A Brenda Victoria su expareja quiso matarla, fue a denunciar, pero en lugar de encontrar justicia acabó con una demanda y el riesgo de tener que pagar un millón de pesos
La ex pareja de Brenda Victoria presuntamente intentó matarla el 3 de junio de 2023. La estaba ahorcando hasta que ella prácticamente se quedó sin respirar. La golpeó y le provocó heridas que tardaron más de 15 días en sanar. Pese a eso, él no ha enfrentado un proceso penal por tentativa de feminicidio. Está libre e incluso demandó a la joven por daño moral, lo que sí procedió, con riesgo de que la víctima tenga que pagarle a su agresor un millón de pesos.
Brenda Victoria Cruz Alvarado cuenta que rompió con Luis Fernando N, quien fue su pareja por cuatro años, por todas las agresiones y comportamiento violentos que sufrió en la relación. Una vez, por ejemplo, la aventó contra el tablero del automóvil en el que iban. También la apartó de su círculo social, ni con sus amigas podía reunirse y de solo agarrar el celular, él ya le estaba preguntando con quién hablaba.
Así que Brenda rompió con él, pero Luis Fernando la seguía buscando casi a diario. Para alejarse en definitiva, ella consiguió trabajo en la Rivera Maya, en Quintana Roo.
La joven, de 28 años, es de Orizaba, Veracruz, y al igual que su expareja, estudió medicina, así que consiguió trabajo como médica del turismo en una compañía hotelera. El primero de junio se fue para la Riviera Maya. Tenía dos días rentando en un Airbnb en Playa del Carmen cuando llegó Luis Fernando N a buscarla. La agarró a golpes y quiso ahorcarla.
Después tranquilamente, cuenta la joven, el agresor se acostó a dormir. Ella se encerró en el baño y pasó ahí toda la noche. Al otro día él le dijo que tenían que volver juntos a Orizaba o de lo contrario mataría a su familia. Así, bajo amenazas ella tuvo que abordar un autobús e iniciar el viaje, de 23 horas, con él de regreso a Orizaba, Veracruz.
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Pero a mitad del traslado, Brenda pudo escabullirse al baño de una gasolinera donde pararon. Aprovechó para mandarle mensajes a su abogado y a su familia, contándoles que Luis Fernando la había golpeado y estaba obligándola a regresar. Les pidió que llamaran a las autoridades.
Cuando llegaron a Orizaba, la policía municipal ya estaba esperando a Luis Fernando. Lo detuvieron, pero le dijeron a Brenda que tenía que ir a poner la denuncia ante la fiscalía para que ellos lo solicitaran para vincularlo a proceso.
La joven se fue a la fiscalía, acompañada por su abogado. Pero, cuenta, la fiscal encargada de atender el caso dijo que tenía hambre, así que el abogado de Brenda pidió pizzas para que comiera y supuestamente los atendieran mejor.
La fiscal me tomó mi declaración mientras yo continuaba sangrando por debajo de la ropa, debido a los golpes que tenía, y ella comía pizza y chismeaba con sus compañeras. Yo estaba toda golpeada y no les importó.
El peritaje médico al que se sometió después de acudir a la fiscalía arrojó que Brenda tenía lesiones que tardarían más de 15 días en sanar, pese a eso, a la violencia previa, a que Luis Fernando era su expareja y a la agresión grave que sufrió, que puso en riesgo su vida, las autoridades no abrieron carpeta por el delito de tentativa de feminicidio, lo abrieron por un delito que es menor a ese, violencia intrafamiliar.
En el código penal federal no está considerado como tal el delito de tentativa de feminicidio, solo está el apartado de feminicidio y de tentativa para todos los delitos, pero este se considera como tal, y así lo estipula el código, justamente si hubo violencia previa, si la víctima y el agresor tenían o tuvieron una relación previa, si hubo lesiones infamantes.
Sin embargo, "En Veracruz, como en muchos otros estados, es muy complicado que las sobrevivientes de tentativa de feminicidio accedan a la justicia, desde el momento de poner la denuncia hay una actitud muy adversa, muy indolente hacia la atención a las mujeres por parte de las autoridades", afirma Carolina Ramírez, fundadora del Colectivo de Sobrevivientes de Feminicidio.
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Ramírez precisa que a veces, cuando las mujeres se presentan a denunciar una agresión feminicida, las autoridades ni siquiera les quieren tomar la denuncia.
Les dicen que para qué denuncian si al rato van a perdonar al agresor y van a volver con él, o que mejor agradezcan que están vivas.
Cuando las mujeres logran denunciar, agrega la activista, las autoridades hacen todo lo posible por no clasificar el delito como tentativa de feminicidio. Lo ponen como otro delito, ya sea violencia familiar, lesiones o incluso homicidio en grado de tentativa.
Ana Valderrama, también integrante del Colectivo de Sobrevivientes de Feminicidio, señala que esto sucede desde porque las autoridades no tienen una formación adecuada en perspectiva de género y derechos humanos, hasta porque no quieren hacer una investigación de un delito mayor, pero también porque así no se genera la estadística necesaria para darle dimensión a la realidad que está ocurriendo.
N+ solicitó, vía transparencia, a la Fiscalía de Veracruz saber cuántas averiguaciones previas y carpetas de investigación se habían iniciado desde 2012 en el estado por tentativa de feminicidio, pero la institución respondió que no tenía esa información.
A su vez, el Poder Judicial del estado respondió, ante la solicitud de saber cuántas sentencias se habían dictado en Veracruz por el delito de tentativa de feminicidio, que solo se había dictado una condenatoria, esto fue justo este año, en 2023.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz está en la posición número 14 a nivel nacional por tasa de feminicidios por cada 100 mil habitantes, con un total de 40 de enero a septiembre de 2023; mientras que en delitos de violencia familiar por tasa por cada 100 habitantes está en la posición 26, con un total de 9 mil 417 denuncias, en el mismo periodo. De tentativa de feminicidio no hay datos porque en el Secretariado no se registra este delito.
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Este medio solicitó una entrevista a la Fiscalía de Veracruz para obtener información sobre la clasificación del delito de tentativa de feminicidio y el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Luis Fernando quedó libre en menos de 24 horas, solo lo hicieron pagar una multa de mil 710 pesos, por una falta administrativa. Hasta ahora Brenda no ha podido saber cuál es esa "falta administrativa", no le han dado acceso al reporte que hizo la policía.
Después de la agresión, Brenda iba todos los días a la fiscalía a preguntar cómo iba su carpeta, dice que siempre le pedían dinero para que su caso avanzara, pero ni con eso lograba desatorarlo. Expuso entonces su historia en redes sociales, subió audios y fotos donde se veían las huellas de los golpes que le había dado su agresor y se escuchaba cómo le pedía que no lo denunciara. Sus publicaciones se hicieron virales.
Cuando el 4 de agosto fue a ver una vez más a la fiscalía cómo iba su carpeta de investigación y a pedir que le dieran copias de la misma, señala que la fiscal, Miriam del Carmen, de la Unidad de Procuración de Justicia en Orizaba, Veracruz, le dijo: "primero que nada agradece que estás viva, porque mínimo estás viva, muchas ni la cuentan y para ver tu carpeta tienes que venir con tu abogado, y nada más te aviso que él te vino a contra demandar por daño moral, porque lo expusiste en redes".
Brenda no podía creerlo, pero tanto Luis Fernando, como su hermano, junto con quien el presunto agresor era dueño de una cafetería que había supuestamente quebrado por la exposición del caso en redes que hizo la joven, la demandaron, tanto civil como penalmente, por daño moral y le exigen el pago de un millón de pesos.
Además, las autoridades le concedieron al agresor una orden de protección para que Brenda no pudiera acercarse a él. Antes le habían concedido una a ella, pero dice que nunca vio ni siquiera a un policía rondar por su casa o su trabajo, y no paraba de recibir amenazas de muerte para ella y su familia por redes sociales.
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Ana Valderrama, del Colectivo de Sobrevivientes de Feminicidio, explica que como el delito no se clasifica como se debe, sino como violencia familiar, entonces los agresores no ameritan prisión preventiva y andan sueltos, con el peligro que eso amerita para sus víctimas.
Para rematar, la fiscalía le informó a Brenda, después de meses de hacerla dar vueltas, que no era competente para llevar su caso porque la agresión había sucedido en otro estado, en Quintana Roo.
Todo esto pasa en un estado, Veracruz, que tiene doble alerta de violencia de género, una justo por violencia feminicida, por lo que tiene el compromiso de activar las acciones necesarias para proteger a las mujeres y darles la atención debida.
Desesperada Brenda le pidió a una amiga que la acompañara y salió para Ciudad de México. Se plantó afuera de Palacio Nacional, esperando que su caso llegara a oídos del presidente y esto sirviera para obtener la justicia que buscaba y no alcanzaba a obtener. En atención ciudadana de la presidencia le dijeron que buscara a colectivas feministas para que la acercaran a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz y ahí la acompañaran en el caso.
Brenda hizo lo que le dijeron. La Comisión Estatal de Derechos Humanos la acompañó a la fiscalía a meter un reporte por la actuación de la fiscal, los ministeriales y los policías. La joven también hizo una rueda de prensa, apoyada por la Colectiva de Sobrevivientes de Feminicidio. Solo después de esas dos acciones, le avisaron de la fiscalía que sí eran competentes para llevar el caso, porque las primeras agresiones habían sucedido en Orizaba y también le dieron copia de su carpeta de investigación.
Las autoridades ya le informaron que llevarán el caso ante un juez. Brenda está a la espera de que inicie la primera audiencia, que será en enero. Pero la joven asegura que en la misma fiscalía le dijeron que será difícil que el denunciado pise la cárcel. Sin embargo, señala que va a luchar porque el delito se reclasifique a tentativa de feminicidio. Pero como Luis Fernando está libre y sin consecuencias, ella teme por su vida y la de su familia.
Desde que salí a contar mi caso en medios no he recibido más amenazas ni he sabido nada de él, pero tengo mucho miedo porque no sé si está planeando algo. Vivo con mucho temor, casi no salgo de mi casa más que al trabajo. Intento hacer mi vida, pero es muy difícil. Trabajo en un consultorio particular y me da mucho miedo cada que llega un paciente. La primera semana después de la agresión no podía hablarle a los hombres, no podía estar cerca de un hombre, tuve que afrontarlo porque al final soy médico y tengo que atenderlos, pero ha sido un proceso muy duro.
Además, ha tenido que cambiar todos sus proyectos. Brenda fue a hacer su examen, el 28 de septiembre, para entrar a la especialidad de ginecología y obstetricia, lo aprobó con resultado sobresaliente, tendría que iniciar la especialidad en marzo, pero no sabe si podrá hacerlo.
"Seguramente me mandaran a otra entidad, quizá a la Ciudad de México, y yo no puedo irme, porque voy a tener que atender las audiencias del juicio y porque no quiero dejar a mi familia desprotegida mientras él esté libre. Realmente me ha quebrado la vida".
Está además el pendiente de que las demandas civiles y penales que pusieron contra ella Luis Fernando y su hermano por daño moral siguen en proceso y ella continua en riesgo de tenerle que pagar un millón de pesos al hombre que presuntamente intentó asesinarla.
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