Autoridades estatales y municipales buscan identificar zonas vulnerables, censar construcciones y ofrecer alternativas de reubicación a familias
Escucha este artículo
Al menos 63 viviendas irregulares y tres campos de béisbol han reducido de 250 a 12 metros el ancho de la canalización del Río Tijuana, a la altura del puente de Los Olivos, de acuerdo con información presentada por el Gobierno de Baja California.
Durante la conferencia mañanera, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda explicó que desde hace dos meses se busca, mediante el diálogo, reubicar a las familias que habitan en el cauce debido al riesgo que representan las lluvias intensas. Durante las afectaciones del ciclón postropical Rachel, los residentes fueron retirados temporalmente.
La mandataria añadió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) revisa la zona debido a que algunas viviendas están conectadas ilegalmente a la red eléctrica mediante los conocidos “diablitos”. También indicó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya interviene en el área.
Ante la próxima temporada de lluvias y los posibles efectos del fenómeno de El Niño, autoridades de los tres niveles de gobierno preparan acciones preventivas para identificar asentamientos ubicados en zonas de riesgo y evitar tragedias por el incremento de los cauces.
Virginia Vargas, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental (SDTUA), señaló que las construcciones irregulares pueden aparecer en cuestión de días, por lo que mantienen vigilancia constante en los bordes de arroyos.
El Gobierno estatal coordinará un censo para identificar las áreas de invasión que podrían verse afectadas por las lluvias en Baja California. Además, el área jurídica de Conagua gestiona desde hace dos meses la intervención para retirar a las personas asentadas en el Río Tijuana y otros cauces considerados peligrosos.
Por su parte, la CFE mantiene un operativo para prevenir accidentes relacionados con las conexiones eléctricas irregulares.
Sin embargo, algunas personas que habitan en estas zonas señalaron que las dificultades económicas representan uno de los principales obstáculos para trasladarse a otro sitio.
Las autoridades municipales de Tijuana, en coordinación con el Gobierno estatal, buscarán alternativas para apoyar a las familias en riesgo, entre ellas el traslado a albergues y la asesoría jurídica para determinar la situación legal de los predios.
El objetivo es reducir los riesgos en asentamientos cercanos a arroyos y cauces antes de que se registren nuevas lluvias intensas en la región.
Información Perla Velázquez
APG
.jpg&w=1920&q=75)
