Un total de 139 miembros del Ejército estadounidense estarán durante los 10 días en el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis
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El Senado de la República avaló con 75 votos a favor la entrada de los militares, quienes junto a soldados mexicano realizarán ejercicios en el periodo comprendido entre el 20 y el 30 de septiembre.
La solicitud, enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y considerada de "urgente resolución" no tuvo dificultad para pasar la aduana legislativa.
El denominado 'Ejercicio Especializado Conjunto' se llevará a cabo durante diez días en el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, Chihuahua.
"La actividad tiene como objetivo fortalecer las capacidades operativas entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de México, a través de la planificación y ejecución de operaciones militares", apuntó el comunicado del Senado.
Los 139 militares de la 101/a División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos ingresarán a territorio mexicano "con armamento a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea (estadounidense)", agregó.
Y arribarán a la 5a. Zona Aérea Militar en Santa Gertrudis, Chihuahua.
El Senado aseguró que el ejercicio se realizará "bajo los principios de respeto, soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración, sin subordinación".
Finalmente, señaló que la actividad contribuirá a fortalecer la preparación individual y colectiva, así como a perfeccionar los mecanismos de cooperación militar bilateral.
Esta no es la primera autorización de este tipo en años recientes en México. En julio de 2025, 120 militares estadounidenses participaron en un ejercicio de adiestramiento en el mismo complejo militar de Santa Gertrudis, Chihuahua; y entre abril y mayo, otros 11 soldados estadounidenses estuvieron allí.
La autorización se produce además tras el choque político entre el gobierno federal y el de Chihuahua, después de la muerte de dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos tras un operativo antidroga en abril pasado.
El caso abrió una nueva polémica sobre soberanía y cooperación bilateral, después de que el gobierno federal aseguró que no fue informado de la participación de agentes de la Unión Americana.
ICM
