al abastecimiento humano.
Aseguró que algunos se niegan e incluso venden agua a municipios pese a no pagar derechos por ser uso de riego, lo que calificó de injusto.
En una conferencia el mismo 25 de noviembre, el diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, dijo que derivado de los foros de análisis, prevén hacer modificaciones a las dos leyes de aguas.
Explicó que uno de los temas recurrentes es el de las concesiones y las herencias. Aceptó que las preocupaciones son legítimas, pues se han abordado aspectos sobre el registro denominado Registro Público del Agua.
La iniciativa fue discutida en comisiones y no ha sido dictaminada. Las audiencias del tema en la Cámara de Diputados concluyeron el pasado 21 de noviembre.
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