Decomisan Más de 6,600 Celulares en Cárceles de CDMX Usados para Extorsiones
Víctor Gálvez
Cobros de hasta 2,500 pesos semanales permiten a internos operar redes delictivas desde prisión
Internos pagan cuotas para usar teléfonos en prisión. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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En diversos centros penitenciarios de la Ciudad de México (CDMX), una práctica que debería estar totalmente prohibida sigue ocurriendo con preocupante frecuencia: el ingreso ilegal de teléfonos celulares y otros objetos. Aunque las autoridades mantienen operativos constantes, testimonios de familiares revelan que la corrupción interna permite que estos artículos crucen los filtros de seguridad mediante pagos ilegales. Esta situación no solo vulnera el sistema penitenciario, sino que también tiene consecuencias directas para la población fuera de las cárceles.
De acuerdo con relatos anónimos, el ingreso de objetos no autorizados depende de cuotas que pueden ir desde los 500 hasta los 1,000 pesos. Estas cantidades se pagan durante las revisiones, donde algunos custodios acceden a permitir artículos no registrados oficialmente. Esta dinámica facilita la entrada de dispositivos electrónicos utilizados para actividades ilícitas, lo que evidencia una falla estructural en los controles internos.
Celulares en prisión: el motor oculto de las extorsiones
El verdadero riesgo de esta práctica radica en el uso que los internos dan a los teléfonos móviles en prisión. Lejos de servir únicamente para comunicación personal, estos dispositivos se han convertido en herramientas clave para cometer delitos, principalmente extorsiones telefónicas y digitales que afectan a miles de personas en todo el país. Desde el interior de las cárceles, algunos reclusos operan redes delictivas con relativa facilidad.
Johan Alexis García García, asesor de Crisis y Negociación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ha explicado el fenómeno y su alcance.
“Suelen ser grupos atomizados, personas que operan desde centros penitenciarios, incluso en otros estados, realizando llamadas telefónicas delictivas”.
Además, testimonios indican que existen esquemas internos que permiten a ciertos internos operar con mayor libertad a cambio de pagos más elevados. Estas cuotas pueden alcanzar entre 2,000 y 2,500 pesos semanales, lo que les garantiza menos restricciones y mayor capacidad para continuar con actividades ilícitas desde el encierro.
Redes sociales: el aliado silencioso de los extorsionadores
Otro factor que ha potenciado este tipo de delitos es el acceso a información personal en redes sociales. Estas plataformas se han convertido en una fuente clave para que los delincuentes identifiquen a sus posibles víctimas, obtengan datos relevantes y hagan sus engaños más creíbles. La combinación entre tecnología y corrupción incrementa el alcance de las extorsiones.
El propio García García ha advertido sobre este riesgo creciente, destacando que gran parte de la información necesaria para cometer estos delitos se encuentra al alcance de cualquiera.
“Hoy en día, la información de todos se encuentra publicada. Se utilizan fuentes abiertas e incluso llamadas al azar”.
Gracias a estos datos, los extorsionadores pueden conocer relaciones personales, rutinas e incluso números telefónicos, lo que les permite construir escenarios convincentes para presionar a sus víctimas y obtener dinero.
Más del 90% de las extorsiones se originan a distancia
A pesar de los operativos y decomisos, la extorsión en México sigue siendo uno de los delitos más persistentes vinculados a los centros penitenciarios. La modalidad indirecta, que se realiza a través de llamadas telefónicas o medios digitales, representa la gran mayoría de los casos registrados en la actualidad, lo que demuestra la magnitud del problema.
El especialista en seguridad subraya la dimensión de este fenómeno y su impacto en la sociedad.
“La extorsión indirecta, realizada por medios digitales o llamadas telefónicas, representa más del 90% de los casos”.
Este dato refleja que, aunque los delincuentes estén privados de su libertad físicamente, continúan operando con herramientas tecnológicas que les permiten seguir afectando a la ciudadanía desde el interior de las cárceles.
Miles de celulares decomisados, pero el problema persiste
Durante 2024, autoridades de la Ciudad de México implementaron operativos dentro de los centros penitenciarios para frenar esta problemática. Como resultado, se aseguraron 6,633 teléfonos celulares que fueron retirados de las celdas y posteriormente destruidos por una empresa especializada. Este número evidencia la magnitud del fenómeno y el nivel de penetración de estos dispositivos en las cárceles.
Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para erradicar el problema de fondo. Mientras persistan las redes de corrupción y los esquemas de sobornos al interior de los penales, el ingreso de celulares y la operación de delitos como la extorsión continuarán representando una amenaza constante para la sociedad mexicana.
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