El extitular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Gualberto Ramírez, está relacionado con el caso Ayotzinapa
Un Tribunal Federal ordenó dejar sin efecto el auto de vinculación a proceso en contra de Gualberto Ramírez, extitular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), quien está relacionado con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Según los primeros reportes, el Tribunal determinó por unanimidad este veredicto bajo el argumento de que a pesar de que existe "probabilidad" de que Ramírez presuntamente cometió los delitos de tortura y desaparición forzada, en este último tiene un dato a si favor.
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La pieza clave es Felipe Rodríguez Salgado, "El Cepillo", presunto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, involucrado en la desaparición de los estudiantes, quien fue liberado tres días después de su captura.
Una vez que se llegó a esta decisión, se ordenó una nueva audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa del exfuncionario, tendrán que determinar si el delito de desaparición forzada prescribió.
En tanto, la orden del Tribunal ordena al juez de control del Reclusorio Sur, dejar sin efectos el auto de vinculación a proceso con fecha del 1 de julio de 2023.
Genere las condiciones para que se debata sobre la prescripción de ese antisocial y, con libertad de jurisdicción, emita la determinación respectiva y demás aspectos que de ello deriven
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Gualberto Ramírez fue titular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), pero en julio de 2019 renunció al cargo.
Mientras se desempeñaba en el organismo, participó en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, así como en diversas averiguaciones sobre delincuencia organizada.
La investigación oficial del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en la que participó el funcionario, apuntó como "verdad histórica" que los estudiantes fueron detenidos por policías del municipio de Iguala, en Guerrero, y los entregaron a criminales que los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura.
Pero un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisó el caso y echó abajo la versión oficial, además de denunciar el uso de tortura en las investigaciones de este caso.
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