En SLP, Periodistas, Creadores y Funcionarios Señalan a Ley como Herramienta de Censura
En noviembre del año pasado, se aprobó una reforma al código penal para regular el uso de la IA y evitar la manipulación digital, pero que en el papel es una amenaza a la libertad de expresión
Organizaciones temen que la reforma al código penal de SLP sirva para censurar. Foto: N+
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Destacado
En San Luis Potosí, la ley de IA se convierte en herramienta de censura. Periodistas y funcionarios enfrentan prisión preventiva. ¿Libertad de expresión en riesgo? Infórmate aquí.
Publicidad
Publicidad
PorRedacción N+
En San Luis Potosí avanza la acción judicial contra periodistas, creadores de contenido y funcionarios locales, por su presunta participación en el delito contra la dignidad humana.
Este delito fue incluido en noviembre del año pasado en la legislación local, con el fin de regular el uso de la inteligencia artificial y evitar la manipulación digital.
Sin embargo, se aplica como herramienta de censura y de intimidación. Los implicados sostienen que la acusación es ambigua y representa una amenaza a la libertad de expresión.
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Delito para Regular el Uso de la IA y Evitar la Manipulación Digital Se Usa para Censurar en SLP
Detenidos por delitos contra la dignidad humana
Eréndira Reyes Aguillón, directora de San Wicho Times; Christian Herrera, creador de contenido en el medio digital Código Rojo; y Alejandra Hermosillo, funcionaria del área de Comunicación Social del municipio de San Luis Potosí permanecerán en prisión preventiva oficiosa por los próximos tres meses, acusados de delitos contra la identidad de las personas y la dignidad humana, que alcanzan hasta seis años de prisión.
En la investigación de la Fiscalía local, se piden órdenes de aprehensión para otras siete personas, entre ellas la periodista potosina Anahí Torres, quien acusa que no ha tenido acceso total a la carpeta de investigación y señala que el caso podría estar relacionado con la difusión en medios sociales, el año pasado, de un video que vincula al gobernador Ricardo Gallardo con un grupo criminal.
Públicamente, el gobernador dijo que el video había sido manipulado con inteligencia artificial. Semanas más tarde, se reformó el código penal local, a fin de regular el uso de la inteligencia artificial y evitar la manipulación digital para construir contenidos simulados con apariencia de autenticidad.
Anahí Torres rechaza haber intervenido en la elaboración o difusión del material y sostiene que la demanda viene desde el gobierno local. "La denunciante es la senadora Ruth González Silva, es la esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona quien nos denuncia".
La Fiscalía potosina dijo que la identidad de la persona denunciante se encuentra reservada y que investiga los hechos sin distinción de profesión, mientras que organizaciones sociales, como Artículo 19, exigieron la liberación de los comunicadores.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una demanda de acción de inconstitucionalidad contra estas reformas al código penal por resultar "transgresoras de los derechos de seguridad jurídica, libertad de expresión y acceso a la información".
