La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)acreditó que cuatro militares realizaron uso excesivo de la fuerza mediante el uso ilegítimo de armas de fuego, que resultó en la muerte de cinco personas, una lesionada de gravedad y una más ilesa con afectaciones inherentes, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Por tales hechos, la Comisión emitió una recomendación para el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Luis Cresencio Sandoval González.

La CNDH detalló que el pasado 26 de febrero de 2023, los jóvenes fueron ejecutados en calles de la colonia Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre las 04:30 y 4:50 horas, cuando los siete civiles circulaban en un vehículo tipo pick-up y, por “sospecha”, fueron seguidos por 21 militares que se transportaban en cuatro vehículos oficiales mientras realizaban recorridos relacionados con la seguridad pública.

Posteriormente y sin que mediara amenaza real en contra de la vida de militares o de terceros, mientras le daban seguimiento al vehículo particular, sin emitir previamente comandos de voz, un elemento militar accionó su arma de fuego a la parte trasera del vehículo particular, acción que replicaron tres elementos más para dar apoyo al primer tirador.

La CNDH confirmó que no se encontraron armas dentro del vehículo particular de las víctimas.

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Jóvenes en Nuevo Laredo

La CNDH explica que los vehículos oficiales no presentaron daños producidos por armas de fuego, que ningún elemento militar presentó lesiones por proyectil de arma de fuego y que todos los elementos militares involucrados declarron que ninguno vio que del vehículo particular se originaran disparos de arma de fuego.

Por lo anterior, la CNDH solicitó, mediante la recomendación 95VG/2023, al secretario de la Defensa Nacional que colabore en el trámite ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas a las siete personas agraviadas, incluyendo a sus familias, a fin de que se proceda a la inmediata reparación integral del daño, que incluya la medida de compensación, en términos de la Ley General de Víctimas.

También deberán darles atención médica, psicológica y tanatológica a las víctimas directas sobrevivientes e indirectas, "la cual deberá ser proporcionada por personal profesional especializado y ajeno a la Sedena y otorgarse de forma continua hasta que alcancen su sanación, física, psíquica y emocional, atendiendo a su edad, su condición de salud física y mental, y sus especificidades de género".

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También se le pidió a las Sedena que colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia administrativa que la CNDH presente ante el Órgano Interno de Control en la Sedena en contra del personal que sin justificación legal alguna accionó sus armas de fuego en agravio de las siete víctimas directas.

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Con información de N+ y CNDH

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