Los maestros disidentes mantienen su plantón en el Zócalo capitalino y advierten que continuarán las movilizaciones hasta obtener respuestas a sus principales demandas laborales y sociales.
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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene su jornada de protestas en distintas regiones del país y este 1 de junio reforzó sus movilizaciones con marchas y concentraciones en la Ciudad de México y otras entidades, en demanda de cambios al sistema de pensiones, la eliminación de reformas educativas y justicia para casos que consideran actos de represión contra el magisterio.
Desde el pasado 18 de mayo, integrantes de la organización instalaron un campamento en el Zócalo de la capital del país como medida de presión para que las autoridades atiendan su pliego petitorio. Además de las manifestaciones en la Plaza de la Constitución, los docentes han realizado bloqueos y protestas en vialidades, estaciones del transporte público y oficinas gubernamentales.
Entre sus principales exigencias se encuentra la derogación de la reforma al ISSSTE de 2007, al considerar que afectó los derechos laborales de los trabajadores de la educación al modificar el esquema de jubilaciones. La CNTE también demanda el retorno a un sistema de pensiones administrado por el Estado, sin la participación de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
Otro de los puntos centrales de su agenda es la eliminación de las reformas educativas aprobadas en años recientes, las cuales, aseguran, han impactado negativamente las condiciones laborales del magisterio.
Las movilizaciones continúan luego de que el pasado 29 de mayo una reunión de casi siete horas entre representantes de la CNTE y funcionarios federales concluyera sin acuerdos definitivos. Tras el encuentro, los dirigentes confirmaron que el plantón en la Ciudad de México permanecerá instalado de manera indefinida.
Además de las acciones previstas en la capital, la Coordinadora convocó a protestas y bloqueos en estados como Yucatán, Durango, Tabasco, Puebla, Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Hidalgo y Chihuahua, como parte de su estrategia para mantener la presión sobre las autoridades federales.
