Migrantes Venezolanas, Presas de Prostitución, Extorsión y Mafias en Perú
El trabajo sexual autónomo en Perú es legal, pero las mafias impiden a las víctimas acceder a la justicia cuando son acosadas, golpeadas o asesinadas
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Servidoras sexuales entregan dinero a un hombre mientras cubren su turno, en Lima. Foto: Youtube @Tuchero
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Trabajadoras sexuales, vestidas de rojo y con carteles, protestaron contra las mafias que les cobran cupos y también contra la propia policía. Los mensajes fueron potentes.
Solo en lo que va del año se reportaron once asesinatos de meretrices y cinco contra trabajadoras sexuales trans.
Organizaciones criminales las extorsionan y les cobran cupos. Son, en su mayoría migrantes venezolanas, captadas por las mafias.
Ricardo Valdés, director de Capital Humano y Social Alternativo (CHS), afirmó:
Desde que se registraron los primeros casos con la migración venezolana, estamos hablando del año 2019, a la fecha había un crecimiento de más de 500 %
La trata de personas, según expertos locales, mueve más de mil 300 millones de dólares anuales, muy por encima del narcotráfico y la tala ilegal. El oscuro negocio se ha expandido exponencialmente.
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La organización criminal venezolana El Tren de Aragua mueve los hilos de la explotación sexual.
Jorge Revoredo, jefe de la Policía de Homicidios, agregó:
Se ha tomado el conocimiento de un masivo ingreso, principalmente damas, que han sido sorprendidas, han sido captadas criminalmente en su país
En un reciente operativo, la policía allanó una discoteca donde se intervino a 101 personas, hombres y mujeres originarios de Venezuela. En otra incursión, se encontró en cautiverio a 13 jóvenes extranjeras, algunas menores de edad, quienes eran obligadas a prostituirse.
Estas damas fueron encontradas en un lugar reducido, en pésimas situaciones de salubridad, donde las tenían reclutadas y posterior, horas de la noche, las ponían a disposición de las calles para explotarlas sexualmente
El trabajo sexual autónomo en Perú es legal, pero la criminalización y ahora las mafias impiden a las víctimas acceder a la justicia cuando son acosadas, golpeadas o asesinadas.
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Con información de Ricardo Burgos
KAH | ICM