Estas prohibiciones recuerdan a la época del primer régimen talibán de 1996, cuando las mujeres quedaron relegadas a las tareas domésticas, sin posibilidad de salir de casa
Los talibanes prohibieron este sábado que las estudiantes afganas se presenten a las pruebas de acceso a la universidad, una medida que llega un mes después de que vetasen la educación superior femenina en Afganistán.
"Merece la pena mencionar que no se permite matricular a estudiantes mujeres hasta nueva orden", indicó el Ministerio de Educación Superior del Gobierno interino de los talibanes, en una carta dirigida a las universidades privadas y a los institutos de educación superior a la que tuvo acceso la agencia EFE.
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Cualquier "desviación" respecto al veto talibán a la educación superior femenina "será tratada conforme a la legalidad", indicaron los fundamentalistas que gobiernan el país -según su estricta interpretación de la ley sharia- y administran regularmente castigos corporales o incluso ejecuciones en público contra los detractores.
La aclaración de los talibanes llega después de que el pasado diciembre de 2022 impusieran un veto a la educación femenina en las universidades y que prohibieran a las estudiantes ingresar a las escuelas de secundaria desde agosto de 2021.
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Tras hacerse con el control deKabul, y pese a sus promesas de cambio en los últimos años, el gobierno talibán ha impuesto a las afganas un deterioro en materia de derechos humanos que cada vez recuerda más a la época del primer régimen talibán de 1996 a 2001, cuando las mujeres quedaron relegadas a las tareas domésticas, sin posibilidad de salir de casa.
Entre la plétora de restricciones impuestas, se incluyen la obligatoriedad de llevar el rostro cubierto, la segregación por sexos y precisar del acompañamiento de un miembro masculino de su familia para viajar.
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Aparte de esta serie de órdenes, los talibanes vetaron en diciembre que las mujeres trabajasen en las organizaciones no gubernamentales, bajo el pretexto de que muchas de las empleadas no portaban el velo.
Esta decisión que recibió la condena de la comunidad internacional, y que llevó a varias de ONG a suspender sus programas en Afganistán, mientras que la ONU llegó a alertar de que, de no producirse cambios en la normativa, se verían obligados a detener muchas actividades en el país.
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Con información de EFE
JCG/JLR
