Presos Políticos y Opositores en el Abandono de la Justicia Venezolana

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Un nuevo Informe revela la situación actual de los derechos humanos en Venezuela

Presos Políticos y Opositores en el Abandono de la Justicia Venezolana

Personas salieron a las calles de Caracas para manifestarse en contra del resultado de las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Julio 30, 2024. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La persecusión y represión por motivos políticos se ha intensificado en Venezuela este 2025, sostiene un informe elaborado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

De acuerdo con el documento, esto ha sido usado como un método para silenciar y perpetuar el control por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Este lunes la Misión señaló que la única esperanza de que las víctimas encuentren justicia recae, por ahora, en la comunidad internacional.

El informe dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra revela nueva evidencia sobre la represión gubernamental ejercida tras los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, documentando que la persecución contra defensores de derechos humanos, opositores y voces críticas se ha mantenido durante todo el 2025.

Menores detenidos

También se informó que 220 niños de entre 13 y 17 años fueron detenidos, sometidos a incomunicación, violencia sexual y violaciones al debido proceso. Cuatro aún permanecen detenidos en los Estados de La Guaira y Lara.

A pesar de que las autoridades excarcelaron progresivamente a 2 mil 6 de las 2 mil 220 personas detenidas en 2024, la Misión documentó al menos 200 nuevas detenciones selectivas contra críticos del gobierno en 2025. 

El grupo de expertos atribuye al menos 30 víctimas fatales a la represión del Estado, de las cuales 25 murieron durante las protestas postelectorales y cinco bajo custodia de algún órgano de seguridad, como; La Guardia Nacional Bolivariana o el Servicio de Inteligencia Nacional. 

La Misión Internacional Independiente concluye que la impunidad y la falta de acceso a la justicia son estructurales. El Estado venezolano no ha investigado ni sancionado a los responsables. 

Hasta el momento, el gobierno de Venezuela no ha emitido ninguna declaración respecto de los datos revelados por el informe. 

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