La investigación señala tres posibles causas de la desaparición de los estudiantes, así como que existían vínculos entre la delincuencia organizada y las autoridades
A nueve años de la desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa, el gobierno de México publicó el informe Caso Ayotzinapa: Narrativa de Hechos de Acuerdo con la Investigación Realizada que le fue presentado el 25 de septiembre a los padres de los estudiantes, el cual fue rechazado al señalar que se apega a la narrativa de la "verdad histórica".
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En el documento publicado además de hacer una cronología detallada de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, se plantean tres posibles causas de la desaparición de los estudiantes:
Confusión del grupo delictivo Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de un grupo rival, el de los Rojos, entre los estudiantes de Ayotzinapa.
La intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas de parte del entonces alcalde José Luis Abarca y Guerreros Unidos, tras las protestas y destrozos al Palacio Municipal de Iguala.
El tráfico de drogas y la eventual presencia de droga, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados.
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Además, el informe revela que a partir de diversas fuentes e información de la DEA, se tuvo conocimiento de "vínculos entre algunos elementos de la Policía Federal y el Ejército que operaban en la región de Iguala con Guerreros Unidos".
Entre ellos, con el entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería; el capitán José Martínez Crespo, y el entonces coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón, quienes supuestamente "recibían dinero" de Guerreros Unidos y "proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo".
En la narrativa, se asegura que el capitán del Ejército José Martínez Crespo refirió que había apoyado a detener a algunas personas que venían en los autobuses y que los habían llevado al interior del 27 Batallón para interrogarlos y luego entregarlos.
Actualmente, se encuentran 132 detenidos en diversos penales del país:
41 integrantes de Guerreros Unidos.
71 policías: 5 federales; 3 ministeriales; 7 estatales; 2 de Cocula; 9 de Huitzuco; y 45 de Iguala.
Tres funcionarios de la Fiscalía General de la República.
El exsecretario de Seguridad Estatal de Guerrero.
El expresidente municipal de Iguala.
La expresidenta del DIF de Iguala.
14 elementos de la Sedena.
Según la investigación, se desprende que en el cruce de Juan N. Álvarez y Periférico Norte, la policía de Iguala, Guerrero, atravesó una patrulla impidiendo el avance de la caravana. Diversos estudiantes intentaron retirar dicha patrulla para seguir su marcha, momento en el cual fueron atacados con armas de fuego. Como resultado de este ataque, el estudiante Aldo Gutiérrez recibió un impacto de bala en la cabeza.
Según un mensaje de las conversaciones captadas por la DEA el 27 de septiembre, se señala que José Ángel Casarrubias, uno de los líderes de Guerreros Unidos, le comunica a su hermano Adán:
Se nos metieron los contras con los Ayotzinapos
Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, segundo al mando de Gildardo López Astudillo, alias Gil, le encargó al Pato, sicario de Guerreros Unidos en Cocula, "que se hiciera cargo de todo y de darles piso, que destruyera todo, quemaran celulares y pertenencias de los detenidos".
Una de las hipótesis sobre el destino de los normalistas desaparecidos, según la investigación, los ubica en Pueblo Viejo. La Pompi, sicario de Guerreros Unidos, señaló:
Cerca de la una en el cerro arriba de la colonia Pueblo Viejo ultimaron a un grupo de estudiantes entre Chucky, Gaby, Mente, Vero y Chaky, donde hicieron una fosa, donde aventaron los cuerpos y les rociaron diésel para calcinarlos
Loma de Coyotes fue el otro punto donde aparentemente mataron "a dos ayotzinapos, dándoles un balazo".
Se afirma "que otro grupo de estudiantes se le entregó a Los Tilos, quienes para deshacerse de los cuerpos disolvieron los mismos en ácido y los metieron a fosas clandestinas".
En el río Balsas, al sur de Iguala, se establece, según los testimonios obtenidos en la investigación, "los metieron en bolsas, costalitos, y los aventaron al pozo, ubicado en el río Azul".
Según la narrativa, "esta red que involucraba a autoridades de los tres órdenes de gobierno fue, sin duda, un factor que facilitó y perpetró la desaparición forzada de los 43 normalistas".
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Con información de Bogdán Castillo y N+OGG | ICM
