La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León informó que ocho personas internadas en penales del estado fallecieron en un periodo de seis meses
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Nuevo León enfrenta una crisis penitenciaria: 8 muertes por atención médica deficiente. La CEDH lanza 45 recomendaciones. ¿Cómo responderán las autoridades a este llamado urgente?
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Nuevo León encendió las alarmas sobre las condiciones en las que viven las personas privadas de la libertad al interior de los Centros de Reinserción Social (Ceresos), al presentar el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria 2025, en el que emitió 45 recomendaciones urgentes dirigidas a las autoridades estatales.
Entre los hallazgos más preocupantes del informe se encuentra una crisis en la atención médica que derivó en la muerte de ocho internos durante un periodo de seis meses. De acuerdo con la presidenta de la CEDH, Olga Susana Méndez Arellano, las investigaciones permitieron acreditar que los fallecimientos estuvieron relacionados con la suspensión de tratamientos médicos, la detección tardía de enfermedades y cambios en los tratamientos que recibían los internos.
La titular del organismo informó que actualmente existen 34 personas privadas de la libertad con diagnóstico de tuberculosis. Explicó que en varios casos la enfermedad fue detectada de manera tardía y que, aun después de iniciar el tratamiento, éste fue suspendido, lo que agravó el estado de salud de los pacientes.
El diagnóstico también revela que, aunque la calificación general del sistema penitenciario estatal pasó de 7.0 a 7.2, los centros penitenciarios continúan presentando focos rojos en materia de gobernabilidad, atención médica y reinserción social.
A ello se suma un déficit del 56.5 por ciento en el personal de seguridad y custodia, situación que, de acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, está relacionada con el incremento de incidentes y riñas al interior de los penales.
Además, el informe señala que la omisión de las autoridades ha tenido que ser atendida por colectivos civiles y documenta que algunos internos sobreviven con padecimientos graves, como tumores severos y hernias de gran tamaño, sin recibir atención médica adecuada.
El 39 por ciento tiene entre 26 y 35 años de edad. Asimismo, el 58 por ciento de la población penitenciaria no realiza ninguna actividad laboral y el 73 por ciento permanece desocupado o recurre al autoempleo informal.
En materia educativa, el 83 por ciento de los internos, equivalente a 9 mil 443 personas, no participa en actividades académicas, por lo que únicamente uno de cada cinco tiene acceso a la educación. La presidenta de la CEDH destacó la necesidad de fortalecer los programas de capacitación para el trabajo y promover alianzas con empresas para que las personas privadas de la libertad puedan incorporarse a actividades lícitas al recuperar su libertad.
El diagnóstico también advierte un déficit crítico de especialistas, ya que únicamente existe un médico psiquiatra para atender la salud mental y el tratamiento de las adicciones de toda la población penitenciaria.
Finalmente, la Comisión otorgó un plazo de 30 días a las autoridades estatales para responder a las 45 recomendaciones emitidas. En caso de no atenderlas, el organismo informó que iniciará el proceso legal de impugnación correspondiente.
Con información de Karina Garza Ochoa / Noticias N+
RR
