Un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propone que es procedente anular parcialmente la Reforma Judicial.

Señala que la Suprema Corte solo analizará aquellas disposiciones que afecten el carácter democrático, laico o federal de México, esto incluye la división de poderes, la independencia judicial y el acceso a la justicia, elementos que el ministro considera fundamentales para la democracia.

Este proyecto es una respuesta a las impugnaciones presentadas por los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, y deberá ser discutido por el pleno de ministros y votado para a favor o en contra.

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Sin condiciones para elección de jueces y magistrados de circuito

El ministro señala que no existen condiciones democráticas para elegir magistradas y magistrados de circuito, así como juezas y jueces de Distrito mediante voto popular, ya que el proceso no ofrece suficiente claridad y no permite un voto informado. Además no garantiza la independencia y autonomía judicial necesarias.

La nominación de candidatos para ocupar la totalidad de los cargos de Juezas y Jueces de Distrito y Magistradas y Magistrados de Circuito es inconstitucional porque no garantiza los mínimos indispensables en un sistema democrático que protege la división de poderes y la independencia judicial

El ministro critica la "masividad" en la elección de jueces y magistrados. Explica que tan solo los ciudadanos de la Ciudad de México tendrán que evaluar en la elección de 2025 un total de 1,155 candidaturas, lo que "hace casi imposible que alguien pueda evaluar a fondo las propuestas, trayectoria o perfil de cada candidato, por lo que es difícil tomar una decisión realmente informada".

Además, el ministro González Alcántara Carrancá considera que la forma de elegir jueces y magistrados federales viola el principio de división de poderes, ya que la intervención del Ejecutivo y el Legislativo en la elección de jueces, lo que podría afectar la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial.

Esto se debe a que permite que los jueces sean seleccionados a partir de listas creadas por organismos políticos, lo que pone al Poder Judicial en una posición de dependencia hacia otros poderes del gobierno.

“La intervención de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en la postulación de candidaturas judiciales representa una intervención en la conformación del Poder Judicial en detrimento de su independencia, y la imparcialidad en el dictado de sus resoluciones”, señala el proyecto.

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La reforma, detalla el proyecto, prevé que jueces y magistrados sean removidos de su cargo antes del periodo para el que fueron nombrados, lo cual afecta el principio de “inamovilidad judicial”. Según el ministro, "la permanencia en el cargo es una garantía clave para preservar la independencia judicial y proteger el principio de división de poderes".

El principio de inamovilidad establece que las personas juzgadoras deben gozar de estabilidad y no ser removidas injustificadamente, permitiendo su permanencia durante el tiempo para el cual fueron nombradas. "La remoción de estos cargos sólo debería proceder mediante sanciones disciplinarias o penales, y siempre bajo un proceso claro y con el debido respeto al debido proceso".

Tribunal de Disciplina y órgano de administración

El proyecto del ministro señala que la creación del Tribunal de Disciplina Judicial no afecta la independencia de las decisiones de los jueces. Es decir, si un juez es investigado por este Tribunal, su capacidad para juzgar de forma imparcial y libre no se ve comprometida. Por lo tanto, este Tribunal respeta el principio de la división de poderes.

Señala que no tiene fundamento la idea de que el Tribunal de Disciplina sea un mecanismo de control o presión sobre los jueces.

Sobre la creación del órgano de administración judicial, señala que su integración y funcionamiento son válidos y que no vulnera la autonomía presupuestal del Poder Judicial.

Expone que mientras los recursos sean administrados por este órgano independiente y compuesto por miembros del Poder Judicial, éste puede ejercer sus funciones con plena independencia.

El ministro propone invalidar el decreto que contempla cesar a jueces y magistrados que accedieron mediante la carrera judicial, así como las disposiciones para reducir sus salarios.

Video. ‘La Contramañanera’, de Trabajadores del Poder Judicial

Los puntos que el magistrado González Alcántara Carrancá mantendría son las disposiciones para la elección de magistraturas electorales, pues señala que este sistema no afecta los principios democráticos y representativos del gobierno.

También se invalidaría la obligación impuesta a las entidades federativas de instaurar un sistema de elección popular para juzgadores locales.

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