La propuesta de sustituir al Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial por un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial, como parte de la iniciativa de reforma al Poder Judicial, debilitaría la independencia de este poder y facilitaría que quienes los integren respondan a preferencias partidarias y políticas, alertaron académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante la mesa Órgano de Administración Judicial, de los Foros Reforma Constitucional en Materia de Justicia, la jefa del Sistema de Universidad Abierta y profesora de la Facultad de Derecho, Irene Emilia Trejo Hernández, expuso que la propuesta de crear el órgano que se encargaría de nombramientos y formación de jueces, de la creación de nuevas instancias jurisdiccionales y del manejo del presupuesto, separado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afectaría la independencia del sistema judicial.

Así serán propuestos los integrantes del Órgano de Administración Judicial

Irene Emilia Trejo Hernández, profesora de la Facultad de Derecho, explicó que los cinco integrantes del Órgano de Administración Judicial serían propuestos por los siguientes poderes:

Uno por el Senado de la República
Uno más por el Ejecutivo
Tres por la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Además, señaló, que no se especificó el perfil que deberían tener quienes lo conformen. Asimismo, resaltó que sus decisiones serían inatacables y el control sobre su presupuesto como “una mordaza”.

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Mientras que en el auditorio de la División de Universidad Abierta, Continua y a Distancia de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, el profesor de la FES Acatlán, Ulises Leonardo García Vázquez, coincidió en que no se indicó el perfil específico de los integrantes de este órgano y podría buscarse que lleguen quienes tengan afinidad política y no necesariamente la capacidad para juzgar objetivamente.

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Piden priorizar el fortalecimiento del sistema judicial

Ante la moderadora de la mesa, Anayelli García Peñaloza, jefa de la Licenciatura de Derecho de la FES Aragón, agregó que en el manejo del presupuesto se debe priorizar el fortalecimiento del sistema judicial, pues actualmente hay cerca de 4.1 juzgadores por cada 100 mil habitantes, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recomienda 18.

Eduardo Esquivel Jasso, profesor de la FES Aragón, remarcó que la carrera judicial y no otro mecanismo debe ser usado para aspirar a los cargos más importantes de la función jurisdiccional.

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Reforma propuesta es una amenaza, resalta profesor de Ciencias Políticas y Sociales

Asimismo, el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Josafat Cortez Salinas, explicó que la reforma propuesta es una amenaza a la gobernanza de este Poder, a la administración de sus recursos materiales y humanos.

Ese órgano administrativo, añadió, será débil porque no tendrá injerencia en la disciplina sobre los integrantes del Poder Judicial, facultad que se le transfiere al Tribunal.

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Consideró que se debe revisar la carrera judicial creada con base en la reforma de 1994, pues los concursos realizados no permitieron la participación de agentes externos para ser titular de órganos jurisdiccionales y existe el nepotismo.

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Reforma no asegura tutela efectiva hacia los derechos, declaran expertos

Miguel Alejandro López Olvera, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), indicó que el proyecto de reformas constitucionales no asegura la tutela efectiva hacia los derechos de las personas por parte de los jueces, si no se garantiza la buena administración, independencia, imparcialidad, defensa, técnica adecuada y el debido proceso, entre otros aspectos.

Por su parte, Rosa Carmen Rascón Gasca, secretaria Académica y profesora de la FD, dijo que la propuesta de creación de ese órgano no ofrece garantía de profesionalización ni experiencia real y transparente.

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En su oportunidad, Mario Ernesto Rosales Betancourt, profesor de la FES Acatlán, planteó que con esta propuesta habrá un exceso de jueces de consigna, quienes no se atreverían a ir en contra de lo que les pida el órgano de administración judicial, lo que implicaría el menoscabo paulatino de la capacidad de los ciudadanos de tener medios de defensa contra los abusos del poder del gobierno.

Resaltó que este órgano significaría la pérdida de la independencia de los juzgadores, pues el gobierno los tendría “agarrados por donde más duele: el aspecto económico”.

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Proyecto de reforma impacta a la imparcialidad de los órganos jurisdiccionales

Manuel Plata García, profesor de la FES Aragón, apuntó que la mejor opción para que el Poder Judicial Federal evolucione y no retroceda es crear más tribunales y juzgados, así se haría más eficiente la función judicial en el ámbito federal y después habría que trasladarlo a los espacios locales.

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En ese sentido, Daniel Márquez Gómez, investigador del IIJ, consideró que el proyecto de reforma ya está impactando a la imparcialidad de los órganos jurisdiccionales.

Por ello, demandó, se requiere buscar mecanismos y esquemas “para que desde la institucionalidad encontremos respuestas, también institucionales, a los problemas que está planteando el ejercicio del poder; la gobernanza exige horizontalidad, que todos seamos tomados en cuenta”.

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Con información de N+

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