Senado Aprueba, en Comisiones, Reforma Constitucional para Combatir la Extorsión
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La reforma faculta al Congreso de la Unión para emitir una nueva Ley General que homologue en todo el país la tipificación del delito, sus agravantes, las penas y mecanismos de atención a víctimas
Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos. Foto: X @senadomexicano
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Comisiones del Senado aprobaron por unanimidad la reforma al artículo 73 de la Constitución en materia de extorsión.
Faculta al Congreso de la Unión para que emita una nueva Ley General que homologue en todo el país la tipificación del delito, sus agravantes, las penas y mecanismos de atención a víctimas.
En esta reforma se obliga a que el nuevo ordenamiento se apruebe a más tardar en 6 meses, a partir de la aprobación de esta modificación.
El objetivo es detener el creciente delito de extorsión.
Según el dictamen incrementó en los últimos años, al pasar de un promedio de 18.89 casos diarios en 2018 a 29.77 casos, en enero de 2025.
Al respecto, Lucia Trasviña, senadora de Morena indicó:
Justicia y paz para las víctimas. Al homologar las sanciones y procedimientos reducimos la incertidumbre y ofrecemos certeza a quienes hoy viven atemorizados por la extorsión fortaleciendo el estado de derecho, un marco uniforme permitirá la eficacia de la investigación, persecución y sanción, especialmente en casos relacionados con la delincuencia organizada
Todas las bancadas de oposición respaldaron la reforma para combatir la extorsión.
Alejandra Barrales, senadora de MC señaló:
9.7 de cada 10 delitos de extorsión no se denuncian ni en consecuencia se investigan, me parece que esa cifra es reveladora, eso confirma por qué la impunidad es la marca definitiva cuando hablamos de extorsión porque esta es la cifra con la que nos estamos enfrentando
Penas
La minuta define la extorsión como “obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien algún perjuicio patrimonial”, y explica que las penas impuestas por esta conducta ilícita se encuentran en un rango de dos a ocho años de prisión, con la posibilidad de ser extendida según su modalidad de asociación delictuosa.
Y es que considera que los instrumentos telefónicos, electrónicos y otras tecnologías han facilitado el aumento en la incidencia de la extorsión pues incluso permiten al agresor no tener contacto directo con la víctima y tampoco importa la distancia a la que se encuentre.
El dictamen destaca que la extorsión ha sido recurrentemente utilizada como un modus operandi de la delincuencia organizada para tener ingresos económicos considerables y las victimas no solo son particulares sino también empresas, negocios y establecimientos para fijar condiciones de mercado a través de amenazas.
El impacto de la extorsión se ha extendido a funcionarios públicos amenazados con la intención de coaccionar a las instituciones que representan.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentran el 61.8% de las víctimas del año 2024 y de enero 2025; solo el Estado de México acumula el 33.1%.
Esta minuta será discutida y votada en el pleno del Senado la próxima semana.
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Con información de Claudia Flores
LECQ