Jamshid Ghomi, de 63 años y residente de Newport Coast, California, fue detenido este miércoles luego de que autoridades federales presentaran una denuncia criminal en su contra por violar las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán.
Según la acusación, Ghomi —de nacionalidad dual estadounidense-iraní— utilizó durante más de una década su empresa tecnológica con sede en Teherán para abastecer de equipo informático de origen americano a clientes iraníes, entre ellos organismos directamente vinculados al programa nuclear y al ejército del régimen.
¿Quién es Ghomi y de qué lo acusan exactamente?
Ghomi es el fundador, propietario y director ejecutivo de Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR), una compañía de redes informáticas establecida en Teherán.
El cargo formal en su contra es conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional —conocida por sus siglas en inglés como IEEPA—, una legislación federal que restringe las transacciones comerciales con Irán a partir de la amenaza que representa el régimen para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Ghomi compareció este mismo miércoles ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Santa Ana, California.
Los números del caso de un vistazo
Más de una década de operaciones: 2011–2024.
Más de 250 toneladas métricas de equipo contrabandeado hacia Irán entre 2014 y 2018.
Ventas anuales de FPR superiores a los 10 millones de dólares.
Más de 15 millones de dólares trasladados de Irán a cuentas bancarias en EUA.
Mansión en Newport Coast valuada en aproximadamente 35 millones de dólares.
eBay, Dubái y facturas falsas: así habría funcionado el esquema
Entre 2011 y 2023, Ghomi usó sus propias cuentas de eBay y PayPal para realizar cientos de compras de equipo de redes informáticas, canalizando las mercancías a intermediarios en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
En 2023 habría negociado personalmente la adquisición de equipo directamente con proveedores en los estados de Minnesota y Nebraska, enviándolo a través de una empresa fachada en los EAU antes de que llegara a FPR en Irán. Ninguna de esas transacciones contó con licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, que es el organismo federal que autoriza ese tipo de operaciones.
Según el expediente, Ghomi instruyó a sus cómplices en los EAU para que mantuvieran su nombre fuera de los documentos de embarque, omitieran facturas en los paquetes con destino a Irán y ocultaran equipo de origen estadounidense dentro de cargamentos más grandes. En la correspondencia interna relacionada con las adquisiciones, Ghomi y sus colaboradores se referían a Irán como "Madre Patria".
De la bomba atómica al Ministerio de Defensa: los clientes más delicados
La parte más grave de la acusación apunta a los destinatarios finales del equipo. Entre 2017 y 2023, FPR habría suministrado equipo de redes de origen estadounidense a la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), el organismo gubernamental responsable del programa nuclear iraní, incluidos sus programas de centrifugadoras y enriquecimiento de uranio.
La OEAI fue sancionada por el Departamento de Estado en 2020. Según la denuncia, FPR se registró como proveedor aprobado de la OEAI en 2021 y 2022.
Entre 2014 y 2022, FPR también habría abastecido al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán con equipo de redes, seguridad y cifrado. Un contrato de 2017 entre FPR e Iran Computer Industries, firmado por Ghomi, identifica expresamente como comprador al "Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas — Iran Computer Industries".
La mansión de $35 millones que el gobierno ya quiere confiscar
Mientras operaba el esquema, Ghomi habría canalizado las ganancias hacia Estados Unidos a través de un entramado financiero.
Depositaba los ingresos de FPR en una cuenta de un banco iraní sancionado y días después recibía transferencias equivalentes en sus cuentas bancarias en Estados Unidos, provenientes de un conjunto rotativo de empresas en las Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, Turquía y los EAU. Esas transferencias llevaban descripciones falsas como "Compra de bienes" y "Honorarios de consultoría".
Entre 2011 y 2024, Ghomi habría trasladado más de 15 millones de dólares de Irán a sus cuentas en Estados Unidos, reportándolos falsamente al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) como una herencia extranjera. Sus declaraciones de impuestos reflejaban casi ningún ingreso —el mayor registrado en un año fue de 20,684 dólares— y en siete años fiscales reclamó el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, un beneficio federal dirigido a personas de ingresos bajos o moderados.
Con ese dinero, según la denuncia, habría financiado la construcción de su residencia en el condado de Orange: adquirió el terreno en marzo de 2010 por 4.49 millones de dólares y pagó aproximadamente 10.49 millones para edificar la casa entre 2010 y 2013. Este miércoles, el fiscal general interino Todd Blanche confirmó en su cuenta de X que las autoridades ya iniciaron el proceso para confiscar la propiedad, describiendo la mansión como adquirida con las ganancias del esquema ilegal.
Bill Essayli, fiscal auxiliar del Distrito Central de California, fue directo al respecto: "Ghomi está acusado de ayudar a nuestros enemigos declarados vendiendo piezas de redes informáticas de origen estadounidense a Irán y ganando millones de dólares en violación de las leyes de sanciones de Estados Unidos [...] Lo haremos responsable buscando una condena de prisión apropiada y confiscando sus bienes, incluida su mansión de 35 millones de dólares en Newport Beach".
¿Qué sigue para Ghomi?
Darren Lian, agente especial a cargo en funciones de la oficina de Investigaciones Criminales del IRS en Los Ángeles, subrayó el componente financiero del caso: "Según se alega, el señor Ghomi pasó años explotando los sistemas financieros y los canales de adquisición de Estados Unidos para mover equipos controlados a Irán, ocultando sus actividades detrás de empresas fachada y documentación falsificada".
Si es declarado culpable, Ghomi enfrentaría una pena máxima de 20 años de prisión federal. La investigación está a cargo del IRS Criminal Investigation en coordinación con la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio. El caso es procesado por el fiscal federal David C. Lachman, de la Sección de Grandes Fraudes, con el apoyo de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional.
La denuncia presentada es una acusación de conducta criminal, no una prueba de culpabilidad. Todos los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
