Es señalado de encabezar una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres en distintos establecimientos comerciales de ese país y en México
Raúl “N”, identificado como el ‘Rey del Burdel’, fue extraditado de México a Argentina, donde es requerido por su probable participación en los delitos de asociación delictuosa, trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de dinero.
El hombre era requerido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su entrega fue autorizada por la Fiscalía General de la República (FGR), en cumplimiento del Tratado de Extradición entre México y Argentina.
De acuerdo con las investigaciones, entre noviembre de 2010 y 2019, Raúl “N” posiblemente encabezó una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres mediante distintos establecimientos comerciales.
Las indagatorias señalan que los lugares utilizados para estas actividades eran catalogados como “bar”, “café” y “whiskería”. La investigación también relaciona al presunto grupo con otras actividades delictivas, entre ellas extorsión y lavado de dinero.
Raúl a quien se identifica en la investigación, fue señalado como un exintegrante de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de Argentina y habría mantenido actividades tanto en ese país como en México.
De acuerdo con la información proporcionada, su propia hija declaró que conocía sus presuntos vínculos con el narcotráfico. También se han señalado públicamente posibles relaciones con grupos del crimen organizado, entre ellos Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Durante aproximadamente siete años, la defensa de Raúl “N” promovió diversos juicios de amparo y recursos legales en Cancún, Quintana Roo, y la Ciudad de México para impedir su extradición.
La FGR impugnó esos recursos y obtuvo resoluciones favorables que permitieron continuar con el proceso de entrega.
Raúl “N” fue entregado a agentes argentinos en el Aeropuerto Internacional de Cancún para su traslado a Argentina, donde las autoridades determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones.
Los señalamientos en su contra corresponden a acusaciones que deberán ser determinadas por las autoridades judiciales competentes.
