Buscadores Acusan Ante la CIDH que México No Los Protege
Integrantes de colectivos de buscadores expusieron el riesgo en el que viven por tratar de encontrar a sus familiares desaparecidos y la falta de protección por parte del Estado
Andrea Vega
Buscadores enfrentan graves riesgos por encontrar a sus desaparecidos. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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Rosario Lilian Rodríguez Barraza buscaba a su hijo en La Cruz, en el estado de Sinaloa. El joven desapareció en 2019 y en 2022 su madre fue asesinada. Organizó una misa por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición y saliendo de esa misa, un grupo armado se la llevó, alrededor de las 9 de la noche. Unas tres horas más tarde fue localizada tirada en un camino. La mataron a golpes y le pasaron por encima una camioneta. Su cuerpo lo dejaron envuelto con la lona con la que buscaba a su hijo.
Alejandra Martínez, hermana de Ismael Martínez, desaparecido en junio de 2022, e integrante del Colectivo por las Voces sin Justicia en Sinaloa presentó el caso de Rosario en el 189 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se desarrollan una serie de audiencias con diversos temas y en los que participan tanto organizaciones, como involucrados y los Estados.
Estas audiencias son actos convocados ante la CIDH por iniciativa propia o a solicitud de una parte interesada que pueden tener por objeto recibir información con relación a alguna petición, caso en trámite ante la Comisión, seguimiento de recomendaciones, medidas cautelares, o información de carácter general o particular relacionada con los derechos humanos en uno o más Estados miembros de la OEA.
Durante la audiencia sobre protección de mujeres buscadoras, promovida por la Plataforma de la Paz y la Justicia en Guanajuato y otras organizaciones, Martínez contó cómo la fiscal del estado de Sinaloa les dijo a las compañeras de búsqueda de Rosario que había dos personas detenidas por su muerte. Después un periodista corroboró que eso era falso. Como respuesta la fiscal aseguró que nunca había dicho eso.
Martínez quiso ejemplificar con esto como no hay investigación efectiva ni justicia en los casos de los asesinatos de buscadores. También habló de cómo hay agresiones previas que anuncian la muerte. Meses antes de su asesinato, dijo, rociaron con gasolina la casa de Rosario y le prendieron fuego con ella adentro, pero se dio cuenta a tiempo y logró apagarlo.
Después le robaron su camioneta. Ella no denunció estos hechos, pero se los hizo saber a la titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Sinaloa. “No denunciaba por miedo, sabía que la propia fiscalía podría estar involucrada”. De hecho, un mes antes del asesinato, contó, llegó a una de las búsquedas que realizaban en campo, una patrulla de la policía municipal con elementos uniformados y una persona vestida de civil.
“El civil le habló a Rosario y le dijo qué chingados quieres y le advirtió que dejara de buscar”, aseguró Alejandra Martínez. A Rosario, continuó, el crimen organizado también le llamaba por teléfono. “Nunca supo de dónde tenían su número, pero les repetía que ella solo quería saber dónde estaba su hijo. Se reunía con ellos para implorarles que le dijeran dónde estaba”.
Rosario buscaba todo el tiempo, pero sobre todo por las noches, porque en el día trabajaba en el corte de chile. El colectivo iba a apoyarla. Ella localizaba lugares donde había cuerpos. A veces no podía esperar y escarbaba la tierra sola.
Siempre acechados y sin justicia
“En una ocasión cuando fuimos a una búsqueda en La Cruz, Sinaloa, la seguridad que nos acompañaba nos dejó solas porque hubo un enfrentamiento, y siempre que realizamos búsquedas nos seguían halcones, que se encargan de vigilarnos desde donde nos reunimos hasta el punto de búsqueda, solo en dos ocasiones la seguridad que nos acompaña detuvo a estas personas para interrogarlas, las demás veces solo las ignoraron”, relató Martínez.
La buscadora explicó que cuando como colectivo saben de algún lugar donde dejaron restos o cuerpos solicitan una búsqueda, pero si piden que las acompañe policía del estado tardan tres días en dárselas y si quieren más seguridad, como el acompañamiento de fuerzas armadas federales, tardan cinco días.
“Si nos esperamos lo que puede pasar y que ha pasado es que se llevan los restos o los cuerpos. Aunado a esa demora, cuando localizamos cuerpos hay que dar aviso al 911 y tenemos que esperar hasta dos horas para que lleguen peritos, eso también nos pone en riesgo”.
Otra situación que les pasa mucho a las buscadoras es que son extorsionadas por los propios agentes de las fiscalías, quienes obtienen sus datos a partir de las denuncias. “A mí me hablaron para decirme que tenían a mi hermano”.
A su vez, Javier Barajas, del Colectivo Ángeles de Pie por Ti, del estado de Guanajuato, y padre de María Guadalupe Barajas Piña, desaparecida en febrero de 2020, narró como un año después que encontraron a su hija Lupita en una fosa clandestina, su hijo Francisco Javier fue asesinado.
“Por encontrar a su hermana y por la insistencia en la búsqueda de personas, nuestro hijo Francisco Javier fue asesinado el 29 de mayo de 2021, tres meses después de que sepultamos los restos de su hermana. Mi esposa y yo fuimos desplazados por la violencia y tuvimos que dejar atrás nuestro pueblo, nuestra casa, nuestra familia, por el riesgo que corríamos como buscadores, lo más doloroso de ser desplazados es que no podemos ir a las búsquedas con el colectivo al que pertenecemos”, dijo Javier Barajas, ante la CIDH.
Y agregó, “somos testigos de la impunidad, el poder judicial de Guanajuato ha absuelto en dos ocasiones a los responsables del homicidio de nuestro hijo Javier, a pesar de contar con señalamientos de testigos presenciales, geolocalización de teléfonos y que se les encontraron el arma homicida”.
Pero la fiscalía no investiga, aseguró, e incluso cuando lo hacen tampoco se puede llegar a la justicia, “por eso tantas familias no se atreven a denunciar, estamos en el desamparo”.
Como otro ejemplo de esto puso el caso de la buscadora Lorenza Cano, secuestrada en enero en su casa, en Guanajuato. Durante su secuestro asesinaron a su esposo y a su hijo. “La fiscalía detuvo a dos personas que fueron liberadas casi inmediatamente y hasta el día de hoy se desconoce el paradero de Lorenza. No hay verdad no hay justicia no hay autoridad. Que no se rompa con esta impunidad puede ser letal para otras buscadoras y buscadores”, sentenció Barajas.
Les niegan el reconocimiento
Bibiana Mendoza, quien busca a su hermano Manuel Ojeda Negrete, desaparecido el 8 de enero de 2018 y es integrante del colectivo Hasta Encontrarte de Guanajuato, subrayó que los mecanismos de protección que les brinda el Estado son ineficientes. “Se niegan a considerarnos defensoras de derechos humanos, a varias compañeras nos retiran las medidas cautelares sin que haya actualización de nuestro plan de protección”.
La buscadora señaló que pese al riesgo que corren por buscar en territorios controlados por el crimen organizado, “la respuesta de las instituciones que deberían garantizar nuestra protección fue bridarnos talleres de auto cuidado, haciendo que sea nuestra responsabilidad la supervivencia”.
Sobre el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, aseguró que esto resultará ineficiente mientras no se atiendan los factores estructurales que provocan el riesgo. “Es necesario quitarle a los grupos armados el poder que tienen sobre las comunidades, autoridades y el cuerpo armado mexicano, la militarización solo ha traído un aumento en las desapariciones forzadas”.
Durante su participación en la audiencia ante la CIDH, Raymundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, recordó que tan solo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se ha asesinado a 15 buscadores y una más se encuentra desaparecida.
“Todos estos casos permanecen en la impunidad”, denunció y subrayó que los riesgos a los que se enfrentan los buscadores no pueden ser disociados de la crisis de desaparición que enfrenta México y la respuesta institucional a esto, que, actualmente, se enfoca en reducir el número de los mismos, con el censo actual del gobierno, y en el desmantelamiento de las instituciones de búsqueda e identificación forense.
“Estas políticas regresivas y los mensajes de alto nivel de deslegitimización a las denuncias que conllevan solo abonan a perpetuar los riesgos y a que la carga de la búsqueda se ponga en las buscadoras”.
El desdén gubernamental
El Estado mexicano no se presentó de manera física a la audiencia, solo estuvieron presentes de manera remota tres integrantes de nivel dirección, ni siquiera hubo un subsecretario presente y nadie de la Fiscalía General de la República acudió. Los colectivos y buscadores lamentaron esto y aseguraron que era una forma más en la que el Estado mexicano desdeñaba el tema.
Los representantes del gobierno nada dijeron sobre los 15 asesinatos de buscadores registrados en este sexenio, ni tampoco mencionaron si realmente no se les considera como defensores de derechos humanos, como acusaron las organizaciones, ni por qué esto es así.
Tampoco hablaron de las medidas específicas que se brinda a los buscadores y mucho menos de algún caso en particular, tampoco dieron resultados de las investigaciones de estos casos ni se habló de las dificultades que enfrentan para ser reconocidos como defensores de derechos humanos. Los funcionarios de nivel medio se limitaron a dar un largo discurso en el que solo aseveraron generalidades, como el marco normativo interno y protocolos.
Lorna Herrera, de la unidad para la defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señaló, por ejemplo, que el mecanismo de protección federal ha fortalecido sus resultados y que en octubre de 2022 se instaló un grupo de trabajo para el fortalecimiento del mismo.
Aseguró que “durante este sexenio, el mecanismo ha tenido un fortalecimiento que se ve en el presupuesto, en el anterior fue de 780 millones de pesos por implementación y operación de medias de protección, en este es de 2 mil 300 millones de pesos, lo que ha permitido que se pueda llegar a más zonas donde los periodistas y defensores lo requieren”. Nada se dijo de protección a personas buscadoras en específico y de sus resultados.
Andrea Phochak, comisionada de la CIDH y relatora para México, aseveró, después de escuchar la situación de los buscadores en México que el hecho de “que salir a buscar a sus seres queridos implique poner en riesgo su propia vida es intolerable”.
Ahora, el Estado mexicano tendrá que entregar un informe por escrito ante la CIDH sobre el tema e integrantes de la Comisión le pidieron aclarar en este, qué medidas se han tomado para garantizar la sanción e investigación de los asesinatos de buscadores, resultados concretos de esto, la cantidad de condenas de autores materiales e intelectuales, cuántas investigaciones se han iniciado por la impunidad en estos casos, cuántas autoridades están siendo investigadas por garantizar esta impunidad y cuántas recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU sobre el tema se han acatado y cómo.
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