Delito para Regular el Uso de la IA y Evitar la Manipulación Digital Se Usa para Censurar en SLP

En San Luis Potosí avanza una acción judicial contra periodistas, creadores de contenido y funcionarios locales por su presunta participación en el delito contra la dignidad humana. El delito fue incluido en noviembre pasado, en noviembre del año pasado, en la legislación local para regular el uso de la inteligencia artificial y evitar la manipulación digital. Ese era el propósito, dijeron, pero se ha aplicado como herramienta de censura y de intimidación. Los implicados sostienen que la acusación es ambigua y amenaza su libertad de expresión. En la investigación de la fiscalía local se piden órdenes de aprehensión para otras siete personas, entre ellas la periodista putosina Anaí Torres, quien acusa que no ha tenido acceso total a la carpeta de investigación y señala que el caso podría estar relacionado con la difusión en medios sociales el año pasado de un video que vincula al gobernador Ricardo Gallardo con un grupo criminal. Públicamente, el gobernador dijo que el video había sido manipulado con inteligencia artificial. Semanas más tarde, se reformó el Código Penal Local a fin de regular el uso de la inteligencia artificial y evitar la manipulación digital para construir contenidos simulados con apariencia de autenticidad. Todos estos delitos que se integraron el 14 de noviembre son muy amplios, son muy ambiguos y tienen como núcleo el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito digital. Esto es muy amierto, muy desaseado. Anai Torres rechaza haber intervenido en la elaboración o difusión del material y sostiene que la demanda viene desde el gobierno local. La senadora Ruth González Silva es la esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien nos denuncia. La Fiscalía Potosina dijo que la identidad de la persona denunciante se encuentra reservada y que investiga los hechos sin distinción de profesión. No hay una situación de que nos hayan dicho que hayan sido periodistas, es un delito contra la dignidad. Organizaciones sociales exigieron la liberación de los comunicadores. Queda la duda, una, si hicieron los videos y si sí los hicieron, bajo qué premisas están diciendo que lo hicieron con inteligencia artificial. No creemos que tengan los suficientes elementos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una demanda de acción de inconstitucionalidad contra estas reformas al Código Penal por resultar transgresoras de los derechos de seguridad jurídica, libertad de expresión y acceso a la información. Si la Suprema Corte resuelve conforme a los estándares que ha venido construyendo en los últimos 20 años en materia de libertad de expresión, le debería declarar inconstitucional y esto debería de dar pie a la libertad de estas personas que hoy enfrentan prisión preventiva. Así San Luis Potosí.

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